Nelson Periotti fue el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo. Antes había estado al frente de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Hombre de confianza de los Kirchner, este lunes será el primero en declarar en indagatoria en el juicio oral y público que se realiza por el otorgamiento de 51 rutas en Santa Cruz para favorecer con millonarios contratos de obra vial al empresario Lázaro Báez entre entre 2003 y 2015. Entre los imputados en esa causa se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y candidata a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Todos. Habitualmente Periotti y su mujer se sientan delante de la ex presidente en la sala donde se realiza el juicio. Mañana cuando declare Periotti -iniciará la ronda de indagatorias- la candidata a vice no estará en la sala de audiencias. Pidió y le concedieron el permiso-igual que a otros acusados- para comparecer solo el día que le toque declarar. El juicio se realiza en el subsuelo del edificio de Comodoro Py. Hace dos semanas, en un despacho del cuarto piso de mismo edificio, Periotti fue procesado por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Esta vez las irregularidades fueron detectadas en relación a un contrato de reparación y mantenimiento de la ruta nacional 81 en la provincia de Formosa, gobernada desde 1995 por el dirigente peronista Gildo Insfrán. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a Periotti, a los funcionarios de Vialidad Nacional que cumplían funciones en la sede central del organismo y a los que trabajaban en la provincia de Formosa y que debían supervisar el cumplimiento del contrato. También fueron procesados Jorge Cibraro, uno de los dueños de la empresa de obra pública con sede en la ciudad de La Plata ICF S.A. y Hardy quien fue el representante técnico de esa firma responsable por la obra. Los integrantes de la empresa fueron procesados por fraude contra la administración pública. La denuncia fue realizada por Javier Iguacel en 2016 cuando encabezaba Vialidad Nacional. El fiscal del caso es Franco Picardi y en la causa tuvo la colaboración de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez. En 2007 la empresa ICF S.A. fue adjudicataria de la obra de reparación y mantenimiento de un tramo de la ruta 81 por un período de 60 meses que venció en mayo 2013. La licitación que debía realizar Vialidad Nacional en 2013 fue -según se determinó en la causa judicial- retrasada a propósito para prorrogar el contrato con la empresa ICF S.A. En el procesamiento dictado por Martínez De Giorgi –al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales- se destaca la conclusión al respecto que sacó la PIA. El juez señaló: "En opinión de la repartición del MPF especializada en la actividad administrativa, la conducta de los funcionarios de la DNV deliberadamente retrasó el proceso licitatorio para prorrogar por tres años el contrato a la empresa que venía prestando los servicios, considerándose que con esta desnaturalización de la excepción de la prórroga se ocasionó un perjuicio al erario público, ya que Vialidad Nacional fue privada de poder acceder a la oferta más conveniente". A partir del retraso de la licitación se le prorrogó el contrato a ICF S.A. hasta 2016 y se incluyeron en trabajos adicionales cuyos precios fueron más caros para las arcas públicas. También se estableció que se hicieron pagos a la empresa por certificados de obra por hechos que nunca se concretaron. Los investigadores calculan que el perjuicio para el Estado durante las prórrogas del contrato fue de unos 35 millones de pesos. Martínez De Giorgi dictó los procesamientos sin prisión preventiva y estableció embargos de 75 millones de esos tanto para Periotti como para Cibrero.
