La prédica proselitista de Alberto Fernández a favor de una profundización del federalismo podría derivar, si llegara a la presidencia, en una propuesta para redistribuir los recursos de coparticipación, en un reparto que beneficie a las provincias y retrotraiga, al menos en parte, el aumento que Mauricio Macri dio por decreto a la ciudad de Buenos Aires. La idea que analizan los equipos del Frente de Todos surge de uno de los ejes del discurso del candidato. "Yo no soy el presidente de los porteños; soy el presidente de la Argentina", dijo el lunes en Rosario, anticipándose al resultado de las elecciones y reforzando su mensaje de campaña. "Para desgracia de los porteños, soy el más federal de los porteños", suele repetir, para prometer que va a avanzar contra lo que considera inequidades que benefician a la Capital Federal. Aunque todavía no se definieron los detalles de la propuesta, Fernández insiste en que los recursos que recibe la ciudad de Buenos Aires son desproporcionados en comparación con lo que se asignan a otros distritos del país. El mayor salto se produjo en enero de 2016, cuando el Presidente dispuso que el porcentaje que recibe la ciudad pasara de 1, 4 por ciento a 3, 75 por ciento del total de recursos que se reparten entre las provincias, para solventar la creación de la policía porteña. El índice para la Capital se define por decreto porque quedó fuera del acuerdo de coparticipación de 1988, cuando todavía no había sido declarada distrito autónomo. En abril de 2018, Macri redujo el porcentaje a 3,5%, en cumplimiento del Consenso Fiscal, firmado en noviembre de 2017 por la Nación y 22 provincias. Si el candidato del Frente de Todos llegara a la presidencia y quisiera modificarlo, bastaría con otro decreto. La coparticipación que recibe actualmente la ciudad de Buenos Aires la ubica en el puesto 11 en la tabla de los 24 distritos. La Capital es por lejos el distrito que mayor porcentaje de recursos de recaudación propia vuelca para hacer frente a sus gastos, y también el de mayor poder adquisitivo de sus habitantes. "El presupuesto de parques y plazas de la Capital es igual al presupuesto de todo el municipio de La Matanza. Con razón tienen plata para poner plantas hasta en las paredes", argumentó Fernández el lunes, en el desayuno posterior al debate, ante su equipo de colaboradores. En realidad, el presupuesto de Dirección General de Espacios Verdes de la Ciudad es de $1400 millones, el 11 por ciento de los recursos totales de La Matanza. Pero el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño triplica los $12.500 millones que dispone el municipio bonaerense. Otro argumento que maneja el candidato del Frente de Todos es que, por las demoras en el traspaso de las facultades a la ciudad, la Nación sigue pagando por buena parte del servicio de Justicia que se presta en la Capital Federal. "¿Por qué todo el país tiene que hacerse cargo de la Justicia de los porteños?", argumentó Fernández ante sus asesores. El candidato se refiere a los juzgados nacionales de los fueros Criminal, Civil y Comercial, y Laboral, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. En el resto de los distritos, esos juzgados son sostenidos con recursos propios de las provincias. La posibilidad de que se recorten los fondos coparticipables de la ciudad terminará de definirse en las primeras conversaciones que Fernández mantendrá con los gobernadores, en caso de llegar a la presidencia. Es un resorte del Poder Ejecutivo en una negociación que seguramente incluirá varios reclamos cruzados. Otra definición importante que tomó el candidato del Frente de Todos es que si llega a la presidencia derogará de manera urgente el decreto que dispuso la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica, objetado por los gobernadores ante la Corte Suprema. El máximo tribunal dispuso que la Nación debía hacer frente a la caída en la recaudación, sin afectar los giros a las provincias, pero Macri nunca derogó el decreto, por lo que podría significar un problema para el próximo presidente. La intención de Fernández es acordar con los mandatarios la aplicación de un programa de devolución de IVA enfocado en los sectores más pobres de la población.
