La Aduana pidió una condena de 5 años y 6 meses de prisión para el ex cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, en el juicio oral por la causa conocida como la Mafia de los Contenedores. Por los supuestos delitos de contrabando y asociación ilícita, el abogado de la Aduana, Jorge De la Merced, pidió también 9 años de prisión para el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci, quien se desempeñó en ese cargo durante el gobierno kirchnerista. Recibir newsletter Además, el representante de la Aduana solicitó para el “Cuqui” Laborda Ibarra 8 años y medio de prisión y para Federico Tiscornia, 6 años. En su requerimiento ante el tribunal oral, De la Merced también pidió 4 años para el coreano Sun Ju Hwang conocido como “Mr. Korea” pero solo por el delito de asociación ilícita, entre otros pedidos de condenas hechos el jueves y conocidos hoy en fuentes judiciales consultadas por Clarín. Minnicelli había comenzado a ser juzgado en marzo pasado como supuesto miembro de una asociación ilícita que falseaba documentación para ingresar mercadería al país en una esta causa por la que se ordenó su detención y embargado por 22 millones de pesos. Minnicelli está acusado junto a otros once acusados ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, que abrió la audiencia con la lectura de las acusaciones de la fiscalía y de la Aduana, querellante en la causa. Los acusados están procesados por "asociación ilícita" y "tentativa de contrabando" en un expediente que investigó el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Minnicelli es hermano de Alessandra Minnicelli, la esposa del también detenido en otra investigación penal, Julio De Vido. El acusado quedó detenido el 6 de agosto de 2017 luego de estar prófugo nueve meses hasta que fue apresado en una vivienda en la localidad bonaerense de Chapadmalal, donde se escondía con una falsa identidad. Junto a Minnicelli están siendo juzgados el empresario Oldemar Barreiro Laborda, Edgardo Paolucci, Federico Tiscornia Salort y Osvaldo Giacumbo, de un total de 12 acusados. Según la acusación, la organización intentó "merced a su organización y distribución de funciones, y con la connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, ingresar a la República Argentina la mercadería almacenada" en seis contenedores por un valor de 60 millones de pesos mediante la presentación de falsas declaraciones juradas para eludir los controles. El 10 de agosto de 2016 lograron trasladar los contenedores desde la Terminal Portuaria 5 hasta un depósito fiscal en la localidad bonaerense de Lanús, donde fueron interceptados por la Justicia. Los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada tienen a su cargo el juicio que debería terminar en septiembre próximo. En el 2016, el juez Marcelo Aguinsky al procesar a algunos de estos imputados dijo que “más allá de que pudiera tratarse o no de una negociación por el pago de un servicio originado en los gastos de almacenaje, una dádiva, o algo de ambos, lo cierto es que el contenido de dicha conversación, y puntualmente el trato mantenido por Barreiro Laborda con los distintos actores del entramado muestra, en lo que concierne a los funcionarios aduaneros que éstos enfrentaban con pasivo acatamiento las interpelaciones de Barreiro Laborda, mostrando una dócil e inadmisible obediencia a sus reclamos y convirtiéndose en gestores de sus intereses. ” “La maniobra que pretendió llevarse adelante no fue más que una siniestra ‘iniciativa privada’ apalancada en la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos”, dijo Aguinsky.
