A pesar de que sus enemigos y algunos de sus amigos lo describen como a un voraz acumulador de dinero en efectivo -moneda nacional y extranjera-, de propiedades y de hoteles, de rentas y pisos en Puerto Madero, alguna vez Máximo Kirchner se despojó de la facultad de disponer de todo su patrimonio. El 9 de septiembre de 2016, el diputado nacional por Santa Cruz firmó un Poder General con Facultades Especiales de Disposición en favor del único de sus ex socios que en ese tiempo no estaba siendo acechado por la Justicia: Carlos “El Pavo” Sancho. Clarín accedió a ese documento notarial, que demuestra que el hijo de la ex presidenta argentina y hoy candidata a senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández, designó a Sancho como su “apoderado” total. Desde entonces, Sancho es tan dueño de hacer con el patrimonio de Máximo como el propio Máximo. Sancho está hoy procesado, junto a toda la familia Kirchner, y sus socios y benefactores satélites, como Lázaro Báez o Cristóbal López, en el marco de la causa judicial que lleva el nombre de una inmobiliaria, “Los Sauces”. El juez Claudio Bonadio describió en ese expediente a todas las empresas K y la actividad que desarrollaron como un “enjambre societario”. Esta metáfora jurídica que usó el magistrado confluyó después en los delitos que el Código Penal identifica como asociación ilícita y lavado de dinero. Sancho terminó imputado en la causa “Los Sauces” el 13 de diciembre de 2016. Había sido acusado por el fiscal del caso Carlos Rívolo y fue procesado por Bonadio. Las autoridades judiciales determinaron que “El Pavo” era “integrante de la banda, encabezada por Cristina Kirchner y Máximo”. Ya por entonces, la Justicia había embargado los bienes de la familia Kirchner. Además de generoso con Sancho, Máximo había sido previsor consigo mismo. ¿Fueron acciones repentinas? ¿O un plan que buscara eludir el control judicial de su fortuna? El Poder General con Facultades Especiales de Disposición que Máximo firmó en favor de Carlos Alberto Sancho es un documento legal. Según fuentes que conocen a Sancho, hoy el apoderado está arrepentido de haber ayudado a su ex socio y poderdante Máximo. Y sobre todo, a quien consideraba su amiga y jefa política, Cristina Fernández. Todos los socios de la inmobiliaria de la que nació el “enjambre societario” descrito por Bonadio en la causa “Los Sauces” como proceso delictivo liderado por los K, están hoy procesados: Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Máximo Kirchner. La inmobiliaria se llamaba así: “Sanfelice, Sancho & Asociados”. El tercer socio era Máximo. La familia Kirchner había creado años atrás otra inmobiliaria, que inició inversiones con fondos de origen desconocido comprando propiedades de lujo en Buenos Aires. Esa empresa se llama “Los Sauces S.A”. Funcionó de forma irregular, determinó la Justicia. No tenía domicilio habilitado. No tenía el capital suficiente para las operaciones que realizó. Y además contaba con un único empleado, un jubilado que trabajaba de jardinero de los Kirchner en El Calafate. El señor Ramón Ángel Díaz Díaz. La familia ex presidencial olvidó pagarle los aportes patronales. Antes de que sea procesado Sancho, la Justicia llevó a la cárcel a uno de sus viejos amigos, el contador de los Kirchner, Víctor “Polo” Manzanares. Para Bonadio y Rivolo, el contador K había intentado eludir las inhibiciones a las empresas de la familia ex presidencial mediante distintas maniobras financieras. Clarín publica por primera vez el documento que demuestra que efectivamente fue elegido “apoderado” por Máximo en los tiempos en los que éste también estaba inhibido y embargado. ¿Podría Sancho terminar preso como Manzanares? Quienes conocen la trama de la causa “Los Sauces” aseguran que sí. Este expediente se inició por una denuncia presentada en los tribunales por la hoy candidata a senadora por 1Pais, Margarita Stolbizer, patrocinada por Silvina Martínez. La doctora Martínez explicó a este diario que “este poder amplio de administración y disposición a Sancho es una faceta mas de esta maraña de maniobras que los Kirchner utilizaron para obstruir la justicia”. Ofrece una explicación cronológica de los hechos: “A septiembre de 2016 (cuando se firmó el poder) ya habían embargado e inhibido los bienes de Cristina. Se habían embargado las cuentas bancarias de Florencia Kirchner. Los dólares de su caja de seguridad también habían sido embargados. Y se analizaban los movimientos del entorno mas cercano de la familia compuesto por y los escribanos de su confianza”. Para la abogada y denunciante del caso “Los Sauces”, fue por estos acontecimientos judiciales que “Máximo Kirchner decidió justo en septiembre de 2016 entregarle un poder de sus bienes a quien no era investigado en ninguna causa judicial a pesar de sus vínculos con la familia Kirchner: Carlos Sancho”. Termina Martínez: “El documento es una nueva maniobra de los Kirchner para obstruir la labor de la justicia”. Sancho hoy está en Río Gallegos. Cerca y lejos de los Kirchner. Néstor, su amigo, lo impulsó a ser concejal en 1999, y luego presidente de ese cuerpo municipal. “El Pavo” fue después su socio inmobiliario. Y hasta llegó a ser a ser electo vice del gobernador Sergio Acevedo, quien ganó las elecciones provinciales de 2003. Acevedo renunció a su puesto en el 2006, dejando trascender, pero nunca en una entrevista pública, que se retiraba porque rechazaba cómo se realizaban los negocios de la obra pública K en Santa Cruz. Sancho lo sucedió y ocupó su cargo hasta el 26 de septiembre del 2007, cuando renunció tras una conflictiva huelga docente. Tras ser procesado, Sancho fue embargado. Los Kirchner no lo pudieron ayudar, esta vez, con un préstamo personal, no estatal. “Soy jubilada”, se habría excusado ante él la propia Cristina. Desde entonces, Carlos Sancho se siente mal. Y tiene razones. El Poder General con Facultades Especiales de Disposición de Máximo en favor de Sancho no está aún incluido en la causa “Los Sauces”. Queda a disposición de la Justicia.
