La oposición está en alerta. El gobierno de Alberto Fernández dará a conocer hoy el megaproyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria y sospecha que, detrás de su título rimbombante (" ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica"), habrá un amplio pedido de facultades extraordinarias al Congreso para acelerar medidas y reformas por decreto sin control parlamentario. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, ya anticipó que, por principio, no avalarán semejante concesión. "Delegar facultades y superpoderes sería un retroceso democrático. No estamos en un régimen de excepción y estamos muy lejos de la situación económica de 2001, cuando se sancionó la ley de emergencia económica, una ley que iba a durar dos años y al final el kirchnerismo prorrogó durante 14 años. Los apuros (del oficialismo) son legítimos, pero hay que actuar con prudencia y sin atropellos. Vamos a esperar a conocer el detalle del proyecto, pero no podemos tropezar con la misma piedra otra vez. Sería desguazar al Congreso", enfatizó a LA NACION el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR-Córdoba). En la misma línea, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo (Buenos Aires), fue contundente. "No conocemos todavía el proyecto, pero delegación de facultades no vamos a acompañar", sentenció. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro anticipó la misma postura. "No hemos votado, ni votaremos nunca, poderes especiales para ningún gobierno", enfatizó el legislador. En rigor, el Gobierno dio todavía títulos genéricos sobre el contenido del megaproyecto de emergencia que enviará al Congreso. El Poder Ejecutivo lo dará a conocer completo cuando se reúna, este mediodía, con los jefes de los principales bloques de la oposición en la Cámara de Diputados. La iniciativa, según fuentes parlamentarias, incluirá la posibilidad de revisar el esquema de las tarifas públicas, beneficios para las pymes y la facultad para suspender los acuerdos de reducción tributaria con las provincias, entre otras medidas. La oposición intuye que estos beneficios son en parte una "zanahoria" de la iniciativa para atraer el voto positivo de la oposición, pero que, en realidad, el verdadero interés del Gobierno es asegurarse una serie de atribuciones que le permitan avanzar, por decreto, en medidas menos populares. Por ahora todo son especulaciones, pero, según trascendió, el Gobierno delegaría facultades que le permitirían al Poder Ejecutivo impulsar una actualización de la fórmula para el cálculo de los haberes jubilatorios que se aprobó en diciembre de 2017. Esta fórmula, que combina el 70% de la variación del índice de inflación y el 30% de la variación del salario, se aplica en función de los seis meses previos a la percepción del incremento. Así, el año próximo los ajustes serán superiores, ya que serán calculados sobre una inflación del 55%; el Gobierno, preocupado por el impacto fiscal de estos aumentos, actuaría en consecuencia. También trascendió que con este megaproyecto de emergencia el Gobierno avanzaría en un nuevo esquema de tarifas y renegociación de contratos de los servicios públicos; Fernández es partidario de "desdolarizar" las tarifas y así lo anticipó en su campaña. Asimismo, no se descarta que esta herramienta sea un paraguas para futuros aumentos tributarios nacionales, como provinciales y municipales. En efecto, los gobernadores, apremiados también por la caída en la recaudación y la falta de financiamiento externo, reclaman que el Gobierno suspenda la vigencia del Pacto Fiscal 2017, el cual impone una baja gradual del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos, entre otros. El objetivo del oficialismo es apurar la media sanción del megaproyecto en la Cámara de Diputados este mismo miércoles. Voceros de la oposición anticiparon que si bien están dispuestos a colaborar en el debate y a dar quorum en el recinto, no avalarán "atropellos" por parte del oficialismo, máxime cuando se trata de una iniciativa tan compleja que implica delegación de facultades. La oposición está convencida de que el gobierno de Fernández pretende, durante sus primeros meses de gestión, gobernar por decreto y esquivar al Congreso; en esta línea se inscribe, también, la decisión de prorrogar el proyecto de presupuesto 2019, advierten. "Si bien la prórroga del presupuesto es una solución jurídica válida, la cual está contenida en la ley de administración financiera, la falta de predisposición del Gobierno para llevar al Congreso el debate sobre la ley que fija los recursos y gastos para el próximo ejercicio nos lleva hacia un plano de discrecionalidad innecesario", enfatizó el diputado radical Alejandro Cacace. Más allá de las advertencias y los reparos opositores, el bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, confía en que aprobará esta misma semana el megaproyecto de emergencia. Si bien no tiene mayoría propia, la oposición ya anticipó que dará quorum en el recinto para habilitar el debate. La incógnita aparecerá al momento de la votación, sobre todo del articulado en particular. Con 121 diputados propios, el Frente de Todos podría necesitar del aporte de un sector de la oposición para avanzar en los artículos más polémicos. Una vez que ingrese el proyecto de la triple emergencia, el oficialismo deberá redoblar esfuerzos para tratar de aprobar la ley antes de fin de año. Juntos por el Cambio ya anticipó que no dará un cheque en blanco para delegar facultades en el Poder Ejecutivo. Sergio Massa (Frente de Todos), presidente de la Cámara de Diputados Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos
