El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó este lunes los planteos de las defensas -entre ellas la de Cristina Kirchner-, y resolvió que continuará el juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. De esta manera se rechazó el pedido de la senadora para suspender las audiencias. Sin Cristina Kirchner, que se encuentra en Cuba visitando a su hija Florencia, se retomaron las audiencias del juicio contra la ex mandataria, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner-entre otros-, acusados por el direccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones. Carlos Beraldi fue uno de los que solicitó la suspensión del juicio contra la ex mandataria por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El defensor había planteado que el caso de la ex presidenta "es inédito porque se la persigue de manera reiterada hasta límites absurdos". El suyo fue uno de los nueve planteos realizados por los trece acusados en esta etapa de cuestiones preliminares, todos requiriendo la suspensión. Recibir newsletter El defensor de Cristina insistió con su reclamo -rechazado varias veces por la Cámara Federal y la Casación- respecto a que el TOF 2 no es competente en este caso, "ya que 49 obras -de las que están bajo la lupa- fueron juzgadas en Santa Cruz". La senadora pidió que la causa sea remitida al sur y el planteo se encuentra a resolver en la Corte Suprema de Justicia. Todo fue rechazado. Después de la etapa de cuestiones preliminares, el primero en oponerse a este y otros pedidos de similares características, fue el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciani. Entonces había planteado: "Hay un interés que la causa se vaya a Santa Cruz. Han planteado 51 planteos preliminares algo inusual hay un interés en las defensas que este juicio no comience", remarcó. En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los 13 imputados. A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por haber "formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez”. Según la justicia, esa asociación “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero". En plena campaña electoral, el abogado de Cristina dijo: "Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político, para eso está la ciudadanía, que gracias a Dios en unos meses lo va a votar". El Tribunal defendió las actuaciones realizadas y garantizó la continuidad del juicio. Vinculado a la adjudicación de partida presupuestaria para la obra pública vial, la ex Presidenta requirió que sean citados como testigos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, que incluye a Alberto Fernández y a Sergio Massa, hoy integrantes de su espacio. Ahora a días de las oficialización de los candidatos y el relanzamiento de la campaña de cara a octubre, el TOF 2 decidió la continuidad del juicio, dejando sin efecto el resto de los planteos presentados por nueve de los trece acusados que transitaba el mismo sendero que intentó Beraldi: insistir en que la acusación de la fiscalía debe ser declarada nula. Acusación contra CFK En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K. Desde el Gobierno anterior y diversos "organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de 46.000 millones de pesos". La acusación sostiene que se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado. La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad". Una maniobra con cuatro etapas Todo contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado". Los "jefes" de la asociación ilícita fueron -según la imputación- el matrimonio Kirchner, y en el rol de organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner
