La decisión de mandar a juicio oral al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, y un grupo de ex funcionarios y empresarios por la presunta malversación de fondos en la causa Río Turbio provocó en los tribunales federales una pelea colateral: quién es el tribunal que llevará adelante el debate. Ni el que fue sorteado ni el que lleva adelante una causa conexa quieren llevar adelante ese caso, admitieron a Infobae fuentes judiciales. En los pasillos de Tribunales aclararon que las razones de la controversia no hay que buscarlas en la política, sino en que todos los TOF (tribunales orales federales) se dicen colapsados por la cantidad de causas de corrupción que llegaron a debate en los últimos tiempos. Exhiben agendas sobrecargadas y muestran la distribución de tareas que hacen algunos magistrados para atender, incluso, varios tribunales simultáneos por vacantes o excusaciones de colegas. La causa Río Turbio investiga una maniobra que habría perjudicado al Estado "en principio y cuanto menos" en la suma de 176 millones de pesos, al desviar fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón. Se trata de la causa por la que De Vido tuvo su primer pedido de detención y en el que se dictó la llamada "doctrina Irurzun", que imponía considerar entre los riesgos procesales para evaluar la libertad los vínculos residuales de poder que podía tener un funcionario o ex funcionario investigado. El ex ministro de Planificación cumplirá en octubre dos años preso por esa causa. Tiene sobre sus hombros una condena a 5 años y 8 meses de prisión por corrupción en el marco de la tragedia de Once (no está firme) y está siendo juzgado junto a la ex presidente Cristina Kirchner, José López y Lázaro Báez, en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Hay otros juicios en marcha por otros expedientes. En diciembre cumplirá 70 años. El 9 de setiembre, mientras De Vido solicitaba su arresto domiciliario –un pedido que luego desistió-, el juez Luis Rodríguez mandó a juicio el caso Río Turbio por entender que la parte principal de la investigación estaba cerrada. En el caso hay una veintena de acusados entre los cuales está, además de De Vido y Baratta, el ex intendente Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) y Martín Juan Goicochea (UTN). Apenas el expediente fue elevado a juicio, la suerte eligió al Tribunal Oral Federal 1 –el mismo que condenó al ex secretario de Obras Publicas José López por enriquecimiento ilícito-, pero los magistrados Jorge Grumberg, José Michilini y Ricardo Basilico entendieron que el caso debían llevarlos sus colegas del Tribunal Oral Federal 7, que por estos días están terminando un juicio en donde se ventiló una pequeña parte de la causa Río Turbio: la que analiza por qué se pagaron 50 millones de pesos por una calle que nunca se hizo en las inmediaciones de la mina de Santa Cruz. En el TOF 1 se afirmó que había que respetar el criterio de "la jurisprudencia de las cuatro salas de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto a que la conexidad declarada en la etapa de instrucción no sólo opera para aquel tramo del proceso sino también para el trámite del juicio, lo que lleva implícita la identidad del tribunal que debe entender en la última etapa del proceso". Y remarcaron que si se encargan sus colegas del TOF 7 se evitaría "el dispendio jurisdiccional que acarrearía la intervención de distintos tribunales por hechos de similar naturaleza y que se le atribuyen a la misma persona, aun cuando los procesos no se acumularan para evitar un grave retardo para alguno de ellos". Sin embargo, ahora los jueces del TOF 7, Fernando Canero y Enrique Mendez Signori, le devolvieron a sus colegas el expediente. Según pudo saber Infobae, los magistrados hicieron hincapié en que el artículo 46 del Código Procesal Penal de la Nación establece que "la cuestión de competencia podrá ser promovida en cualquier estado de la instrucción y hasta antes de fijada la audiencia para el debate", con el fin de "concretar un único debate en las causas acumuladas, extremo que, como ya se señalara, atento a que el juicio en la causa N° 9281/2017 se encuentra próximo a finalizar, no resultará factible". En este contexto, la fiscal Fabiana León pidió la semana pasada la condena a cuatro años y medio de cárcel para el ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, al ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanacio Perez Osuna –que está preso hace casi dos años–, el ex coordinador de YCRT Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas. También pidió que se le embarguen todos los bienes a Lascurain, porque se quedó con el dinero del anticipo de la obra. En los próximos días será el turno de las defensas y luego, previo a las últimas palabras, habrá veredicto. "No puede perderse de vista que no hay coincidencia entre todos los involucrados en las dos causas -únicamente Atanasio Pérez Osuna, Miguel Larregina y Juan Vargas se encuentran imputados en ambas- y la prueba, más allá de la vinculación de los hechos por su relación con Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tampoco resulta ser la misma", dijeron en el T0F 7. Y añadieron: "Mantener la conexidad decretada durante la instrucción en esta instancia carece de sentido e iría en detrimento de la garantía de la mejor y más pronta administración de justicia". Ahora, los jueces del TOF 1 tienen dos caminos. O se quedan con la causa, o acuden a la Cámara Federal de Casación Penal para que defina la puja y resuelva finalmente quién llevará adelante el juicio oral por el caso Río Turbio. Seguí leyendo: La Justicia de EEUU suspendió el juicio por YPF hasta que se defina la elección en Argentina Alberto Fernández viajará a Bolivia y Perú para darle forma a su agenda internacional
