A Brian Alberto Betancor Delgado, uruguayo, lo habían expulsado del país en 2011 y le habían prohibido el ingreso por 15 años. Pero en marzo, la Policía lo encontró manejando un Volkswagen Gol en Flores. Llevaba 60 mil dólares, 500 euros y varios celulares. Por su situación irregular, Betancor Delgado fue detenido y expulsado nuevamente del país a las pocas horas. Su caso es uno más de los 156 deportados en el primer trimestre del año por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). La cifra equivale a una expulsión cada 13 horas. La cantidad crece a pasos agigantados, a un ritmo del 43 % en los últimos tres años. Desde 2015 la cifra prácticamente se triplicó: de 239 pasaron a 703 en 2018. Y este año podría ser récord. Según pudo saber Clarín, hay al menos 1.800 personas en condiciones de ser deportadas y sus casos ya están siendo analizados. Recibir newsletter De ese total, 300 están enmarcados sobre la figura de extrañamiento, aplicada a personas condenadas que cumplieron la mitad de la pena en el país. Su expulsión se concretaría en los próximos meses, según confirmaron fuentes de Migraciones. Los 1.500 casos restantes son personas en condiciones de ser expulsadas por infracción a la Ley de Migraciones 25.871 o estar imputadas en una causa penal. En estos casos, el organismo que depende del Ministerio del Interior puede dictar la expulsión, que se concreta cuando un juez ordena la "retención" de la persona, para que sea trasladada a su país de origen. La mayoría de los extrañados en 2019 fueron ciudadanos de nacionalidad paraguaya (18), peruana (17), colombiana (16), boliviana (9) y uruguaya (5). En menor medida hubo brasileños, chilenos, turcos, estadounidenses, holandeses, entre otros países. En el rubro de expulsados, el ranking lo lideran los ciudadanos chinos. En Migraciones dicen que los casos responden en su mayoría a "tráfico de personas". Luego, los países de la región son los que mayor cantidad de deportados tienen. En esa suba constante de las expulsiones, la variación más marcada de un año a otro fue del 53, 25 % en 2017. Justamente, después de la publicación del decreto 70/17 que endureció las restricciones para migrantes y simplificó el trámite de deportación. Una apelación para declararlo inconstitucional llegó a la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto sigue vigente. "Somos abiertos con quienes vienen a estudiar, trabajar y progresar pero restrictivos para los que vienen con otros fines", dijo a Clarín el director nacional de Migraciones, Horacio García. "Desde el inicio de esta gestión radicamos a 700 mil personas. El sistema migratorio tiene que ser lógico, equilibrado y eficiente. Si no, siempre se habla de lo mismo, que 'no echan a nadie' o 'los que vienen son todos ladrones' y cuando mirás los números te das cuenta que no es así. Independientemente de que lo que estamos produciendo pueda ser mejorado", señaló García. La explicación oficial del aumento de las deportaciones habla de un "ordenamiento" y "mayor eficiencia" del control migratorio y la coordinación con otros ministerios. Uno de ellos es el de Seguridad. Cerca de Patricia Bullrich explican que al inicio de la gestión se encontraron con una situación de "un montón de extranjeros sin control que habían ingresado al país, cometían delitos y no había consecuencias". En ese sentido, señalan modalidades puntuales como las de motochorros, escruches y otras más desarrolladas como las de extorsiones a partir de préstamos "gota a gota". En la práctica, las medidas que hicieron subir la cantidad de deportaciones fueron, por un lado, un convenio para integrar la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) a la de Migraciones. Así la DNM puede saber en tiempo real si un extranjero está involucrado en una causa penal en el país. También se intensificaron los operativos de control de permanencia. Entre 2016 y 2018 hubo 53.866, mientras que entre 2012 y 2015 fueron 22.791. A las inspecciones de Migraciones se le sumó el Comando de Recaptura de Evadidos (Cufre). Es decir, la misma unidad integrada por fuerzas federales que se encarga de la búsqueda de prófugos, también está abocada a la captura de personas con orden de retención. Además, se firmaron otros convenios. Uno de ellos establece que el Ministerio de Justicia