El sorpresivo -y sorprendente- pedido de la Corte Suprema de Justicia para que, a una semana del inicio del juicio el Tribunal Oral Federal 2 le remita el expediente completo de la causa "Vialidad", que investigó copiosas irregularidades en la concesión de 52 contratos de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, ya tiene su primera respuesta formal: la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, se presentó ante ese tribunal para exigir que la audiencia inicial prevista para el 21 de mayo no se reprograme. "Frente al requerimiento de remisión de la causa principal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de recursos de queja planteados por las defensas por apelaciones extraordinarias denegadas, esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante", comienza el breve texto escrito a vuelapluma, apenas horas después de la bomba de profundidad soltada por la Corte. Recibir newsletter "La solicitud encuentra fundamento, en primer término, en el principio procesal que señala que las cuestiones incidentales no deben paralizar el trámite de la causa principal, tanto más si se atiende a la naturaleza de las cuestiones planteadas, que giran en torno a agravios relativos a la admisión o rechazo de prueba para el debate, cuestión que en principio resulta discrecional del tribunal", advierte el organismo que dirige Laura Alonso. Además de ese recuerdo al tribunal respecto a su autonomía para decidir si el incidente de este lunes debe o no interferir en el trámite procesal, la OA dice que "una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción, tal como se obligó al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción". El escrito, firmado por el director de Litigios de la OA, Juan Trujillo, incluye un párrafo que parece más dedicado a Cristina Kirchner y el resto de los acusados en la causa que al tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso: "La celebración del juicio oral, rodeado de todas las garantías para que los justiciables ejerzan sus defensas, lejos de generarles un perjuicio, no hará más que redundar en beneficio de ellos, en tanto les asegurará, además, su derecho a obtener un pronunciamiento judicial que, definiendo su situación frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más pronto posible a la situación de incertidumbre y restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. " ¿Qué fórmula ofrece la Oficina Anticorrupción para cumplir con la Corte sin retrasar el juicio? Enviar un pendrive con la copia digital del expediente, mientras el tribunal, el fiscal Diego Luciani, las defensas y las querellas mantienen su acceso a él antes y durante las audiencias orales. "El escollo puede ser fácilmente superado", dice con fingida inocencia, "a partir de que la causa principal se encuentra escaneada íntegramente, se deja expresamente solicitado al tribunal que arbitre los medios para que la elevación de las actuaciones a la Corte no suponga una nueva postergación del debate, y que éste se inicie el próximo 21 de mayo de 2019, tal como está previsto". El reclamo de la OA difícilmente sea atendido. JPE
