Las escuchas ilegales ahora también se extendieron al penal de Marcos Paz, donde Luis D´Elía fue interceptado en un diálogo con su abogado. Además, la conversación en la que Roberto Baratta –detenido en Ezeiza– menciona la situación del fiscal Carlos Stornelli no era con Juan Pablo Schiavi, como se difundió, sino que todo indica que también la charla era con su abogado defensor. El objetivo de la mentira es, entre otras cosas, que la escucha pueda tener algún tipo de recorrido en los tribunales sin que sea descartada de inmediato por la Justicia, ya que no puede ser utilizada como prueba una grabación entre un abogado y su defendido, lo que violaría el secreto profesional. El audio difundido de Roberto Baratta no es –como se intentó mostrar– un diálogo con Juan Pablo Schiavi, también preso en el mismo lugar. La charla telefónica sería entre Baratta y su abogado defensor Juan Pablo Alonso. La mentira tiene un objetivo claro: darle viso de legalidad a algo que es absolutamente ilegal y atenta contra las garantías constitucionales y el derecho a la defensa. El programa La Cornisa, de Luis Majul, sostuvo que Baratta y Schiavi planeaban una estrategia para desplazar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de las fotocopias de los cuadernos. En esa escucha ilegal Baratta dice: “Empezá a hablarlo con Beraldi, y con Rusconi y con los que ya conocés. Me parece que tenés que hacerlo urgente. No puede seguir al frente de la causa un tipo al cual se lo encontró recibiendo guita. Y que te extorsionó a vos, que lo extorsionó a Silvestroni...”. “A vos”, dicen que contesta Schiavi. Pero no es el ex funcionario de Transporte quien está del otro lado de la línea, sino que sería su abogado. Lo que Baratta le pedía era que articulara entre las víctimas de las extorsiones de la banda de Marcelo D’Alessio para denunciar al fiscal en rebeldía, acusado, entre otras cosas, de extorsionar a imputados para direccionar sus declaraciones en la causa de los cuadernos y de planear cámaras ocultas a algunos de los abogados en cuestión. “Me parece que tienen que hacer algo rápido. No te podés quedar con los brazos cruzados. Acá hace calor y estamos en cana, Juan Pablo”, dice Baratta. Ese Juan Pablo al que Baratta le habla sería Juan Pablo Alonso, no Schiavi. Además, Schiavi y Baratta están detenidos en Ezeiza, por lo que la conversación telefónica no podría haber sido entre ellos. La información tergiversada fue emitida en el mismo momento en que Stornelli estaba como invitado en el programa del canal América. Justamente, es el fiscal rebelde quien sostiene que los “presos K” armaron la causa de Dolores –en lo que los medios afines al oficialismo denominaron “Operación Puf”– para supuestamente voltear la causa de los cuadernos. Ese es su argumento para no responder al llamado a indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla y continuar en la causa judicial que él mismo inició en Comodoro Py y que hoy instruye Claudio Bonadio. Las “pruebas” que Stornelli aportó sobre el supuesto complot son, precisamente, las escuchas ilegales a los detenidos. El fiscal dice haberlas recibido de manera anónima, en un sobre que llegó a su despacho del quinto piso de los tribunales de Retiro. Schiavi, detenido por la tragedia de Once, hizo la denuncia por haber sido escuchado ilegalmente: casualmente, la presentación recayó en el juzgado de Bonadio. En los últimos días se filtró una charla de Luis D’Elía, el dirigente social preso por una protesta en la comisaría de La Boca. El diálogo es con su abogado Adrián Albor. Ambos hablan en código, ya que sabían que podían estar siendo espiados. Se trata de una conversación sobre la estrategia de defensa. Pero como no tiene impacto político alguno no fue difundida por los programas de televisión que usan habitualmente este tipo de material para sus informes. El audio fue divulgado en el programa ADN, que se emite por C5N, para mostrar que ahora no sólo escuchan a los ex funcionarios detenidos en Ezeiza, sino también a quienes están en Marcos Paz. Diversos abogados de causas federales, quienes habitualmente visitan a sus defendidos detenidos, señalaron que sospechan de un sistema de inteligencia ilegal dentro de los penales. “Hay un rumor de que el Sistema Penitenciario tiene un sistema ilegal de inteligencia”, le dijo Albor a PáginaI12. Lo mismo afirmó el abogado de Pablo Moyano, Daniel Llermanos, quien asegura que armaron una suerte de “set televisivo” para grabar los encuentros entre los presos y sus letrados. “Siempre los abogados pudimos entrar de a diez o de a quince a ver a nuestros defendidos porque hay doce o catorce locutorios contiguos. Pero ahora, en estas causas sensibles, cuando uno va a ver a los llamados presos vip, nos dejan entrar solamente de a uno y el diálogo es en una sala especial. Todos creemos que es porque tienen un solo estudio de grabación en el pabellón”, dijo el abogado. Llermanos relató que, cuando fue a ver a Fabián De Souza, al otro día alguien le contó casi textualmente parte de lo que había hablado con el empresario preso. “Las escuchas ilegales no solo afectan el derecho a la intimidad, sino que se constituyen en una afectación al derecho de defensa en juicio”, advirtió Albor, quien además alertó sobre la situación de los detenidos en causas políticas en la era Macri y la violación al derecho a la intimidad: “El Estado mete presa a una persona por las dudas de que resulte responsable de un delito. Lo separan de su abogado defensor a 100 km. de distancia (y otros 100 de vuelta), impidiendo el diálogo fluido en el momento más sensible del proceso. Y ahora hasta nos quitan la herramienta de poder dialogar con tranquilidad por teléfono”. El origen de las numerosas escuchas que están siendo difundidas podría ser diverso. Como sospechan los abogados, podrían surgir del propio Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia. Pero también muchas de ellas fueron ordenadas legalmente por el juez Federico Villena, quien investigaba a Mario Segovia, el denominado “Rey de la Efedrina”, detenido en Ezeiza. En ese caso, los audios no relacionados debieron ser destruidos como indica la ley. Sin embargo, Villena le envió una copia a Bonadio antes de ordenarle a la AFI la destrucción. En ese camino, alguien filtró las cintas para su difusión mediática y hasta para ser usadas como insumo para armar causas judiciales en contra de funcionarios del gobierno anterior, a pesar de su total ilegalidad.