bonaerense alerta a Migraciones cuándo un preso extranjero abandona una cárcel de la provincia. El cambio en la política migratoria del Gobierno disparó críticas de organismos de derechos humanos. "Buscan asociar migración con criminalidad, al menos desde la vía discursiva. Lo estamos viendo con mucha frecuencia. Tampoco hay que olvidar los decretos de Chubut y Jujuy, que busca cobrar la salud a los migrantes. Son retrocesos en una política migratoria que era considerada un modelo a nivel mundial. La Argentina generó cambios de avanzada en otros países", sostuvo Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. Y agregó que la estrategia puede tener que ver con el año electoral y la "búsqueda de un chivo expiatorio afuera" en un contexto de crisis. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue uno de los impulsores del amparo por el que la Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional el decreto 70/17. Y denunciaron irregularidades en las expulsiones: "La cifra viene aumentando pero, más allá de los números, el Estado está dejando de hacer la evaluación sobre las circunstancias personales y el arraigo familiar. Lo que agrava aún más esta situación. Hay personas que viven acá hace 15 o 20 años, que tienen 3 o 4 hijos argentinos y que están siendo separadas de su familia por órdenes de expulsión que no consideran estos elementos contemplados en el propio decreto y tratados internacionales", dijo Raísa Ortiz Cetra, especialista en migrantes del Equipo de Trabajo Internacional del CELS. "Somos abiertos a quienes vienen a estudiar, trabajar progresar, pero restrictivos con los que vienen con otros fines", explicó Horacio García, director de Migraciones. "Un caso que reúne estas características es el de Vanessa Gómez Cueva, que vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y fue expulsada con su bebé y separada de sus otros dos hijos. Ella es un ejemplo de resocialización, estudió enfermería y se dedicaba a cuidar adultos. Cometió un delito, pero cumplió su condena y había rearmado su vida", agregó Ortiz Cetra. Sobre este caso, García dijo que la mujer "estaba condenada por narcotráfico" y que a pesar de que presentó distintos recursos, incluido un hábeas corpus, "la Justicia ratificó que debía ser expulsada". Y agregó: "Fue el Gobierno anterior el que resolvió tramitar la expulsión". Según datos de Amnistía, la población migrante en la Argentina es del 5 %, mientras que la participación de extranjeros en el delito es del 6 %. Los datos oficiales varían de acuerdo a la jurisdicción. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, de 246.833 imputaciones que hubo en 2018, solo 2.949 acusados fueron migrantes. La proporción es del 1, 2 %. En tanto, en las cárceles bonaerenses hay actualmente 2.208 presos de otra nacionalidad, sobre una población carcelaria de 44.066, según datos del Ministerio de Justicia. Es decir, los extranjeros representan el 5 %. Desde 2018 hasta hoy, 52 reclusos de la Provincia fueron deportados a Paraguay, Chile, Colombia y Perú. Otros 450 están en condiciones de ser deportados bajo la figura de extrañamiento. En la Ciudad, los extranjeros vinculados al delito también forman parte de la agenda. Según el gobierno porteño, desde el 28 de febrero la Policía de la Ciudad participó en los operativos de expulsión de "10 delincuentes extranjeros". De acuerdo a datos de 2018, la participación de extranjeros en el delito en Capital era en promedio del 17 %, cuando un año antes era del 13 %. "La Argentina es un país de inmigrantes, solamente un porcentaje muy pequeño de extranjeros vienen a delinquir. Este trabajo que se intensifico en las ultimas semanas esto es una decisión política, pero sobre todo es un reclamo de la sociedad donde trabajamos en conjunto la Ciudad con su policía, la justicia y migraciones", remarcó a Clarín el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli. Fuera de micrófono, distintos funcionarios aseguran que este endurecimiento de la política migratoria permitirá combatir la inseguridad y aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria. Los datos de la realidad muestran que en los últimos años, a pesar del aumento de las deportaciones, el delito siguió en crecimiento. Y las cárceles, en su mayoría, están hiperpobladas de argentinos.
