La Corte Suprema de Justicia frenó anoche, por cuatro votos a uno, el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados. El único que votó en contra fue el presidente Carlos Rosenkranz, quien otra vez quedó solo. El máximo tribunal le pidió al Tribunal Oral número 2 que le envíe todo el expediente para analizar “una privación de justicia” planteada por el abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi. El letrado había pedido la realización de pruebas elementales como una pericia sobre las obras cuestionadas. En total son 51, pero el TOF 2 sólo admitió que se haga sobre cinco obras y el trabajo ni siquiera está terminado. Los especialistas calculan que finalizarán la evaluación de las cinco obras recién en agosto, lo que tornaba descabellada la iniciación del juicio en mayo. Al tener que mandarle la causa a la Corte, el tribunal no podrá iniciar el juicio y la lógica indica que los cortesanos ordenarán las cosas para que el proceso se inicie como corresponde cuando estén las pruebas realizadas. Fuentes del TOF 2 le dijeron a este diario que la decisión les parece razonable. “Peor es arrancar y que después nos afecten las nulidades”, sostuvieron. La base de la causa de la obra pública fue una gravísima manipulación concretada al inicio del expediente. Javier Iguacel, uno de los funcionarios más antikirchneristas del gobierno de Mauricio Macri fue designado al frente de Vialidad el 15 de enero de 2016. Al día siguiente ordenó una auditoría sólo sobre las obras viales de Santa Cruz. No le importaron los demás 23 distritos, su objetivo era ir contra el kirchnerismo. A cargo de la auditoría quedaron dos ingenieros y un contador que presentaron sus conclusiones tres meses después. El estudio resultó favorable a Lázaro Báez y a la administración kirchnerista ya que se dictaminó que no hubo obras pagadas y no realizadas, las que se hicieron estaban bien hechas, no pudieron determinar sobreprecios y los atrasos resultaron los habituales de todas las constructoras, en muchos casos por razones ajenas a las empresas. Uno de los ingenieros declaró que la diferencia entre lo pagado y lo realizado no alcanzó al 0, 1 por ciento. Pese a todo, Iguacel se lanzó a hacer la denuncia y fue acompañado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Como la auditoría hizo naufragar buena parte de las acusaciones, los fiscales y el juez Julián Ercolini se despacharon con estudios en los que no participaron las partes y estimaron sobreprecios para formular la acusación. Y, como quedó claro en la causa de Dolores, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) armó una falsa declaración del arrepentido Leonardo Fariña, diciéndole todo lo que tenía que decir. Fariña no tenía la menor idea de la obra pública por lo que tuvieron que contratar a una abogada para que lo entrenara. En la etapa previa al juicio, los abogados de los imputados pidieron la realización de las pruebas más elementales, entre ellas un peritaje de las obras cuestionadas. Del total de los 81 tramos de rutas que se hicieron en Santa Cruz, el juicio iba a versar sobre 51, que son las que ganó en las licitaciones Lázaro Báez con distintas empresas. Pero de esas 51, el TOF sólo admitió peritar cinco, elegidas con la óptica de que resultaban las más sospechosas. Fue el primer estudio con la participación de todas las partes. En ese proceso, Beraldi siempre insistió en que no se podía arrancar el juicio sin que estuviera listo el peritaje y que, además, debía hacerse sobre la totalidad de las obras. Los peritos que están trabajando en la actualidad calculan que el relevamiento de las cinco obras les llevará hasta julio o agosto, lo que torna delirante el inicio la semana próxima de las audiencias. Con ese planteo, Beraldi llegó a la Corte Suprema y el máximo tribunal le dio la razón, al menos en el sentido de que corresponde estudiar el tema con profundidad. La lógica indica que la Corte indicará la necesidad de cumplir con las pruebas pedidas por las defensas, tanto la de CFK como de Báez, asistido por el abogado Víctor Hortel. “Lo que se estaba por hacer era de gravedad institucional –señaló Beraldi–. Se quería iniciar un juicio, con toda la repercusión del mundo, contra una ex presidenta, respecto de obras en las que ella no tuvo la menor participación. Pero lo central es que no nos admitieron la realización de pruebas elementales. No pedimos algo extraordinario, no pedimos ningún privilegio. Los fiscales Pollicita y Mahiques, éste último puesto por el gobierno, hicieron una instrucción totalmente amañada y hubo una clarísima obstrucción de justicia porque nos impidieron esas pruebas tan sencillas y habituales”. En ámbitos de la Corte Suprema deslizaron que ven con preocupación cómo están llegando a juicio las causas, están poniendo el ojo en el armado de expedientes y las maniobras que se produjeron. En fuentes del TOF 2 vieron la cuestión con mucha calma. ”Peor hubiera sido arrancar, hacer audiencias y después encontrarnos con nulidades”, reflexionaron.
