Cristina Kirchner fue beneficiada este viernes en una de las causas ligadas a la de los cuadernos. Según el fallo al que accedió Infobae, la Cámara Federal porteña revocó uno de los procesamientos con prisión preventiva que le dictó el juez Claudio Bonadio a la senadora y hoy precandidata a vicepresidente. También los que recaían en el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y empresarios como Mario Cirigliano. Se trata del caso que investigó los subsidios entregados al área de transporte durante la gestión kirchnerista. Para la Cámara Federal, las pruebas colectadas son insuficientes y le encomendaron a Bonadio profundizar la investigación. Así, la ex presidenta tiene hoy un procesamiento menos. La causa ya existía desde el 2014 por una posible defraudación a la administración pública. Allí se investigaban los subsidios estatales que recibieron empresas de colectivos. Diversas empresas dedicadas al transporte público automotor habrían obtenido beneficios superiores a los que les correspondían, al falsear las declaraciones juradas que les servían de base y en las cuales se denunciaba haber recorrido una mayor cantidad de kilómetros que los reales. Para Bonadio, los informes de kilometraje de las unidades habían sido adulterados y procesó a De Vido, los ex secretarios y un grupo de empresarios. Pero en febrero de 2018, la Sala II de la Cámara Federal -en una decisión dividida- revocó esa decisión y ordenó profundizar los peritajes. Sin embargo, en agosto explotó el escándalo de los cuadernos. Y para septiembre, cuando Bonadio dictó los primeros procesamientos de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita por las anotaciones de Oscar Centeno, también decidió abrir nuevas causas o anexar algunas que ya existían, como los sistemas de recaudación que habrían funcionado en el rubro transporte, por la nueva información que aportaron los "arrepentidos" de los cuadernos. Fue así como Bonadio volvió a indagar a los ex funcionarios y unos 44 colectiveros, y procesó a todos. Dijo que entre 2003 y 2012 "las personas a cargo de las empresas de transporte pagaban entre un 5 y un 30 por ciento de los subsidios entregados al Estado Nacional a Jaime y a Schiavi" y a cambio los entonces funcionarios "garantizaban los pagos de subsidios por montos superiores a los que les correspondía". Sin embargo, las defensas apelaron y esta vez, por primera vez en un expediente ligado a cuadernos, la Cámara Federal les dio la razón. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que no está probado que "la matriz de corrupción instaurada con fines recaudatorios desde las más altas jerarquias del Ejecutivo entre 2003 y 2015 abarcase los hechos originados en esta causa". Los arrepentidos Aldo Roggio, Benjamín Romero y Alberto Taselli, además, hablaron de los subsidios ferroviarios, mientras que las alusiones de Centeno en sus cuadernos también fueron genéricas, se señaló. Según la Cámara Federal, no alcanzan –a su criterio– los datos aportados por el GPS sin evaluar otros parámetros porque eso implica "una generalización que pasa por alto posibles modificaciones estacionales o variaciones anuales". Citaron un informe de la Auditoría General de la Nación que estableció que la información aportada por la SUBE también "carece en principio de la cuota de confiabilidad necesaria" para llegar a un procesamiento. "Se impone la necesidad de llevar adelante un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas en el que incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios del transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustibles al precio diferencial", se añadió. Según la resolución, hay que "agostar las distintas alternativas que permitan dilucidar la existencia o no de un obrar delictivo tendiente a logar un beneficio particular a costa del interés publico, a través de otorgamiento u la obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros". Así las cosas, la Cámara Federal le ordenó a Bonadio "sistematizar la información referente a los regímenes y procesos administrativos utilizados y analizar las situaciones concretas en que dichas firmas percibieron el subsidio". También le encomendaron llamar a indagatoria a los responsables de la firma Transporte Interprovincial Rosarina SA. Lo instaron además a avanzar sobre una empresa que recibió beneficios hasta diciembre de 2011, aunque había dejado de operar un año antes, "con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas". Y analizar si algunas de las empresas investigadas participó de operatorias de reventa de gasoil, obtenido a precio diferencial. Lo cierto es que, más allá de darle un nuevo rumbo a la investigación, la Cámara revocó los procesamientos de la ex presidente, De Vido, Jaime, Shiavi, el empresario Mario Cirigliano y Pedro Ochoa Romero (ex Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT), entre otros. Seguí leyendo: Cristina Kirchner y Elisa Carrió presentan sus libros en Mar del Plata a pocas cuadras de distancia El gremialista que le disputa afiliados de logística de Mercado Libre a Moyano
