Cuando el coronel de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver Vásquez llegó hace una semanas en calidad de detenido a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, la reacción de oficiales presos fue de protesta. Muchos son sus víctimas; están allí porque él los envió a la cárcel siendo Juez Militar. Los custodios debieron trasladarlo a un área distinta de los inmundos sótanos que sirven de cárcel a muchos militares imputados por conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Peñalver Vásquez fue un verdugo en el Tribunal Militar de Vargas, en el Tribunal Militar 2° de juicio de Maracay (Aragua) y en la Corte Marcial. Ahora cayó en desgracia porque los cuerpos de Inteligencia lo acusan de estar involucrado en los sucesos de la Operación Libertad del 30 de Abril, que lideró Juan Guaidó en las inmediaciones de la base aérea La Carlota. Le aplicaron al coronel lo mismo que permitió que le hicieran a varios de los militares cuyas causas él sentenció. Lo allanaron sin orden previa, lo detuvieron sin que así lo decidiera juez alguno, lo incomunicaron por unos días, le abrieron un expediente con actas fabricadas. Y para colmo, Nicolás Maduro lo expulsó de la Fuerza Armada y lo degradó "por traición a la patria". Con el decreto 3.855 Maduro consideró que el coronel Ramón Alí Peñalver Vásquez forma parte del grupo que ha pretendido mediante "actos hostiles, medios violentos y desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, cambiar la forma republicana de la nación, poniendo en peligro la independencia, soberanía y la integridad del territorio". Lo consideró indigno de pertenecer a la FANB "por haber violentado con su conducta los valores y principios que representan a la institución militar". El decreto indica que la decisión "implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales". Le abrieron una investigación penal "a los fines de determinar la existencia de los elementos de modo, tiempo y lugar que permitan precisar el tipo de responsabilidad". Según consideró Maduro el oficial, junto a un general, fueron contactados por sectores de oposición para llevar a cabo un intento de rebelión el 30 de abril. Casos emblemáticos Son muchos los expedientes que durante años tuvo en sus manos el ahora coronel Peñalver Vásquez, actuando al servicio de la justicia militar, sin cumplir con los mínimos derechos de los imputados. Como evidencia de eso es el general del Ejército Ángel Omar Vivas Perdomo, quien narra lo que ocurrió la mañana del día miércoles 28 de abril del año 2010. "Luego de haber enfrentado una investigación penal militar que duró más de dos años, me encontraba en el Fuerte Militar Tiuna, en la sala de audiencias de la Corte Marcial de la República, sentado en el banquillo de los acusados escuchando al "Juez" Militar, Mayor de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver, ordenar llevarme a Juicio Militar en el Consejo de Guerra de Caracas acusándome de haber cometido los delitos militares de insubordinación, desobediencia y falta al decoro". Estaba ahí, dice, "por haberme opuesto en el año 2007, cuando todavía era un General en servicio activo, a que Hugo Chávez, primer Procónsul cubano en Venezuela, impusiera el lema cubano "patria, socialismo o muerte" a la entonces FAN venezolana. Por oponerme a lo que fue la punta del iceberg de toda la tragedia que vive Venezuela hoy". La historia del general Vivas se resume en que fue detenido, incomunicado, torturado, violentado sus derechos y negado el debido proceso judicial. Golpe Azul Peñalver, quien ascendió a coronel de número 46, según resolución 014724 del 29 de junio 2016, manejó otro caso simbólico, el del Golpe Azul, como se llamó a la supuesta planificación de una rebelión donde fundamentalmente participarían oficiales de la Fuerza Aérea Militar y que se habría planificado el 12 de febrero de 2015. El 12 de enero de 2017 los coroneles José Lucindo De LaCadena Toledo y Ramón Alí Peñalver, así como el Tcnel. (AV) Willelvis Soto, como jueces del Tribunal Militar Segundo de Juicio Accidental de Maracay, sentenciaron a cinco militares y tres civiles, señalados de participar en ese supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro. De cinco a ocho años de prisión fueron condenados los primeros tenientes Henry Javier Salazar Moncada, Carlos José Esqueda Martínez, Petter Alexander Moreno Guevara, Ricardo José Antich Zapata y Luis Hernando Lugo Calderón, por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Además de tres civiles: Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista, Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, y Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero. Hay jueces, fiscales y defensores públicos militares que actúan desde el poder con la mayor crueldad, sin respeto por la carrera, la libertad, la familia, los bienes o simplemente los derechos de los militares detenidos, sintiéndose protegidos porque obedecen los caprichos del poder de turno, sin asumir que en un escenario como el que vive Venezuela con la administración de justicia, cualquier día puede caer bajo sospecha y entrar en la misma centrífuga que antes ayuda a mantener en funcionamiento. La revolución es un trapiche que va exprimiendo y desechando personas. No importa cuánto le sirvan, aunque lo hagan por años, basta una sospecha para entrar en desgracia y el victimario se convierte en víctima como ha sucedido con el juez Peñalver Vásquez. MÁS SOBRE ESTE TEMA:
