Luego de presentar este martes la elevación parcial para que vaya a juicio oral la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que la resolución está apoyada en una "cantidad enorme de pruebas" y valoró las declaraciones en calidad de arrepentidos del "entorno duro" de Santa Cruz. Al mismo tiempo, evitó referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner. "Hablando de pruebas creo que es una causa donde hay una cantidad enorme. Son numerosísimas, empezando desde el punto de partida, que son las fotocopias", comenzó Stornelli sobre el caso que estalló en agosto pasado y derivó en una lluvia de empresarios y ex funcionarios arrepentidos, y sacudió el mundo político y económico. "Al principio era increíble la cantidad de datos que pudimos corroborar de manera exhaustiva. El razonamiento que hicimos fue que era imposible que eso estuviera fabricado. Era imposible que alguien tuviera esa cantidad de detalles comprobables y comprobados", contó a TN el funcionario que reiteró que en su carrera como fiscal (lleva 26 años en el cargo) y sus casi 40 años trabajando en la Justicia nunca vio "tanta cantidad de pruebas" para la investigación de una misma causa. "Cientos de pruebas corroboraron que estábamos en lo cierto y cuando apareció el autor (Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido) dijo claramente ésta es mi letra, corresponde a lo que escribí y se corresponde a la realidad. Pero antes de eso ya había escuchas telefónicas, cruce de llamados, filmaciones, corroboraciones de datos", continuó. Considerando contar con la carga probatoria suficiente, Stornelli firmó hoy la elevación a juicio parcial del caso que comenzó el 31 de julio del año pasado cuando fue detenido Centeno. "Por una organización de tareas las causas se subdividieron. Lo que se elevó hoy es parte de las imputaciones que aparecían directamente de los datos de cuadernos. Es el primer tramo que la fiscalía ya juzgó y está acreditado para elevar", explicó. En un escrito de 678 páginas –las mismas que requirió el último procesamiento de Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía -a cargo además del fiscal Carlos Rívolo– pidió mandar a juicio por como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente Cristina Kirchner, y como organizadores de esa banda al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernesto Clarens. A José López, el ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito que se convirtió en arrepentido, la fiscalía lo consideró un miembro más -pese a la que la Cámara Federal lo consideró a la hora de los procesamientos un organizador-. Sobre la situación puntual de Cristina Kirchner, Stornelli optó por no emitir opinión alguna. "Preferiría no hablar sobre una persona que está imputada, me parece innecesario. Respeto profundamente el derecho de la defensa", apuntó. Por otra parte, Stornelli se mostró sorprendido por las declaraciones del "entorno duro santacruceño", que de acuerdo a su apreciación, "tienen un doble valor o doble mérito" entre los imputados que han colaborado. "En el caso de varios de ellos, he visto un acto de valentía y decisión. Quizá para el empresarios era más fácil contar las cosas que habían pasado, pero para alguien con quien había compartido tanto tienen doble mérito. Hay otros que sorprendieron también, secretarios y personas allegadas que nos permitieron probar claramente cómo se había cartelizado la obra pública, los testimonios que brindaron Wagner y el propio Clarens ayudaron a establecer cómo era esa ingeniería de corrupción", señaló. En la resolución de hoy el fiscal apuntó por cohecho activo (haber pagado coimas) a los empresarios Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raúl Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y Claudio Glazman. Y por haber recibido dinero (cohecho pasivo) se pidió mandar a juicio al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su asesor Hugo Larraburu; y a los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río. SEGUÍ LEYENDO: En la acusación por la causa de los Cuadernos, el fiscal Stornelli citó un libro de Alberto Fernández
