Los plazos de obra fue otro de los puntos de análisis en la pericia de más de 500 páginas que se entregó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), responsable de juzgar a Cristina Kirchner y a otros doce imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado por haber favorecido a Lázaro Báez con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, según sostiene la acusación. Uno de los puntos del informe buscó determinar si los argumentos de la constructora para retrasar las obras, modificar sus costos, entre otros puntos, eran razonables. Los jueces del TOF 2 pidieron que los peritos tanto oficiales, como aquellos que participaron en representación de las partes y de la fiscalía, se expidan acerca de la “razonabilidad de los motivos invocados por las empresas contratistas en cada una de las oportunidades en las que solicitaron redeterminaciones de precios, mayores costos, modificaciones de obra, mayor plazo de ejecución y/o cualquier otra solicitud que implique alteraciones de las condiciones de contratación originales”. Recibir newsletter El perito de la Corte, Eloy Bona y Roberto Panizza en representación de la Fiscalía, firmaron de forma conjunta su respuesta dicho ítem, mientras que con un planteo opuesto la perito Adriana Alperovich -nombrada por la defensa de Cristina Kirchner-, entregó otro informe. Fueron cinco las obras peritadas, si bien la ex Presidenta antes del inicio del juicio que la tiene como la principal acusada, había requerido analizar las 51 contrataciones que obtuvo Lázaro Báez, el TOF 2 consideró que era suficiente un muestreo de cinco licitaciones como casos testigo. Como reveló Clarín, la primera parte del estudio arrojó para los dos peritos oficiales, sobreprecios de 173 y 202 millones de dólares, mientras que para la profesional por parte de la senadora, los costos se ajustaron a los de plaza. Por otro lado, Bona y Panizza también determinaron que Austral Construcciones no tenía capacidad técnica y financiera para ser adjudicataria de las obras analizadas. Algo con lo que no concordó Alperovich en sus conclusiones. Otro de los puntos a analizar era si se justificaban las modificaciones en las obras, desde sus plazos, sus costos, planes de ejecución, y otros ítems. Respecto a la obra sobre la Ruta Nacional 3 “Circunvalación Caleta Olivia”, los peritos oficiales indicaron que “el plazo se incrementó en un 90% y la consecuente reprogramación del plan de trabajo e inversiones”. En números, la obra se inició con un original de 146.110.804 pesos y un plazo original de obra de 36 meses, en septiembre de 2006. Después de 12 expedientes pidiendo adecuación de plazos y de presupuesto, a noviembre de 2015 la obra ya tenía un costo vigente de 711.071.918 pesos y su plazo se había elevado a 109 meses. “La contratista no cumple con los plazos de obra determinados en el pliego ni en los planes de trabajo. No alcanzó los objetivos y tampoco pudo cumplir con los plazos propuestos en su propio plan de trabajo y que le fueron aprobados en cada oportunidad que lo solicitó”, concluyó el perito de la Corte Suprema y el de la Fiscalía. La segunda obra analizada fue también sobre la Ruta Nacional 3 (tramo Km 1.867-Km 1.908). Esta obra inició con un presupuesto 313.593.865 pesos y “tuvo una modificación del 54, 11% en sus costos”, al tiempo ya tenía un valor de 483.289.770 pesos. Los peritos señalaron que hubo un “un incremento de 30 meses es decir del 100% adicional al plazo original de obra, llevándolo a 66 meses con fecha de finalización del 30 de enero de 2014”. Entre otros aspectos analizados, se expuso que hubo modificación en las condiciones contractuales y una ampliación del plazo de obra sin “mayores justificaciones ni documental respaldatoria”. En cuanto a la construcción sobre Ruta Nacional 3 Tramo Rada Tilly, Bona y Panizza señalaron que la empresa comunicó oportunamente sobre la falta de liberación de la traza, así como otros inconvenientes relacionados con la falta de provisión de combustible, motivados por diversos conflictos. “Las notas de pedido mencionadas se encuentran incorporadas al Expediente en análisis, así como las notas de periódicos zonales confirmando la situación que se menciona”. Se aprobó la ampliación de plazo en 24 meses y un nuevo Plan de trabajos. Pero consideraron que los motivos explicitados “son válidos dado que si la traza no se encuentra liberada no es posible realizar trabajo alguno”. En virtud de lo analizado en los expedientes de las 5 obras, Bona y Panizza concluyeron: “Puede decirse que si bien las empresas adjudicatarias de las obras presentaron los motivos por los cuales solicitaron las ampliaciones de plazo, como también los cambios de precio debido a las alteraciones de proyectos y/o modificaciones de planes de trabajo, y todo ello fue concedido por Vialidad Provincial, es destacar que ninguna de las obras se terminó en los plazos estipulados por el organismo vial, ni en los solicitados por las contratistas, ni los plazos acordados por las partes pese a las ampliaciones y alteraciones otorgadas siendo que el contratante cumplido con los pagos en tiempo y forma”. Explicaron además que los motivos invocados por las empresas que llevaron a las modificaciones de obra y/o mayores plazos de ejecución, en principio “cumplen con todos los requisitos que solicitaba Vialidad Provincial desde el punto de vista normativo y técnico”, pero se centran en otros factores donde consideran que impiden determinar “la razonabilidad de los motivos expuestos”, ya que resultan “en algunas situaciones muy genéricas como la situación económica financiera internacional entre 2007 y 2009, cortes de ruta en la Provincia, dificultad para la provisión de asfalto, etcétera”. Para estos peritos “esto no nos permite dar conclusión que esté libre de dudas respecto de las justificaciones de las ampliaciones en razón de que no se observan argumentos suficientes e información por parte de la repartición de Vialidad Provincial que justifique algunas de las ampliaciones de plazos otorgados por el Directorio”. Por otro lado, concluyeron que se debe “contar con más y para interpretar la gravedad de los conflictos que elevaron los plazos de obra así como también sería recomendable conocer si existiera la documentación respaldatoria que indique la falta de provisión de asfalto para establecer la razonabilidad de las solicitudes requeridas por la constructora”. Por su lado, la perito de Cristina, Adriana Alperovich, determinó que la cantidad de expedientes en los que la empresa realizó una solicitud “son 12 para todas las obras analizadas, y 6 de esas solicitudes corresponden adecuación de plan de trabajo sin modificación de plazo y los motivos esgrimidos que se relacionan con situaciones de público y notorio conocimiento, generadas en conflictos sociales, falta de provisión de combustibles, falta de cemento, fundamentalmente insumos básicos para la ejecución de obras y problemas de abastecimiento que obligaron a reformular el plan de trabajo”. Las restantes seis solicitudes, correspondieron ampliaciones de plazo de obra, de las cuales tres de ellas se generaron por la “falta de liberación de la traza, hecho éste que hace imposible ejecutar trabajo alguno permanencia en el tiempo de los cortes y conflictos sociales, situación de público y notorio conocimiento”. En este sentido, Alperovich señaló: “Por todo lo expuesto se concluye que las modificaciones sufridas en los plazos de ejecución de obra, se encuentra suficientemente justificados en los hechos descriptos siendo más que razonables los motivos que dieron lugar a dichas modificaciones”.
