WASHINGTON. - En un duro y anticipado revés para la Argentina, la Corte de Suprema de Justicia de Estados Unidos le asestó el golpe final a la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para desactivar la multimillonaria demanda del fondo Burford por la estatización de YPF y dio la luz verde definitiva para que el juicio continúe en Nueva York. Meses de presentaciones judiciales, gestiones diplomáticas, viajes a Washington y Nueva York y el diseño de una estrategia judicial pulida resultaron inocuos para convencer a la Justicia de Estados Unidos, que ante cada oportunidad ha validado los argumentos presentados por el fondo Burford, dueño de uno de los principales juicios contra el país, valuado por abogados argentinos en unos US$3000 millones. Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que declinó escuchar un pedido presentado por la Argentina sobre la demanda por la estatización de la petrolera, en 2012, una decisión que dejó en firme los fallos anteriores de la Justicia de Estados Unidos, desfavorables para el país. Tras la decisión del máximo tribunal, las acciones de Burford se dispararon, y la firma anunció la venta de un 10% adicional de su reclamo a 11 inversores institucionales por US$ 100 millones, lo que implica un valor total para su demanda de 1000 millones de dólares. Burford indicó que retiene el 62, 5% del juicio. La apuesta de la estrategia oficial, comandada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, era que el máximo tribunal norteamericano tomara el pedido y, en última instancia, desestimara la demanda en Estados Unidos para "mudar" el juicio a la Argentina. De esa manera, en el Gobierno esperaban que Burford desistiría de litigar porque tendría escasas chances de imponerse, y para iniciar el juicio debía pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria. Pero no sucedió. Ahora, la demanda por la estatización de YPF seguirá su curso en el tribunal de la Corte de Distrito de Nueva York de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, y una figura clave para el futuro argentino, no sólo por la demanda por YPF, sino también porque tiene otras dos demandas importantes contra el país. Antes de emitir su opinión, la Corte le había pedido al procurador General de Estados Unidos, Noel Francisco, el abogado de la Casa Blanca ante el máximo tribunal, su opinión sobre el caso. A mediados del mes pasado, en un revés que anticipó el desenlace final conocido hoy, Francisco había recomendado desechar el pedido argentino. Eso, pese a las gestiones diplomáticas y legales del gobierno de Mauricio Macri en Washington para que el gobierno de Trump, un aliado de la Casa Rosada, ayudara en la difícil misión de obtener una decisión favorable para la Argentina. No ocurrió. Los demandantes sostienen que, al momento de la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner violó los estatutos de la compañía, según los cuales debía hacerse una oferta al resto de los socios de la petrolera. El Gobierno intentó desestimar la demanda en EE.UU. amparado en el argumento de que la expropiación de YPF fue un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés). Preska y la Corte de Apelaciones de Nueva York coincidieron con Burford, al considerar que la demanda estaba basada en la violación de los estatutos de YPF, y no en "los actos soberanos de intervención y expropiación de la Argentina". Burford, un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho, adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF, en 2008. El Gobierno ahora concentrará sus esfuerzos en España y en el tribunal de Preska para intentar obtener un desenlace favorable. Fuentes oficiales esperan que la herramienta del "discovery" permita encontrar nuevos argumentos, como, por ejemplo, demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta, algo que la familia niega taxativamente. Pero el juicio por YPF en los Estados Unidos se cruza también con los caminos que tejerá la política argentina a partir de octubre. La estrategia oficial difícilmente subsista un triunfo kirchnerista. Dicho de otra manera: ¿Se atreverá el eventual presidente Alberto Fernández a cuestionar la transparencia de una operación favorecida por el gobierno del que él formaba parte y salpicar la gestión de los Eskenazi, de la cual él fue asesor? La práctica judicial no tendría dificultades con eso, aunque desde el punto de vista político se trataría de un entuerto. El principal artífice de la estatización de YPF fue Axel Kicillof, hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien se negó de manera rotunda a extender la oferta de expropiación a todos los accionistas de YPF. "Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF", había dicho Kicillof, en 2012.
