"Si llego a presidente, no voy a perder ni un minuto en perseguir a nadie del gobierno anterior", aseguran que dice Alberto Fernández para buscar apaciguar el temor que despierta en un sector importante de la población el posible triunfo de la fórmula K, en la que fue ungido como candidato a presidente por Cristina Kirchner, secundado por la ex mandataria. En su entorno sostienen que no quiere que "nadie padezca lo que se está viviendo ahora con la Justicia". Se refieren a lo que el kirchnerismo viene sosteniendo desde la llegada de Mauricio Macri al poder: que las causas judiciales por corrupción contra su jefa y otros ex funcionarios K son parte de "una persecución política". Fernández coincide con esta visión y está convencido que la ex mandataria "está injustamente perseguida". Sin embargo, destaca su fortaleza personal para enfrentar esa "persecución", y comentan que más de uno lo escuchó admitir que él "no hubiera soportado tanto". Quienes lo tratan, cuentan que está ofuscado por las críticas que recibió por su frase en una entrevista con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, en la que dijo que había que "revisar" varias sentencias y que los jueces iban a tener que que "explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Fue justo antes de que se anunciara su candidatura, y si bien luego lo ratificó, se queja de que su frase fue en réplica a una aseveración de la periodista y repite que "cada poder responde por sus actos de gobierno; el de los jueces son sus sentencias". Sin embargo aclara que serán los organismos e instancias correspondientes los que deberán hacerlo, no el Poder Ejecutivo. En su entorno aseguran que sus críticas al Poder Judicial no se refirieron a toda la Justicia, sino básicamente a la Justicia Federal, la de Comodoro Py. En su diagnóstico, "la Justicia está constituida como un apéndice del poder de turno", suele decir. Sabe de qué habla después haber estado en la Casa Rosada cuatro años y medio, un período en el que la Justicia se doblegó y no avanzó contra ningún funcionario en el poder durante el kirchnerismo. Al año de llegar al Gobierno, Néstor Kirchner designó a tres de los jueces federales que están en Comodoro Py: Julián Ercolini, Ariel Lijo y Daniel Rafecas. El cuarto, Guillermo Montenegro, se pasó luego a la política y milita hoy en las filas de Cambiemos. El quinto, Eduardo Freiler, asumió como camarista federal también en 2004, y fue destituido en 2017 por el Consejo de la Magistratura, mediante una muy polémica mayoría circunstancial que consiguió el actual oficialismo por unas horas. "Hubiera sido un escándalo si hacían lo hicieron con Freiler en el kirchnerismo, y en este Gobierno pasó como si nada", se queja, según cuenta un allegado que habló con él de este tema. Sin embargo, Fernández es hijo de un juez y nunca dejó de tener trato con varios de los que ocupan despachos en los Tribunales Federales de Retiro. Por eso no cree que "todos los magistrados sean iguales". Como abogado y docente de Derecho en la Universidad de Buenos Aires desde 1992- suele repetir que "hay jueces de todas las calidades". El Consejo de la Magistratura en la mira El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner (suele aclarar que estuvo solo seis meses con la ex presidenta hasta dar un portazo por el conflicto con el campo a mediados de 2008) está convencido que el eje del problema y la solución para la Justicia está en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y destituir jueces. Quienes lo frecuentan en el espacio político que él gestó -bautizado Grupo Callao- mencionan que suele citar un estudio de la Universidad de José C. Paz, según el cual en el 70% de los concursos en el Consejo de la Magistratura, el orden de mérito luego del examen escrito, se ve alterado por la entrevista personal con el candidato. Este grado de "discrecionalidad" en la conformación del listado de candidatos a magistrados es clave para Fernández, y cree debería ser revisado. A favor de Macri reconoce que "no es de este gobierno, sino de siempre". Defensa de Cristina en el banquillo Muy crítico del proceso judicial que la llevó a su compañera de fórmula al banquillo de los acusados en el primer proceso oral por la obra pública, Fernández cree que a Cristina "la metieron en el juicio por la ventana". Es la única por la que -sostienen en su entorno- pone las manos en el fuego. Pero su defensa "política y jurídica" a la ex mandataria termina en ella. Sus allegados aseguran que no va a salir a defender a Báez ni a ninguno de los ex funcionarios kirchneristas, que "le hicieron