El plan para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en favor de empresas socias del Presidente de la Nación no pudo haber sido posible sin el copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional. Unos quince ex empleados y abogados de Socma y Iecsa dejaron el mundo de los ceos para pasar a formar parte del organismo estatal desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día en el que asumió Mauricio Macri. PáginaI12 pudo reconstruir la nómina de algunos de ellos y sus orígenes, ligados a los holdings de la familia presidencial. Pero, además, como muestra del nivel de interés que generó la renegociación de los contratos para Ausol --la empresa cuya accionista era Sociedades Macri (Socma)-- las maniobras incluyeron el desplazamiento de Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro, quien había defendido los intereses del Estado en el marco de la demanda que la firma había presentado ante el Ciadi. Su lugar fue ocupado nada menos que por Bernardo Saravia Frías, abogado de la familia Macri y miembro de la mesa judicial de Cambiemos. En la causa que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Carlos Stornelli abrió la pesquisa en la que están señalados el presidente Mauricio Macri, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich . En el expediente se investigan al menos tres hechos que redundaron en beneficios y ganancias siderales para Ausol y el Grupo Macri: el reconocimiento por parte del Estado de 499 millones de dólares; casi 20 millones de dólares de ganancia por la venta de las acciones de Socma en Ausol, cuyo precio se disparó con la suba de tarifas; y la prórroga ilegal del contrato y la renegociación de ese contrato con múltiples privilegios, sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. Vialidad Nacional es un organismo autárquico y todos sus funcionarios deben ser de carrera. Los únicos cargos políticos autorizados por ley son dos: el de administrador general y el de subadministrador general, que son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la gestión macrista modificó toda la estructura, desplazó a casi todos los empleados de planta y nombró a más de una decena de ex empresarios. Según el listado al que accedió PáginaI12, los ceos que arribaron en Vialidad son los siguientes: - Roger Emmanuel Botto. Licenciado en Administración de Empresas. Fue gerente del Grupo Abertis (la controlante de Ausol y GCO, de origen española). También fue director suplente de Ausol. En Vialidad fue designado como “gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras”, cargo que no existía. Era el responsable de hacer los llamados a licitación y adjudicación de los contratos de Vialidad. En el caso de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la llamada “renegociación integral” de los contratos, casualmente no se hicieron. Es decir, se evadieron los procesos licitatorios. - Alejandro Caviglia. Sociólogo. Ex empleado de Socma. Recayó en Vialidad Nacional como gerente ejecutivo de Recursos Humanos, un cargo también creado por la gestión de Iguacel. Según consta en el cuerpo de la denuncia, trabajó con anterioridad en una consultora proveedora de servicios de Ausol. - Ricardo José Stoddart. Abogado. Fue socio de Marval, O'Farrel & Mayral, estudio que representó a Ausol y GCO en la renegociación del contrato. Fue nombrado como gerente ejecutivo de Jurídicos, cargo para el cual no cumple con los requisitos legales establecidos por la ley del Cuerpo de Abogados del Estado, ya que solo puede ser ocupado por un funcionario de carrera y de planta del organismo. En los últimos cuatro años hubo sucesivas modificaciones de la estructura de Vialidad, como parte del plan de desmantelamiento de lo que había y armado de un andamiaje nuevo al servicio de los intereses de las empresas. Durante el primer año de gestión de Cambiemos hubo un récord de 18 resoluciones aprobando modificaciones y creando cargos. Un promedio de más de una resolución por mes, con firma de la Jefatura de Gabinete. Además de los hombres y mujeres vinculados a las empresas del grupo Socma y a Iecsa, algunos señalan a los nuevos funcionarios por sus vínculos con Cambiemos. Los zorros cuidando el gallinero. La lista sigue: -Juan Manuel Campana. Ingeniero. Asumió primero como director de Ingeniería. También un cargo creado por la nueva gestión. Después fue nombrado como subadministrador general. Según afirmaron fuentes del organismo, provendría de la consultora AYC (Agosta y Campana), proveedora de servicios a Vialidad Nacional y de la Secretaría de Transporte de CABA cuando Dietrich era ministro de Transporte porteño. -Marta Arancibia. Ingeniera. Llegó a Vialidad de la mano de Campana. Fue nombrada “Directora de Planeamiento”. Antes, en Ausol habría sido gerenta de Calidad. -Federico Heineke. Ingeniero. En Vialidad ocupó el cargo de gerente ejecutivo de Proyectos y Obras. También lo señalan como un ex Ausol donde habría sido jefe de Producción. -Alejandro Bicio. Ingeniero vinculado a las empresas petroleras. Vino de la mano de Campana y Arancibia. en Vialidad lo nombran como “el lobbista del asfalto”. Ocurre que hay dos tipos de pavimento: uno es de hormigón, donde se utiliza cemento, y el otro es de asfalto, con derivados del petróleo. Casualmente, durante la gestión Macri no se licitaron obras de hormigón. Las obras heredadas que estaban previstas con hormigón, en muchos casos se modificaron para hacerlas de asfalto, como por ejemplo el tercer carril del Acceso Tigre perteneciente justamente a Ausol. El asfalto modificado es un insumo mucho más caro, por lo que se encarecieron todos los contratos de ese tipo. Esto ocurrió en los casos de las rutas 7 y 8. De hecho la ruta 8 es actualmente objeto de una denuncia penal por sobreprecios a favor de Iecsa. -Mariano López. Ingeniero. Proveniente de Iecsa, donde fue empleado por 14 años y llegó a gerente de Control de Gestión. En Vialidad pasó a ocupar el cargo de gerente de Obras. Es el responsable de gestionar la administración de todos los contratos de obras, incluidas las inspecciones de cumplimiento contractual, entre las que se encuentran las de Iecsa. Es decir, que debe controlar a la empresa donde hizo casi toda su carrera. El negociado de los peajes se cobró la cabeza de Carlos Balbín, el procurador del Tesoro. Además de haber firmado una auditoría sobre la empresa Correo Argentino, también defendió los intereses del Estado ante el Ciadi en la demanda que había iniciado Ausol, la empresa del Presidente. Especialista en derecho administrativo, el planteo de Balbín fue respaldado por el tribunal internacional. El organismo hizo lugar al planteo que decía que no se podía iniciar la demanda porque no se habían agotado las instancias judiciales en la Argentina. Después de eso, fue desplazado por el gobierno de Macri. En su lugar, en el puesto clave para defender jurídicamente las arcas estatales --es decir, de todos los argentinos-- pusieron a Saravia Frías, abogado de las empresas de la familia Macri, aportante de campaña de Cambiemos e integrante de la mesa judicial del Gobierno. Saravia Frías es quien debe entregarle a la Justicia documentación clave para la denuncia que cobró vuelo en las últimas semanas en Comodoro Py. La presentación de los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau es por negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y abuso de autoridad. El fiscal Stornelli --a pesar de sus nutridos vínculos con el Presidente Macri-- no tuvo más opción que abrir la investigación.
