Tres meses después del inicio del juicio por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 recibió ayer el informe pericial sobre cinco de los 52 contratos de obras viales que recibieron las empresas del Grupo Báez en Santa Cruz. Los jueces ordenaron el informe en octubre del año pasado, para determinar si existieron sobreprecios en los pliegos de las obras licitadas y adjudicadas, y para evaluar si sus empresas contaban con la capacidad técnica y financiera para llevarlas adelante. Este material técnico se analizará y será materia de debate en el juicio oral. Los informes, ahora incorporados al expediente, fueron elaborados por peritos oficiales de la Corte, peritos designados por la fiscalía de Diego Luciani y peritos de las partes acusadas. Con conclusiones y dictámenes diferentes sobre los casos analizados, el perito ingeniero oficial Pablo Eloy Bona y el perito Roberto Panizza -de parte de la fiscalía- indicaron que existieron sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares en la confección de los pliegos de oferta de las obras analizadas. La perita de parte de los acusados, Adriana Alperovich, señaló lo contrario. Según Bona, una de las obras, la ruta nacional N° 3, tramo circunvalación Caleta Olivia, realizada por Austral Construcciones, se presupuestó en 47.285.050 dólares, mientras que el perito determinó un costo -con relación a la cotización del dólar en ese momento- de 36.269.053 dólares, es decir, 11.015.997 dólares de diferencia. "El costo de la obra según el cálculo y cómputo ganado en la licitación es un 30% superior al reflejado en el presupuesto determinado por el suscripto", detalla Bona. Otro de los casos estudiados, el del tramo km 1867- km 1908, 6 de la ruta N°3, determinó una discrepancia de más de 52 millones de dólares entre los valores aprobados y adjudicados a Austral Construcciones y los consignados por el perito. En su conclusión final respecto de los sobreprecios, Bona afirma: "Surgen discrepancias significativas entre los montos tanto del presupuesto oficial como de los contratos asignados a las empresas y los valores determinados según el estudio pericial, habiendo una diferencia de precios de las 5 obras estudiadas de casi 170 millones de dólares con respecto al presupuesto oficial y de más de 198 millones de dólares con respecto a las ofertas ganadas por las empresas". El perito ingeniero Bona fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner por supuesta parcialidad. Ese pedido de apartamiento fue rechazado y Bona siguió al frente de la elaboración del informe. Fuentes que intervienen en el expediente afirmaron que el peritaje es un instrumento "clave" para ratificar la hipótesis acusatoria, mientras que las defensas de tres acusados que dialogaron con LA NACION sostuvieron que este elemento dinamita la acusación. El informe de la ingeniera Adriana Alperovich, propuesta por las defensas de los acusados, es favorable a lo que se hizo en el período analizado. "De todas las obras analizadas y para las cuales se recalcularon todos los precios unitarios se desprende que los precios de las ofertas a las fechas indicadas contienen precios que representan los precios de plaza", concluye.
