Mauricio Macri debe estar más que agradecido con los Dady Brieva , Mempo Giardinelli y Raúl Zaffaroni de este país porque, con sus pifiadas, han hecho una contribución gratuita e invalorable a la imagen de su gobierno y a sus perspectivas electorales. En épocas de vacas flacas en materia económica, la cadena de exabruptos de los Herminio Iglesias kirchneristas, como los denominó con acierto Román Lejtman en Infobae -al invocar al sindicalista que quemó un ataúd con el nombre de Raúl Alfonsín y la UCR en el acto de cierre de campaña de Ítalo Luder, en octubre de 1983-, no hace otra cosa que resaltar activos poco presentes todavía en la antesala de una competencia electoral. O apenas explotados por Cambiemos . Aquella cadena ha potenciado, de todas formas, los intangibles de Macri. Cuando el humorista Dady Brieva propuso crear una Conadep para investigar el trabajo de los periodistas que denunciaron la corrupción kirchnerista, no solo ofendió la gesta de aquellos hombres y mujeres que dejaron registrada en el Nunca más la violencia indiscriminada de los años 70. Como una derivación inevitable de su labor, esos periodistas han reafirmado con profesionalismo el valor de la institución que ha prestado servicios reconocidos hasta en el plano internacional, al haber actuado como fuerte contrapeso de los excesos de 12 años de extravío: la prensa libre. Está probado que sin esta hubiera sido imposible conocer la dimensión del colosal sistema de saqueo y persecución hacia todo aquel que se animara a denunciar públicamente negocios ilícitos o simplemente se opusiera a la concentración de poder. Un sinfín de evidencias, testimonios e investigaciones, distinguidos más allá de nuestras fronteras con los mayores galardones al trabajo periodístico, documentan la escala vergonzosa que el periodismo sacó a la luz. La prensa libre ha demostrado que no todo es lo mismo en la Argentina de hoy, por más que nadie se salve, en última instancia, de las imperfecciones propias del género humano. El segundo aporte del Midachi alumbra otro aspecto fundamental en el que el gobierno de Macri ha estado, cabe decirlo, a la altura de los países avanzados en cuanto a transparencia y sujeción a las pautas centrales de la democracia. El paso del tiempo suele conspirar contra la memoria. Acaso olvidemos la sarta de atropellos ocurridos que ahora son historia para los más jóvenes. El Gobierno terminó con la discriminación publicitaria que engendró un burdo aparato estatal y privado de prensa adicta, dedicado a hostigar la menor disidencia. Ese mundillo ficticio se esfumó casi en un pestañeo ya sin los dineros de la pauta oficial. Las diarias y agresivas cadenas nacionales, abundantes en ataques y descalificaciones, que se entrometían hasta en la vida privada de los ciudadanos, han dejado lugar a las frecuentes, y ya rutinarias, conferencias de prensa. Publicar o decir cualquier cosa hoy no conlleva riesgos, cuando en otros tiempos una palabra o línea que se consideraba de más merecía, con la velocidad del rayo, represalias impositivas, causas judiciales amañadas o ataques furibundos desde la mismísima televisión pública, todo bajo el guión de la Casa Rosada. Cuesta encontrar en estos cuatro años un altercado o episodio que procurara humillar a los hombres de prensa. Más bien lo contrario: el gobierno de Macri es a menudo objeto de burlas por la admisión de sus yerros a cara descubierta. El domingo del gran apagón nacional, en esas horas de shock, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se paró a media tarde delante de los periodistas para informar lo que se sabía hasta ese momento. Que era poco, razón por la cual fue criticado hasta por funcionarios de su propio gobierno. Pero habló sin formular conjeturas fantasiosas ni echar culpas rápidas. Al gobierno de Macri podrán imputársele otros deméritos, pero no se le puede negar la actitud de dar la cara para rendir cuentas. Con términos similares a los del exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el escritor Mempo Giardinelli propuso semanas atrás "una nueva Constitución nacional que surja de un referéndum en el que el pueblo se manifieste y elabore un nuevo pacto social". Sembró sobre terreno fértil, pues Cristina Kirchner venía de proponer una nueva Carta Magna que establezca "nuevas reglas de juego y relaciones de poder, porque los que no representamos a corporaciones o grandes empresas ni representamos intereses foráneos estamos absolutamente desbalanceados en la relación de fuerzas entre los ciudadanos y las corporaciones". A su elegido candidato presidencial, Alberto Fernández, le llevó días procurar enmiendas a esa iracundia contra las instituciones del país. En el kirchnerismo nunca se sabe a quién creerle. Los hechos desmienten las palabras. En estos días, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, quien había reclamado a gritos una Corte con jueces "militantes nuestros" para "blindar todas las posibilidades de avanzar que tenemos", fue premiado con una candidatura a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. La propia Corte Suprema de Justicia se vio obligada a pronunciarse, a través de su presidente, Carlos Rosenkrantz, y luego por medio de dos de sus miembros, contra tamañas y reiteradas amenazas al orden constitucional, uno de cuyos pilares es precisamente la independencia de la Justicia respecto de los otros poderes. La Corte se sumó así a expresiones en igual sentido de entidades representativas de magistrados y abogados. Semejante controversia debería servir al menos como ejercicio de introspección. ¿Cuál ha sido el comportamiento de Cambiemos en el terreno judicial estos años? Responde el doctor Ricardo Recondo, con más de 50 años de trayectoria en la Justicia, tres veces presidente de la Asociación de Magistrados, actual titular del Consejo de la Magistratura y juez de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Capital Federal: "En comparación con el gobierno anterior, la situación es inmejorable. Me relaciono con prácticamente el 90 por ciento de los jueces de todo el país. No hay presiones por parte del Poder Ejecutivo, se ha funcionado bien en cuanto a garantía de independencia". Agrega Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entidad reconocida por su lucha por la independencia de la Justicia: "El respeto a la independencia judicial es uno de los grandes activos de esta administración. En materia de selección de magistrados, nunca impugnamos una terna de las más de 200 enviadas. Una cosa es abogar por una causa y otra presionar. Estamos muy tranquilos, nunca hubo nada raro en ese sentido", dice. Un último ejemplo, para concluir. Apenas 24 horas después de que dos jóvenes argentinos militantes de Unidad Ciudadana increparan al presidente Macri al llegar a la sede de la FIFA, en Zúrich, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón y la diputada kirchnerista Mayra Mendoza festejaron por las redes el video de tal hostigamiento. Sin perder un minuto, el muro de Unidad Ciudadana de la provincia de Córdoba calificó a los "compañeros" de "héroes de la jornada". Consultado por el periodismo, el candidato Fernández tuvo la inmejorable oportunidad de fulminar con dos palabras ese acto de intolerancia política, pero solo atinó a decir: "Son cosas que ocurren". Todo esto menos de 72 horas después de que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, felicitó en pleno recinto, nombrándolos uno por uno y pidiendo un aplauso para ellos, a los legisladores kirchneristas y del peronismo alternativo que se alzaron con gobernaciones e intendencias en las últimas elecciones provinciales. ¿No se trató, acaso, de otra demostración de salud democrática y, por cierto, de buena educación, virtudes reconocidas en Monzó? Un mundo de distancia. Plena libertad de expresión, independencia judicial y expresiones de sana convivencia política. Hace pocos días le escuché a Joaquín Morales Solá una reflexión que resume el contexto en el que vivimos. "La restitución de la libertad -dijo- es el gran capital de la presidencia de Macri. No es poco, es muchísimo". Basta con remitirse a los hechos.
