El juez federal Claudio Bonadio dictó este martes un doble procesamiento a la ex presidente de la Nación Cristina Kirchner. En este caso, lo hizo en un expediente en el que se investigan retornos vinculados a los subsidios al gasoil y a los pasajeros que recibieron las empresas de transporte que explotaron colectivos y trenes durante su gobierno. Para el juez, existió una asociación ilícita encabezada por la ex mandataria en la que la secundaron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva y ya están detenidos por varios expedientes. En el caso de la senadora Kirchner, el juez se remitió a un pedido de desafuero hecho anteriormente para proceder a su detención. Con esta decisión, Cristina Kirchner acumula cinco pedidos de desafuero y detención. A los dos de hoy, se suman los dictados en las causas por el memorándum con Irán, los cuadernos de la corrupción y gas licuado. El procesamiento alcanza también a empresarios que confesaron en el caso cuadernos haber pagado coimas por los subsidios a los trenes a los ex secretarios de Transporte. Aldo Roggio y Gabriel Romero están entre ellos. Roggio admitió haber pagado coimas por los subsidios que recibió por la explotación del subte y Romero, por los trenes. También fueron procesados Sergio Taselli y Claudio Cirigliano, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos. Cirigliano está detenido, condenado por su responsabilidad en la tragedia de Once. A la ex jefa de Estado y los ex funcionarios se les fijó un embargo de $800 millones. A los empresarios de ferrocarriles se los embargó por $300 millones. El empresario Roberto Urquía, socio de Romero en la explotación de ferrocarriles de pasajeros en Córdoba, recibió una falta de mérito. Además fueron procesados los directivos de las líneas de colectivos urbanos implicados en la maniobra investigada. Por los subsidios a los colectivos fueron procesados Pedro Ochoa Romero y Eduardo Cícaro, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el empresario Mario Cirigliano, entre otros. En tanto, en el capítulo de los subsidios a los colectivos, los embargos tanto para Cristina Kirchner como para los ex funcionarios procesados se fijó en $700 millones. Los procesamientos fueron dictados por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y administración fraudulenta.
