El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla le pidió hoy al presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Angel Pichetto, que le permita acceder a las escuchas telefónicas de la llamada "Operación puf", en donde se escucha a un grupo de detenidos y ex funcionarios kirchneristas hablando de la causa que se estaba por iniciar el caso por el que terminó preso el falso abogado Marcelo D'Alessio. El planteo de Ramos Padilla viene después de haber pedido las pruebas para poder defenderse en el marco de la causa que se abrió en su contra en el organismo que elige y controla a los magistrados, y que allí mismo se las hubieran negado por expreso pedido del juez Claudio Bonadio. "Resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal 'material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520″, sostuvo la presentación del juez Ramos Padilla, que formaliza su padre, José María Ramos Padilla, designado para defenderlo. Ramos Padilla añadió: "Habrá que determinar urgentemente cómo es que pudo filtrarse a la prensa un material tan altamente clasificado al punto tal que su acceso se ha negado y postergado al propio juez denunciado que es quien, precisamente, debe conocer en base a qué elementos probatorios se fórmula su acusación". Mientras tanto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitó audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, para manifestarle "su escozor por el festival de escuchas y solicitó se inicien las investigaciones del caso". Según informó hoy el abogado Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio, "la Corte es coincidente con la preocupación y se comprometió a hacer lo posible". De la Corte Suprema depende la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que interviene en la interceptación de escuchas telefónicas legales. El caso de las escuchas judiciales tomó vuelo hace diez días cuando dos programas periodísticos, La Cornisa y Periodismo Para Todos, pusieron al aire una serie de grabaciones o transcripciones que habían sido tomadas en la cárcel de Ezeiza y en donde se ventilaría lo que se dio en llamar la "operación puf". A principios de febrero, cuando estaban por publicarse las primeras denuncias sobre D'Alessio y su relación con el fiscal Carlos Stornelli en Pinamar, la diputada Elisa Carrió denunció por twitter que se estaba gestando una operación para voltear la causa de los cuadernos. Días después, las diputadas aliadas Paula Olivetto y Mariana Zuvic se presentaron en Comodoro Py para presentar una denuncia penal. El caso recayó en manos del juez Claudio Bonadio, el mismo que interviene con Stornelli en la megacausa de los cuadernos. Stornelli, en tanto, había hecho una presentación similar en base a un anónimo que había llegado a su juzgado y que por sorteo recayó en manos del juez Luis Rodríguez. Las pruebas de la acusación inicial de Carrió fueron unas transcripciones en base a escuchas que, se sabría después, habían sido ordenadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena en teléfonos de las cárcel de Ezeiza. El objetivo de Villena era investigar al narcotraficante Marcos Segovia para saber si estaba planificando un atentado terrorista, pero las grabaciones incluyeron a varios presos kirchneristas en donde se los oía hablar de la denuncia que estaba por radicar en Dolores. Villena había ordenado destruir el contenido de esas escuchas que no eran de interés para su causa. No obstante autorizó a que, de haber una copia, se le permitiera acceder al juez Bonadio cuando le requirió el material. Fue así que el juez de Comodoro Py ordenó incorporar las desgrabaciones de esas conversaciones primero a la causa de los cuadernos y después al expediente que se abrió por impulso de la diputada Carrió. Hace unos días, parte del contenido de esos diálogos o transcripciones se escucharon en dos programas de televisión. Allí podía verse que ex funcionarios Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi o Eduardo Valdez hablaban de una causa que estaba por radicarse en Dolores. "Operacion Puf" sale incluso de una expresión que pronunció Valdés, el ex embajador ante el Vaticano durante el kirchnerismo, en donde vaticinaba que Bonadio y Stornelli quedarían en jaque. Con la difusión publica de estas escuchas, el fiscal Stornelli reapareció en distintos medios para justificar su situación de rebeldía en la causa de Dolores, donde fue citado a indagatoria en cinco oportunidades, e insistir en que querían voltear la causa de los cuadernos. Mientras tanto, hace una semana, la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura decidió en una votación dividida informarle a Ramos Padilla que avanzaba una causa en ese organismo en su contra. La denuncia inicial en su contra había sido motorizada por el propio Gobierno luego de la intervención de Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados hablando por primera vez públicamente del expediente que tenía en sus manos y pasando audios de D'Alessio dejándole mensajes a Paula Olivetto. Lo cierto es que en el marco de esa denuncia que avanza en su contra Ramos Padilla pidió conocer oficialmente el contenido de las escuchas y se le negó. Según relata en la carta que publica aquí Infobae, Juan María Ramos Padilla, defensor y padre del juez, le pidió a Pichetto que le habilite conocer las escuchas que tuvieron difusión por la prensa y a él se le están negando. En la presentación, Ramos Padilla detalló que "el 24 de mayo del 2019 el juez Claudio Bonadio remitió las escuchas" de la operación puf al Consejo de la Magistratura y dos días después esos audios fueron difundidos en los programas de La Cornisa y PPT. Agrega que "el 28 de mayo la Comisión de Disciplina y Acusación intempestivamente -dado que no se encontraba en el temario de la sesión- resolvió notificar al juez de Dolores para informarle de la acusación en su contra" en el marco del llamado artículo 11. Y que un día después el juez fue formalmente notificado sin que se le entregara "ninguna documentación vinculada a las acusaciones en su contra". El 30 de mayo, en tanto, el juez Ramos Padilla se presentó ante el Consejo de la Magistratura y solicitó "acceder a la prueba" reunida en su contra, pero "se le comunicó que por expreso pedido del juez Claudio Bonadio no podrían serle exhibidas ni entregaras las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza que se encontraban incorporadas a las actuaciones". La defensa de Ramos Padilla subrayó: "Ese oficio es del 29 de mayo, es decir, el mismo día en el que se le notifica personalmente que puede ir al Consejo a examinar la prueba en cuestión". Ramos Padilla reclamó que se le pusiera a su disposición "la totalidad de la prueba para ejercer debidamente su defensa y se suspendan los plazos hasta tanto de ello ocurra". En su nota a Pichetto, la defensa de Ramos Padilla planteó que "resulta irónico que se le niegue a su defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más y nada menos que el debido derecho de defensa cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520". Se quejó así de tener que conocer en una forma "parcial y sesgada" la prueba en su contra "por vía de los medios de prensa donde el material supuestamente clasificado es continuamente filtrado". El propio Ramos Padilla también señaló que el Colegio Publico de Abogados exhortó a los poderes públicos del Estado, en especial al Poder Judicial, "a poner un límite a este tipo de violaciones". Algunas de las escuchas que se difundieron incluían conversaciones entre detenidos y sus defensores.
