Suena el teléfono en la escuela, atiende un directivo y el aviso llega de inmediato: “Hay una bomba en el colegio”. Lo que viene después es un operativo en donde hay que retirar a todos los alumnos del Instituto y esperar a que un escuadrón anti explosivo revise las instalaciones. Sólo ayer esa escena se repitió 48 veces en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, donde ya son un verdadero dolor de cabeza: en lo que va de septiembre el número asciende a 837 llamadas, un 251% más que el mes pasado. Las amenazas de bomba en colegios no son novedad, la acción data de hace muchísimos años y la intención es casi siempre la misma: evitar algún examen, conseguir que se extienda la fecha de entrega de un trabajo práctico o una broma pesada entre alumnos. Lo cierto es que ahora esa práctica está más intensa que nunca y las falsas denuncias por explosivos dentro de las escuelas son cada vez más. Según le contaron a Clarín, sólo ayer 48 centros educativos debieron ser evacuados por la existencia de una llamada que alertaba sobre la presencia de una bomba en el interior del edificio. Todas dieron resultado negativo, salvo una en Almirante Brown, donde encontraron una granada. Uno de los partidos que más lo sufrió fue Morón, con cinco llamadas a colegios, incluida la escuela "Crear y Ser", donde asisten dos de los hijos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Fuentes de la Gobernación provincial agregaron números a este crecimiento del fenómeno. Cuentan que en el mes de julio se recibieron 72 llamadas, que aumentó a 238 en agosto y que en sólo 23 días que lleva septiembre ya se alcanzaron 827, es decir un 251% más que el mes pasado. Y todavía falta una semana para que concluya. Los especialistas que llevan las estadísticas tienen un porqué a la impresionante cantidad de llamadas por falsas bombas en el interior de las escuelas: se lo atribuyen a las tomas que por estos días los alumnos de la capital llevan en los treinta centros educativos porteños: “Los chicos de la provincia ven que hay otros estudiantes que no tienen clases y por eso ellos también quieren faltar”, aseguran. Según explicaron, cada llamado al 911 para alertar por amenaza de bomba le cuesta al Estado unos $25.000 -el costo del operativo-. Es decir, unos $12.500.000 por mes o 100 millones de pesos por ciclo lectivo. La policía debe mandar, en cada caso, un escuadrón anti explosivo. Los jóvenes pueden hacer la llamada desde sus celulares habiendo sacado el chip -como llamada de emergencia- y, de esa manera es imposible identificar el dispositivo. Además todos aquellos que se encuentren dentro del sitio deben salir de manera obligatoria, porque aunque la sospecha de que en realidad todo sea falso, se debe chequear. Ricardo Barone, director del colegio Joaquín V González de Barracas, es uno de los más afectados por las amenazas. En una entrevista con Radio Mitre, el hombre contó cómo es el operativo en el que deben sacar a la calle a más de 400 alumnos: “Retirarlos a todos lleva unos 20 minutos y luego hay que esperar al escuadrón que puede tomar hasta dos horas”. El director además relató que hay días en los que reciben hasta dos amenazas: “Naturalizamos una situación que es tragicómica. Recibimos a veces una llamada a la mañana y otra a la tarde. El jefe del operativo antibombas ya me saluda con un ‘hasta luego'”.
