El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj recibió a Jovina Luna, hermana de Hermindo Luna uno de los conscriptos asesinados durante el ataque montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido en octubre de 1975. Luna le llevó al funcionario una copia de la denuncia penal que presentó pidiendo que se investiguen las maniobras mediante las que se habrían otorgado de manera fraudulenta indemnizaciones millonarias a los familiares de los miembros de Montoneros que atacaron el regimiento formoseño. Según la denuncia, al amparo de las llamadas "leyes reparatorias" se registraron casos falsos de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria o asesinato para obtener cuantiosos montos indemnizatorios. Del encuentro participó también, Rogelio Mazacotte, un soldado sobreviviente del ataque montonero que recibió varios disparos al defender la guarnición militar y que además adhirió a la denuncia. En la reunión, Luna le planteó al Secretario de Derechos Humanos su intención de que se investigue a quienes autorizaron los pagos de las indemnizaciones a los familiares de atacantes de una unidad militar durante un gobierno constitucional. "No busco un resarcimiento económico, lo que me interesa es que los asesinos de mi hermano y de otros soldados que defendieron la Constitución no figuren más en el listado del Parque de la Memoria", señaló Jovina Luna. Por su parte, Avruj afirmó que se inició una auditoría interna y en caso de encontrar alguna de las irregularidades denunciadas por Luna va a solicitar al Gobierno de la Ciudad que retire del Parque de la Memoria los nombres de los montoneros que participaron del ataque al Regimiento de Infantería de Monte de Formosa. "Tenemos un compromiso de lucha contra la impunidad y queremos despejar cualquier duda", dijo Avruj. Asimismo anticipó que el Gobierno va a acompañar en el Congreso el proyecto del diputado de la UCR de Formosa, Mario Arce para que los familiares de los 10 soldados asesinados por el grupo guerrillero reciban una compensación económica. "Estamos convencidos de que es un acto de justicia porque por un lado se indemnizó aquellos que atacaron el cuartel en democracia y produjeron tanto dolor y tanta muerte, y el Estado no indemnizó, no cuidó, no protegió a los soldados que defendieron el regimiento y a sus familiares frente a un hecho tan aberrante en democracia cuando ellos estaban cumpliendo con su deber defendiendo una institución del Estado", señaló Avruj y agregó "el intento de toma del regimiento no fue una lucha por los derechos humanos, fue una lucha por el poder para debilitar el poder democrático. " El funcionario cuestionó además que el gobierno de Formosa nunca sancionó una ley provincial de protección de los soldados que defendieron el Regimiento de Infantería de Monte del ataque montonero. Al término del encuentro, la hermana del soldado Luna manifestó que se fue conforme por el resultado de la reunión y confirmó que la próxima semana se presentará ante el juez federal Daniel Rafecas para ratificar su denuncia. En el escrito, Jovina Luna da cuenta de varios casos de combatientes pertenecientes a la organización guerrillera Montoneros, declarada ilegal por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que fueron abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas armadas, durante un período de gobierno constitucional y que de ninguna manera fueron víctimas de ejecución sumaria como consecuencia de la represión ilegal del Estado. No obstante, muchas de estas muertes en combate fueron indemnizadas de manera fraudulenta al amparo de las denominadas "leyes reparatorias". Todos los casos presentados por Jovina Luna tienen un denominador común: por múltiples pruebas se llega a la comprobación de que ninguno de ellos responde a las causales dispuestas por la "ley reparatoria" 24.411. Por medio de esta norma, el Estado lleva pagadas 7.907 indemnizaciones por un monto de 62.250 millones de pesos, es decir, casi 1.425 millones de dólares. Al amparo de otra "ley reparatoria", la 24.043 hay en trámite 7.318 casos por un total de 23.859 millones de pesos, equivalentes a 546 millones de dólares. Aprovechando esta legislación se siguen generando nuevos reclamos, sobre todo por los llamados "exilios forzosos".
