En pocos días, el 10 de junio, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia entregará al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) un peritaje clave sobre cinco obras de las 52 que fueron adjudicadas al Grupo Báez en Santa Cruz, y que funcionarán como "casos testigo" de las irregularidades cometidas y los sobrecostos que se detectaron en ellas. El informe se anexará al juicio por el direccionamiento de la obra pública que inicia este martes y podría ser demoledor para la ex presidenta, porque dejaría al descubierto las irregularidades en la entrega de obras que no se terminaban y tenían sobreprecios, entre otras. Según la causa cuyo juicio inicia este martes, muchos de los caminos que les encargaron a las empresas de Báez “no conducían a ningún lado” o “no eran necesarios”. Sin embargo, algunos de los que sí revestían importancia quedaron sin concluirse, con el agravante que el contratista K habría cobrado sobreprecios del 65% en promedio por esos contratos que no cumplía. Recibir newsletter En la etapa de instrucción y recolección de pruebas, Cristina había pedido un peritaje pero mucho más amplio: quería una auditoría sobre toda la obra pública durante los doce años y medio de gobierno de ella y su esposo, casi como una forma de retrasar el expediente. Pero además de los expedientes de todas las obras -que están en el expediente y fueron analizados- el tribunal sólo aceptó peritar especialmente cinco casos testigo. Los peritos analizaron los contratos de trabajos en tres tramos de la ruta nacional 3, la ruta 40 y la ruta 288. El peritaje, a cargo de contadores e ingenieros de la Corte, se entregará al tribunal el 10 de junio, sólo veinte días después del inicio de las audiencias. La ex presidenta había pedido la suspensión del juicio porque esta prueba no estaba concluida, pero los jueces entendieron que se puede dar comienzo igual, ya que el estudio se incorporará a pocos días de la fecha ya pautada. En la pericia se pidió analizar si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos y en las ofertas realizadas. También la capacidad técnica de cada una de las empresas de Báez adjudicatarias de los contratos viales, y los certificados de capacidad de contratación que tenían en dicho momento. Además, el Cuerpo de Peritos debe expedirse sobre los motivos invocados por las empresas para solicitar aumentos de precios: mayores costos, modificaciones de obra, mayor plazo de ejecución de los trabajos. Finalmente, se requirió que la pericia explicite si las demoras en la ejecución de los contratos "puede explicarse únicamente en los motivos referidos por las empresas". El Grupo Austral quedó inactivo pocos meses después de que Cristina dejara el poder. Previo a ello, recibió 10 contratos para hacer obras sobre rutas nacionales en Santa Cruz (la Ruta 40, la 288 y la 3), que al momento de ser otorgadas tenían un costo de 2.896.608.738 pesos. Son justamente las rutas que seleccionó para peritar el Tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Con un avance promedio de soló el 35% cuando cambió el gobierno, terminar dichas obras hubiera significado una erogación de 7.280.208.928 pesos: casi tres veces más que su costo original, según un informe oficial al que accedió Clarín. En los contratos sobre la Ruta 3, Báez nunca presentó certificado de capacidad técnica, y en algunos tramos se multiplicaron los montos de obra y los plazos. En uno de los trayectos, el lapso de las tareas pasó de 18 meses a 39. Se otorgó por 91 millones de pesos y aumentó un 40%. No hubo explicaciones para ese cambio. Otro contrato organizado en tres tramos, que estuvo en manos del Grupo Austral durante ocho años, solo avanzó un 37%, pero el empresario K cobró un sobreprecio superior al 300%, según el informe de Vialidad Nacional. La obra corresponde a tres tramos de la ruta nacional 3 -conocida como la Autovía Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia- y fue la primera que el actual Gobierno le rescindió al titular de Austral Construcciones. El proyecto original tuvo un costo de 674 millones de pesos y pese al poco avance, las dos constructoras de Lázaro Báez que ganaron la licitación recibieron 2.892 millones: un 329% más que el valor original. Entre 2004 y 2015, Lázaro Báez incrementó sus bienes en un 12.127 %. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia- tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en el TOF 2. Un dato. Cristina Kirchner había pedido que esta causa sea enviada a Santa Cruz, pues considera que todo lo investigado transcurrió allá, tanto la adjudicación como el pago de las obras al Grupo Austral. Ese reclamo fue rechazado por el juez Ercolini, la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal. Pero aún espera la respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
