En una medida con pocos antecedentes, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) -que condenó a 4 años de prisión al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain - por el delito de peculado (sustracción de fondos públicos) en la adjudicación de una ruta que se pagó pero no se construyó, ordenó también la restitución de poco más de 5 millones de dólares robados al Estado más intereses. Así lo revela los argumentos de la sentencia conocida el viernes pasado. Como parte de la condena, el tribunal incorporó la inhabilitación absoluta de todos los condenados para ocupar cargos públicos y la restitución del dinero malversado, más intereses, a cargo de Lascurain, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) Atanacio Pérez Pérez Ozuna, los ex funcionarios Miguel Larreguina y Juan Vargas y el ex intendente de esa ciudad Horacio Mazú. El adelanto de 5 millones de dólares, salvo para gastos del proyecto, no se usó para construir ni un tramo de la restauración de la avenida que une la mina con el pueblo. Según la acusación de la fiscal Fabiana León -la instrucción la hizo el fiscal Carlos Stornelli- se entregaron como anticipo por la obra 50 millones de pesos (equivalentes a poco más de 5 millones de dólares) "sin justificación o causa jurídica alguna", a la empresa Fainser S. A, de Lascurain. “No se puede permitir que el delito otorgue beneficios”, subrayó la fiscal. La fiscal León pidió que si no se devuelve dinero se rematen bienes de Lascurain -uno de los aplaudidores de la época de la presidencia de Cristina Kirchner- como un inmueble de la localidad de Basavilbaso, Entre Ríos, otro en Mar del Plata, otro en la capital, una lancha y en más de 10 automóviles, entre otros bienes. Pero la medida no se concretará si no es confirmada por la Cámara de Casación Penal. El kirchnerismo alentó un debate para limitar las prisiones preventivas para no discute las sentencias que buscan restituir los bienes robados al Estado. Los jueces del TOF 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero (Ver aparte), condenaron a los imputados en base a la prueba presentada en el juicio oral por una serie de medidas ilegales en la firma del contrato para la construcción de la "Avenida YPF", de siete kilómetros de extensión en esa histórica ciudad minera de Santa Cruz. La condena se basa fundamentalmente en la entrega ilegal de un anticipo financiero de 50 millones de pesos a FAINSER un día antes del cambio de gobierno el 9 de diciembre del 2015 sobre un contrato cuyo costo total ascendía a 494 millones de pesos. Las pruebas y testimonios muestran cómo se cambió el contrato a último momento y cómo se apuraron a pagar el anticipo por la inminencia del cambio de autoridades nacionales del Frente para la Victoria a Cambiemos en diciembre del 2015. Por ejemplo, un correo electrónico enviado por el entonces secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta a varios destinatarios entre los cuales se encuentra Lascurain, dice “… Alejandro, José María, Nicanor y Rafael… están todos apretando el pomo de carnaval o viendo como explican los ocho millones de dólares transferidos…”. El modelo de contrato fue encontrado en copia en la residencia de Larregina, pero no así su original que fue arrancado del expediente y reemplazado por otro que incluía el pago del anticipo, dicen los argumentos de la condena del 18 de octubre a la que accedió Clarín en la agencia de noticias de la Corte www.cij.gob.ar La adjudicación fue concretada a pesar de que Fainser S. A “no se encontraba formalmente inscripta en el Registro de Proveedores Provinciales de Santa Cruz, carecía de experiencia en la construcción de rutas y no se presentaba con suficiente solvencia en sus balances para afrontar una obra de 500 millones de pesos”. Lascurian viene del sector metalúrgico. Luego de las PASO del 25 de octubre que llevaron a un balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli y “el riesgo de que hubiera un cambio de autoridades y, así, el nuevo contexto político derivara en la cancelación del trámite de la obra, en virtud de las manifiestas irregularidades referenciadas, esto es, la sustracción del modelo de contrato aprobado en el expediente administrativo, y su reemplazo por otro que contenía cláusulas no acordes al marco legal, o bien por otros aspectos que podían despertar suspicacias a los ojos de la nueva intervención” los imputados decidieron avanzar con el pago del anticipo". Un día después de la victoria de Macri, Lascurain, emitió un nota de crédito por el importe total de la factura librada a favor de la Municipalidad y realizó tres facturas a nombre de YCRT por 50 millones de pesos. En este sentido, los jueces recordaron que el testigo Diego Ros precisó que “Fainser S. A no iba a realizar la obra sin el anticipo financiero, ya que, de lo contrario, debían obtener el financiamiento en el mercado, con altas tasas de interés, lo que se transferiría al costo de la obra”. “Entre el resultado de la primera vuelta electoral y el primer desembolso de dinero pasaron tan solo 36 días, y requirió apenas 9 días concretar la sustracción de 50 millones de pesos, destacándose que el día inmediatamente posterior a conocerse la derrota electoral, Fainser S. A emitió la primera factura a YCRT y, apenas un día antes del cambio de autoridades políticas, se concretó el último pago, lo que evidencia la conexión entre la sustracción y el proceso eleccionario”, destacaron. En el fallo unánime, los jueces afirmaron que “cada uno de los cinco imputados intervino en la maniobra descripta con pleno conocimiento de la inexistencia de causa legal para el pago del anticipo financiero, como de las irregularidades y suspicacias que rodeaban la adjudicación de la obra a la empresa FAINSER S.A. y también de que el cambio de autoridades políticas determinaba la no realización de la obra por dichas razones”. Los jueces consideraron como agravante de la condena que “el mal estado de esa ruta, sumado a la gran cantidad de tráfico con el que contaba, producía periódicos accidentes viales, muchos de los cuales resultaban fatales”. Pérez Osuna -acusado también en la causa Río Turbio que tiene el juez federal Luis Rodríguez- fue condenado como autor del delito, en tanto que el resto recibió la misma condena pero en condición de partícipe necesario. Mientras que Lascurain también está imputado en la causa de los cuadernos de las coimas. El ex intendente de Río Turbio es el único de los imputados que permaneció preso durante el juicio. Los condenados, salvo Pérez Osuna, permanecerán en libertad hasta tanto el juicio tenga sentencia firme en la Cámara de Casación Penal y en virtud de que el tribunal evaluó que no hay peligro de fuga ni posibilidad de entorpecimiento del proceso. El abogado de Lascurain, Marcelo Mónaco, apeló el fallo del TOF 7 ante la Cámara de Casación Penal, incluyendo la inédita reparación, tribunal que ahora tiene la última palabra. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
