Mientras preparaban los festejos de la Nochebuena, las autoridades de las entidades rurales de la provincia de Buenos Aires intercambiaban mensajes entre ellos y los técnicos para descifrar el incremento impositivo que el gobernador Axel Kicillof acaba de enviar a la legislatura provincial y que podría ser aprobado mañana en la sesión de diputados. El texto de más de 150 páginas, que entró el 24 de diciembre a la legislatura, explica que en el marco de la emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, “resulta indispensable contar con una Ley Impositiva que se enmarque en los principios establecidos en la Ley de Emergencia y que procure recuperar autonomía fiscal y contar con los recursos necesarios para la atención de la situación actual”. A partir de esto, la administración provincial dice que la iniciativa que presenta “tiene como lineamiento general dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por la actual crisis que atraviesa el país y la provincia”. El sector rural que esperaba un cambio se encuentra con un crecimiento de la presión por varios sectores. Y esto genera preocupación porque aseguran que gran parte de las unidades productivas quedarán en el tope del aumento. En el artículo 10 de la norma se fijan las escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural, con un piso de una base imponible para unidades de hasta de $105.000 donde no paga una cuota fija y queda con un alícuota de 1,059%, y un techo para tierra rurales con una valuación fiscal de más de tres millones de pesos queda con una cuota de $112.327 y una alícuota sobre el excedente límite mínimo de 7.058%. Estos datos mantienen la escala de la ley de 2019 que había enviado María Eugenia Vidal a la legislatura. Pero a diferencia de esa edición, en la que envió el ministro de Economía Pablo López se establece que el impuesto resultante por la aplicación de la presente escala “no podrá exceder respecto del calculado en el año 2019 según las previsiones del Titulo I de la Ley Nº 15.079, los porcentajes que a continuación se detallan”: a) 15% cuando las valuaciones correspondientes al año 2019, de la tierra libre de mejoras sea de hasta $260.870 inclusive. b) 35% cuando las valuaciones correspondientes al año 2019, de la tierra libre de mejoras sea superior a $260.870 y hasta $816.075 inclusive. c) 55% cuando las valuaciones correspondientes al año 2019, de la tierra libre de mejoras sea superior a $816.075 y hasta $3.000.000 inclusive. d) 55% cuando las valuaciones correspondientes al año 2019, de la tierra libre de mejoras sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea inferior o igual a 2.000 hectáreas. e) 75% cuando las valuaciones correspondientes al año 2019, de la tierra libre de mejoras sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2.000 hectáreas. “El problema que esto tiene es que, aunque se mantienen las escalas con la devaluación de 2018 y 2019, como los campos cotizan en dólares, sus valuaciones empieza a subir y sin hacer nada cambiaste de categoría y pagas más o empezás a pagar. El otro punto tiene que ver con el techo de 75%, porque la gran mayoría de las unidades productivas de la provincia cotizan más que 48.000 dólares, que es el piso de los tres millones de pesos”, señaló a Infobae un gran productor de la zona núcleo de la provincia. Por otro lado, el gobierno bonarense señaló que otorgará exenciones impositivas para propiedades de hasta 100 hectáreas “dedicadas total o parcialmente a la producción tambera” y a las de 50 hectáreas “destinadas a la producción agropecuaria”. Progresividad A la hora de justificar este aumento, la norma que envió la administración de Kicillof hace un repaso del estado de situación del país -contracción del Producto Bruto Interno entre los años 2015 y 2019 que supera el 5%, una reducción de 8% del PBI per cápita, una inflación acumulada de 276%, una suba del tipo de cambio de 508%, 40, 8% de la población debajo de la línea de pobreza, 9, 5% de indigencia, 10, 6% de desempleo y una deuda que representa el 95% del Producto Bruto Interno- y señala que en ese modelo “pocos sectores (concentrados y minoritarios) se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años”. En este contexto señala que la Provincia “se enfrenta a una situación de escasez de recursos totales –de origen nacional y provinciales- para hacer frente a las obligaciones que debe atender el Estado, tanto en materia financiera, como en materia económica y social” y que frente a esto el proyecto de ley que envía “busca dotar a la provincia de las herramientas impositivas para engrosar los recursos disponibles con el objetivo de hacer frente a las diversas demandas sociales que se precipitan a partir de la crisis existente, pero sin afectar los ya muy golpeados niveles de vida y de actividad”. Este último punto se vuelve a explicar cuando señala que “cada cambio o modificación” que se propone atiende a la “doble necesidad fiscal que evidencia la estructura tributaria bonaerense vigente: por un lado, incrementar los recursos con los que cuenta el estado provincial para atender las demandas sociales y necesidades de desarrollo productivo, recuperando las pérdidas de recaudación en términos reales. Por otro lado, en vista de la delicada situación social, generar una estructura tributaria más progresiva, donde el mayor esfuerzo recaiga en los contribuyentes que puedan realizarlo a partir de su capacidad contributiva efectiva”.
