El escándalo por el espionaje ilegal a magistrados que investiga la justicia federal crece día a día. Atento a las dependencias públicas apuntadas en el dictamen fiscal de Ramiro González, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió un expediente para pesquisar las eventuales irregularidades que se produjeron en esos organismos. “Una cosa es ingresar indebidamente a una base de datos. Que ya de por sí es una irregularidad. Nadie entra para ver los viajes de un juez porque sí. Hay un fin detrás. El delito es claramente más grave. Eso es lo que hay que investigar”, explican desde la PIA. A partir de la difusión del caso, que reveló El Destape, Rodríguez abrió un expediente y pidió copias de las actuaciones a los juzgados de Rodolfo Canicoba Coral y María Romilda Servini de Cubría, que son los magistrados que llevan las causas (Servini tiene el caso puntual de Canicoba Corral que además de ser el el principal investigador de la maniobra se encuentra en la lista de espiados). Una de las primeras cuestiones que se descuenta que Sergio Rodríguez ordenará es determinar si los organismos públicos involucrados iniciaron sumarios administrativos por el ingreso indebido a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los pasos siguientes serán para colaborar con la causa penal. El pasado 27 de septiembre, Ramiro González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde distintas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Entre los organismos señalados por la Justicia se destacan: la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la Ciudad, la UIF, el Ministerio de Seguridad de Salta, Gendarmería, la AFI, la Procuración General de la Nación, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el TOF 6. Distintas personas de cada una de esas dependencias ingresó con una clave a Migraciones para ver las salidas y entradas del país de dos decenas de magistrados. Según la ley, la fiscalía anticorrupción tiene competencia para investigar irregularidades administrativas o delitos cometidos en el ámbito de la administración pública nacional. Puntualmente, en los organismos que estén vinculados al Poder Ejecutivo. Se trata de la mayoría de las áreas involucradas en la investigación que impulsa Canicoba Corral. Solo quedarían excluidas de la órbita de la PIA, la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad de Salta y la Procuración General de la Nación. Además de la evidente irregularidad administrativa, salta a la vista que al menos los funcionarios que ingresaron a la base de Migraciones para ver los viajes de jueces sin que existiera una investigación en curso incurrieron en la violación de los deberes de funcionario publico. Pero como es evidente, nadie entra a ver los viajes de un juez “porque sí”. Hay un fin detrás. Y eso es lo que se está buscando desentrañar: si hubo una orden para investigar de forma ilegal a decenas de jueces.
