El presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, denunció hoy al candidato presidencial K, Alberto Fernández, por el delito de amenazas previsto en el artículo 149 bis del Código Penal por sus reiteradas declaraciones advirtiendo que si gana las elecciones "deberán dar explicaciones" los jueces que investigan a Cristina Kirchner y que podrían terminar siendo sometidos a juicio político. Recibir newsletter Monner Sans solicitó a la Cámara Federal porteña que investigue si los dichos “de advertencia” de Alberto Fernández con respecto a jueces federales en actividad, "constituyen o no el delito al que hace referencia el artículo 149 bis del Código Penal". El abogado recordó que la semana pasada el candidato a presidente de Cristina Kirchner había advertido que : “Algún día Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. "No he conocido que Fernández haya señalado la inexactitud de lo que acabo de transcribir", agregó Monner Sans. El delito de amenazas, explicó, "se encuentra contemplado dentro de las figuras que el Código Penal ha agrupado en el título V –Delitos contra la LIbertad- y he advertido que la Asociación de jueces y funcionarios del poder judicial- se expidió sobre el penoso contenido de quien ha sido funcionario del Poder Ejecutivo Nacional en distintas expresiones políticas". Por lo demás, "los Dres. Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Geminiani son Jueces Federales con competencia en delitos criminales y correccionales. Han intervenido e intervienen en procesos donde se debe desentrañar el contenido de acciones delictuosas de envergadura", agregó. Ayer, Fernández atacó en particular al juez Ercolini, quien elevó a juicio oral el caso Vialidad por el cual la ex presidenta se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados. "Cristina hoy está sentada en el banquillo de los acusados porque un juez le echa la culpa de haber mandado proyectos de leyes de presupuesto que el Congreso aprobó y de haberlas promulgado después. ¿Me pueden decir cuál es el delito? Eso lo escribió un juez que se llama Ercolini. Y lo firmó. Lo que digo es que seguramente alguien, en algún momento, va a tener que revisar estas cosas", dijo Fernández en diálogo con C5N. Luego, agregó el ex jefe de gabinete K: "No sé por qué se escandalizan. ¿Nosotros no revisamos las sentencias de la Corte Suprema de la mayoría automática (de Menem) y eso determinó que cuatro jueces salgan eyectados de la Justicia, dos por juicio político y dos por renuncia porque no soportaban el juicio político?" Para Monner queda claro que parte del acuerdo entre Alberto F. y Cristina es tratar de "limpiarle las causas judiciales para consagrar la impunidad". Ercolini es el juez que la procesó y mandó a juicio oral en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor del grupo empresario de Lázaro Báez. Se trata de unos 3.300 millones de dólares en obras que algunos casos no fueron terminadas y en la mayoría se entregaron en forma cartelizada y con sobreprecios, según los peritajes que citó Ercolini en un fallo de 800 páginas de diciembre de 2016. Este era el expediente que la mayoría de la Corte quiso frenar, luego de un supuesto “alegato de oreja” de Alberto Fernández a uno de sus miembros. Por el detallado procesamiento, como supuesta jefa de una asociación ilícita. Claudio Bonadio la procesó A Cristina en la causa del pacto con Irán, en la inmobiliaria Los Sauces, en el caso del dólar futuro y en la causa que más la preocupa a Cristina Kirchner: los cuadernos de las coimas. Por esta razón es el juez al que más veces recusó sin éxito y descalificó con todo tipo de improperios, aunque nunca buscó rebatir en público las pruebas reunidas. En esta causa están reunidos, además de los recorridos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, las confesiones de ex funcionarios K como José López y Claudio Uberti y su ex contador Víctor Manzanares. Y por eso Cristina intenta descalificarla como la causa de las “fotocopias” siempre que puede. Otro de los descalificados por Alberto Fernández fue el camarista Martín Irurzun quien le dio forma a la “doctrina” de las prisiones preventivas de ex funcionarios. Así este camarista sostuvo que los ex funcionarios libres podría destruir pruebas o presionar testigos en base a sus relaciones de poder y dinero. A su vez, el miembro de la Cámara de Casación Juan Carlos Geminiani fue quien impulsó la declaración de la inconstitucionalidad del pacto con Irán, luego de un feroz intento K de desarmar el mismo tribunal y Gustavo Hornos –otro juez de Casación- fue uno de los rechazó decenas de recursos de Cristina para frenar la causa Vialidad y otras que construyeron un complicado frente judicial. Monner Sans recordó que el artículo 149 bis del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas…”. La jurisprudencia indica, añadió Monner, que la amenaza "a) Que es delito doloso, de peligro. - b) Que puede ejecutarse de cualquier manera (verbal o escrita). - c) Que pueda entenderse por qué el sujeto activo del delito se ha expresado de esa manera. Esto es, que lo dicho o escrito –por inferencia- implique claridad en la intención amenazante". Recordó que el jurista Carlos Crus en el tomo I de su obra "El Derecho Penal" señala que : “Puede darse una situación de alarma que no llegue a producir temor en la persona, sin que por ello se desmerezca el carácter típico de la amenaza…” El letrado señaló que "ignoro cuál ha sido la reacción de los Jueces aludidos por Alberto Fernández. Alguna vez he entendido que un miembro del Poder Judicial merecía reproche (Oyarbide, Freiler) y derechamente entendí que había que promover la o las acciones pertinentes; sin “advertencias” como la de Alberto Fernández".
