Con el avance de los trámites para que la primera parte de la causa de los cuadernos de las coimas vaya a juicio oral, Cristina Kirchner sumó un nuevo revés en la Cámara Federal Porteña. La Sala I confirmó su procesamiento con pedido de prisión preventiva en el expediente conexo donde se investigaron las presuntas coimas cobradas por parte de ex funcionarios a las empresas que recibían subsidios para el sistema ferroviario. La acusación en esta causa que tiene entre los principales ex integrantes del gabinete de Cristina Kirchner acusados a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Julio De Vido y Roberto Baratta (entre otros), es por los delitos de asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta. La ex presidenta y actual senadora y precandidata a vice acumula once procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. Cristina Kirchner cerca del juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas. Recibir newsletter Al procesarla en esta causa, el juez Bonadio determinó que los subsidios correspondientes al sistema ferroviario son parte de una "maniobra delictiva" que se estructuró desde el extinto Ministerio de Planificación Federal. Esta asociación ilícita -indicó el magistrado- "desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente". En la resolución del juez -en su momento-, se detalló que Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; y Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, como "partícipes de la maniobra", generaron un millonario perjuicio al Estado. Además, en esa oportunidad fuero procesados los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, quienes se convirtieron en imputados colaboradores al admitir el pago de coimas por subsidios a los trenes y subterráneos. En ese contexto, Bonadio incluyó en la maniobra a Sergio Taselli, a Claudio y Mario Cirigliano. Todos ellos con embargos de 300 millones de pesos. Pero en la resolución de este martes, la Cámara cambió los procesamientos a estos dos últimos empresarios por faltas de mérito: es decir que los camaristas no encontraron pruebas lo suficientemente claras para mantenerlos, aunque tampoco las hay para sobreseerlos. Según estableció la justicia, la maniobra consistía en entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas. Bonadio determinó que las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles "pagaban a Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional". Los pagos a los funcionarios públicos "habrían sido ordenados y/o efectuados entre mensual y trimestralmente por Aldo Roggio, por Metrovías S. A. ; Benjamín Romero, por Ferrovías S. A. ; Roberto Urquía y Romero, por Ferrocentral S.A.". También se involucró a Carlo Cappelli por Sociedad Operadora de Emergencia S. A. ; a Sergio Cirigliano, por Trenes de Buenos Aires S.A. -TBA-; y Sergio Taselli y Julio José Forastieri, por Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. Transportes Metropolitanos San Martín S. A y Transporte Metropolitanos General Roca S.A. Las entregas de dinero se realizaban, según el juez, "en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas". Para Bonadio indicó, los funcionarios "organizaron a los particulares para apropiarse de un porcentaje del dinero correspondiente a subsidios nacionales entre los años 2003 y 2012″. El juez calculó que durante un tramo del gobierno kirchnerista se entregaron 15 mil millones de pesos en subsidios, con una percepción de sobornos por encima de los 780 millones.
