Comenzó la primera parte del proceso de mudanza de más de 600 familias de la villa Rodrigo Bueno, en la Costanera Sur. Entre el entusiasmo y la incertidumbre, los vecinos dejan atrás las viviendas precarias que habitaron durante años, algunas construidas sobre palafitos, otras por debajo de la cota cero. Casillas apiñadas unas sobre otras, sin ventilación, pisos de tierra en muchos casos, y paredes de ladrillo sin revoque. Dejan atrás también esa sensación de humedad que cala en los huesos, que se siente como que el frío jamás se va. El complejo de viviendas fue construido en un terreno ubicado hacia la derecha del ingreso principal de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Durante décadas, ese predio estuvo copado por malezas y montañas de residuos de obra; además funcionaba un depósito de autos secuestrados por la Policía. Este espacio terminó siendo clave, porque permitió que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) comenzara allí la construcción de 46 edificios, distribuidos en ocho manzanas. En la villa Rodrigo Bueno hay 46 edificios, todos de tres pisos. Foto: Luciano Thieberger. Recibir newsletter Ahora comenzó la mudanza de los vecinos que se encuentran en los sitios más vulnerables del barrio y los que tienen sus casas sobre la futura traza de calles y espacios que serán de usos comunes. Porque el "barrio histórico", como lo llaman los vecinos, continuará existiendo. Se estima que hay unas 1.000 familias: 612 se mudarán al "barrio nuevo" y el resto se quedará en el original, pero con sus viviendas renovadas. Anita Colán Chumpitas fue una de las primeras vecinas en mudarse. Mientras charla con Clarín, corta y acomoda con detalle el papel aluminio con el que envuelve tamales. Anita ayuda a su hija, que tiene un pequeño emprendimiento gastronómico. Tiene 62 años, nació en Lima (Perú), y llegó al país en 2000, con la idea de quedarse sólo por unos años. "Pero aquí estamos. Llegaron los nietos, nuestros hijos trabajan, así que ya estamos totalmente instalados", cuenta. En el departamento vivirá con su marido y dos hijos solteros. A diferencia de lo que ocurre en otros barrios con la vivienda nueva, los vecinos de Rodrigo Bueno ya saben cuanto van a pagar por sus departamentos. En el caso de Anita y su familia, serán $ 9.800 por mes y una actualización anual. Aparte, los servicios: "Pero el tema de las tarifas no nos preocupa tanto, porque en Perú los servicios son carísimos, así que tenemos la cultura de cuidar muy bien los recursos", contó. Su mayor preocupación hoy es su hija, que acaba de tener un bebé y tiene miedo de quedarse sin su trabajo cuando deba mudarse. Sucede que en las villas muchos vecinos trabajan y dan servicios en sus propios barrios, desde comida, hasta comercios y herrería. Este es el motivo por el que muchos resisten las mudanzas. Lucas Randle es funcionario del IVC y le aseguró a este diario que una parte de la infraestructura del barrio tiene que ver con esa problemática, y que "por eso se construirá una zona pensada para todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Además, en la planta baja de los edificios se construyeron locales comerciales. La idea es que en un futuro los vecinos que vienen de visita a la Costanera y a Puerto Madero vayan más allá del ingreso a la Reserva y lleguen hasta estos puestos gastronómicos". Anita Colán Chumpitas, una de las vecinas que tiene vivienda nueva. Foto: Luciano Thieberger. Los edificios son de planta baja y cuatro pisos, y todos los departamentos tienen balcones. "Más chicos o más grandes, pero tenemos balcones como todos los edificios de la Ciudad. Fue un requerimiento de los vecinos, de la misma manera que pedimos que el 'barrio histórico' tenga a futuro los mismos servicios que el nuevo. El logro vecinal es que pudimos mostrarle al Estado que nosotros habitamos los barrios y conocemos las necesidades que hay", dijo Diego Armando González, uno de los cuatro delegados del barrio. "Lo más visible es la obra, pero la mayor innovación es que pudimos desarrollar esquemas participativos con los vecinos y los delegados. La política pública se queda corta en representación si no incluye a los vecinos", aportó Juan Maquieyra, presidente del IVC. La mayor incertidumbre respecto a este proyecto tiene que ver también con la coyuntura económica de crisis. Las familias se encuentran ante un panorama muy complejo: cómo afrontar el pago de los servicios públicos y el crédito hipotecario a la vez. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad vienen haciendo hincapié en este tema: "Se trata de un shock económico para las familias, que pasan de la informalidad a la formalidad. Quizá el valor de la vivienda puede llegar a ser lo menos importante, porque acceden a créditos blandos y en un contexto inflacionario, en pocos años pasarán a pagar muy poco. Pero los servicios y las expensas podrían llevarse un porcentaje enorme de un ingreso familiar", explican en esa ONG. Para bajar este impacto, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad están desarrollando un sistema que permita asistir esta situación, similar al que maneja AySA, llamado "caso social": "La figura de no es arbitraria, sino que surge de las declaraciones juradas de cada familia", explicó Federico Berardi, director del área de villas en la Defensoría. Y destaca un tema central relacionado con el barrio: "Se pasó de la erradicación a la urbanización. Ahora queda por resolver demandas muy básicas, por ejemplo agua potable en la manzana 3, donde los vecinos se proveen a través de una bomba", agregó. Otra situación que cambia a partir de la mudanza es la organización consorcial. Desde el IVC aseguran que capacitarán y acompañarán a los vecinos en los próximos seis meses. Para muchos será un aprendizaje, porque jamás tuvieron que compartir gastos, solucionar roturas o mantener limpio espacios comunes. El tiempo dirá si lo logran por sí solos o si la Ciudad deberá intervenir antes de que los edificios terminen degradados, como la enorme mayoría de los conjuntos de departamentos construidos por el Estado.
