La presión del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien fue personalmente esta semana a Mar del Plata a una audiencia de recusación contra el juez Alejo Ramos Padilla, surtió efecto. Los integrantes de ese tribunal, decidieron apartar al titular del juzgado de Dolores de una causa que está conectada con la del espionaje ilegal también conocida como “D’Alessiogate”. El efecto de la resolución no es para todo expediente, sino para uno que tramita en forma separada donde Garavano denunció al ex juez Carlos Rosanzki, quien a su vez lo había querellado por supuestas presiones para que renunciara a su cargo en 2016. El resultado no deja de ser un golpe para Ramos Padilla que alienta al Gobierno a sostener la batalla en su contra, basada en un pedido de juicio político y en diversas presentaciones para que sea declarado incompetente y el caso pase a Comodoro Py. “Como bien señala el doctor G. (Garavano) nos encontramos ante la configuración de una causal objetiva que impone la necesidad de apartar” a Ramos Padilla “con miras a salvaguardar la garantía de juez imparcial”, dice el fallo de los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel. El ministro había argumentado que como él mismo había ordenado que su equipo del Ministerio de Justicia presentara un pedido de juicio político contra el juez de Dolores, lo que había sido con anterioridad a la denuncia contra Rozanski, Ramos Padilla no podría ser imparcial. El tribunal de Mar del Plata dijo que se trata de una de las causales de recusación que prevé el Código Procesal. Y como ejemplo citó el reciente fallo de la Cámara de Casación que apartó al juez Alejandro Slokar de todo el expediente de espionaje a pedido de Elisa Carrió, quien había planteado su destitución o una sanción en 2016. O sea, la Cámara marplatense confiesa que usó como referencia uno de los fallos que allanó el camino a la ofensiva del Gobierno y corrió del escenario a uno de los jueces que le resultaba “molesto”, precisamente en el expediente principal. Para colmo, el juicio político contra Slokar fue archivado unos días después. “No surge ninguna irregularidad en la actuación del magistrado”; sostuvo el plenario del Consejo. El tema puntual que resolvió la Cámara de Mar del Plata tuvo como punto de partida una denuncia que hizo el ex juez Rozanski contra Garavano después de que una ex abogada de Leonardo Fariña relatara en la causa de Dolores que su declaración como arrepentido en una causa en Comodoro Py había sido guionada para que hablara de obra pública y apuntara a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces apareció Rozanski –que había intervenido en una causa por delitos tributarios contra Fariña en La Plata-- y denunció un apriete del ministro de Justicia para que renunciara a su cargo de juez en octubre de 2016, que era supuestamente una de las promesas que le hacían a Fariña a cambio de su relato en tribunales. Presentó una grabación de la reunión, pero Ramos Padilla no lo tuvo por querellante. De todos modos, Garavano lo denunció a él ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi y sostuvo que Ramos Padilla no debía intervenir, precisamente porque él había promovido su destitución. En rigor, este último punto es la clave. La causa conexa en la que se presenta Garavano es una excusa para redoblar la presión sobre él y otros jueces. De lo contrario, no se explica que haya ido en persona tanto a radicar la denuncia como a sostenerla ante la Cámara. El pedido de juicio político contra Ramos Padilla en un comienzo estuvo basado en cuestionamientos a su exposición en el Congreso acerca de la causa. Luego fue ampliado en base a las escuchas telefónicas tomadas a ex funcionarios que están detenidos en el penal de Ezeiza, con el increíble argumento de que armaron un complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos. En las conversaciones hablaban de la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, donde también aparecía el juez Claudio Bonadío. La conclusión del oficialismo, y el propio Stornelli, fue que había una maniobra en marcha para afectar el caso cuadernos. La verdadera razón por la que en el Gobierno están tan preocupados es porque el expediente dejó al descubierto un modus operandi de armado de causas, aprietes, extorsiones y espionaje, donde aparece la participación de un amplio abanico de sectores que lo comprometen. Desde las dirigentes y legisladoras Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic (parlamentaria del Mercosur), hasta fiscales, jueces, financistas, personajes laterales y funcionarios nacionales, entre otras dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Como es sabido a esta altura, los hechos son múltiples y no sólo atañen al caso “cuadernos” sino que lo exceden por lejos. Mientras tanto, siguen también los intentos para que Ramos Padilla sea declarado incompetente. La Casación tiene que analizar si hace lugar a un pedido del fiscal Raúl Pleé para que el tema llegue a la Corte Suprema.