la vida imposible cuando estuvo en el gobierno". Aseguran que está convencido que la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques contra la ex mandataria no tiene sustento, y descalifica los argumentos del juez Ercolini de la elevación a juicio, pese a que fue su alumno en la Facultad. En línea con lo planteado por la defensa de la ex presidente, representada por el reconocido penalista Carlos Beraldi, afirma que los presupuestos de obra pública para Santa Cruz, eran aprobados siempre previamente por el Congreso. El ex jefe de Gabinete tenía previsto acompañar a la ex presidenta en el inicio del juicio oral la semana pasada, aunque finalmente no fue porque no iba a poder estar dentro de la sala, ya que está convocado como testigo en su calidad de ex jefe de Gabinete, entre cuyas responsabilidades estaba la asignación presupuestaria. La ex presidenta está acusada en este juicio conocido como el de "Vialidad" de ser parte de una asociación ilícita junto a otros 12 procesados. La causa se inició a partir de una denuncia de la Dirección Nacional de Vialidad luego de una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias del matrimonio Kirchner, que determinó que entre 2003 y 2015 hubo una concentración de obras de casi el 80% de las obras en media docena de compañías pertenecientes a Báez. En total, a valores actualizados, Baéz recibió contratos por $ 46.0000 millones en esos doce años. Además, Vialidad identificó una "desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas". Entre los años 2012 y 2015, el Estado nacional tenía una demora de pago promedio de 60 días para el Grupo Austral Construcciones mientras que con el resto de las empresas era de 207 días. Cuando le preguntan sobre la cantidad de obras que no se terminaron o tuvieron sobreprecios de más del 50%, refuta que "según la pericia de Vialidad, las obras adjudicadas a Lázaro Báez sí se terminaron" y solo señala como excepción la de la Circunvalación de Caleta Olivia. Sin embargo, el dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques señala que de las 51 obras adjudicadas al Grupo Báez fueron terminadas s26, sólo 2 en el tiempo previsto, y en una sola obra – un tramo de la Ruta Nacional N° 281- se cumplió con el monto pactado en el contrato original. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del monto estipulado en un primer momento, como en el caso de la Ruta Nacional N° 3, en el tramo de la Avenida Circunvalación en Caleta Olivia. Negocios con contratistas del Estado Fernández suele admitir entre sus íntimos, sin embargo, que fue "un error político" de Cristina mezclar los negocios familiares con contratistas del Estado, como Báez o Cristóbal López. Se refiere así a las causas Hotesur y Los Sauces, donde la ex presidenta y sus hijos están procesados por lavado de dinero, luego de quedar bajo la lupa los alquileres de sus hoteles y propiedades de la inmobiliaria familiar casi exclusivamente por parte de los dos empresarios patagónicos. Sobre Cristóbal López, en su entorno, relatan que está enojado porque "se instaló en los medios" que fue abogado del empresario del juego y de medios K, hoy preso. "Jamás fue abogado de Cristóbal. Cuando fue el intento de traspaso de Indalo a (Ignacio) Rosner (que luego la Justicia no habilitó), los empleados de C5N lo consultaron para que averigue sobre la transferencia del Grupo y les dé una mano". También explican que la factura fue emitida por OIL producto de "un error de Rosner", "fue anulada y nunca se cobró". En cambio, no niegan la amistad de Fernández con el socio de Cristóbal, Fabián de Souza, hoy también detenido. Contactos con la Corte Con el mismo énfasis con que desmienten que Fernández haya sido abogado de Cristóbal, en su entorno perjuran que no se juntó con el integrante de la Corte Ricardo Lorenzetti, poco antes de que el Máximo Tribunal le haya pedido el expediente del juicio de la obra pública al Tribunal Oral Federal Nº 5. Y aseguran que la última vez que lo vio a Lorenzetti fue en el propio Palacio de Tribunales, hace más de un año, a las 3 de la tarde, poco después de que este magistrado fuera reemplazado en la presidencia por Carlos Rosenkrantz. Pero aseguran que no es "amigo" del ex titular de la Corte, ni nunca tuvo un trato frecuente. Sin embargo, sus allegados señalan que Alberto no niega su "amistad de hace muchos años" con los supremos Carlos Maqueda, ex senador peronista, y con Elena Highton de Nolasco, nombrada en el Máximo Tribunal en 2004 cuando él era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Sí a la actual Constitución, no al indulto
