La Justicia tuvo que esconder ayer al investigador trucho Marcelo D’Alessio y al perito trucho David Cohen, ambos con grotescas intervenciones en la causa de la compra de Gas Natural Licuado (GNL). En ese expediente, que tramita el juez Claudio Bonadio, D’Alessio se despachó con un testimonio falso y Cohen con una pericia falsa. Aun así el magistrado procesó otra vez a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y otras 26 personas por integrar una asociación ilícita que recaudaba dinero para enriquecerse. Lo asombroso es que en el texto también menciona que fueron parte de esa asociación ilícita conocidos empresarios como Paolo Rocca, Aldo Roggio, Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, Angelo Calcaterra y muchos otros que ya habían sido excluidos de la asociación ilícita, tanto por el propio juez como por la Cámara Federal. En el expediente hubo una segunda pericia, encabezada por técnicos de la UBA, en la que se probó que no hubo sobreprecios entre 2013 y 2015 y que tampoco se puede sostener la existencia de sobreprecios antes de esa fecha. Lo insólito: el gobierno de Cambiemos siguió contratando exactamente con las mismas empresas, los mismos costos portuarios, con las mismas agencias. El expediente del GNL naufragó porque se demostró que la pericia realizada por David Cohen resultó falsa, copiada de estudiantes chilenos y sin el menor fundamento técnico. Tomó como referencia el valor del gas en un punto, el llamado Henry Hub, terminal de un gasoducto de Estados Unidos, que no es un valor aceptado internacionalmente porque no tiene nada que ver con el transporte de gas. De hecho, Estados Unidos no exporta. La Cámara Federal destrozó la pericia de David Cohen y revocó los procesamientos de la causa. El juez pasó por encima de la nueva pericia que lideraron los dos peritos oficiales, ambos de la UBA, y en la que participaron más de una decena de profesionales. La conclusión fue que no se hallaron sobreprecios entre 2013 y 2015 y que los técnicos no podía establecer la existencia de anormalidades anteriores por la falta de documentación. El magistrado no dio el brazo a torcer. Afirmó que hubo sobreprecios, pero que ya no se puede establecer una cifra como la que determinó antes, nada menos que 7 mil millones de dólares, sino que hubo un sobreprecio indeterminado. En su momento, hasta el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que esa evaluación era un disparate. En algún tramo de la resolución, ahora se habla de 124 millones de dólares de sobreprecio, pero también de subfacturación. De 7 mil millones se pasó a 124. Como la causa se hundía irremediablemente, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli aportó la solución: trajo a declarar a D’Alessio al expediente, quien arrancó con una mentira diciendo que era abogado. Pero la manipulación se concretó en varios aspectos que Stornelli quería. D’Alessio dijo que hubo trampa en los costos portuarios y en los seguros. Y la frutilla fue que le hicieron decir que Cristina Kirchner ordenó que los seguros se hicieran con Nación Seguros, cuya póliza era más cara. Por supuesto que D’Alessio es el único testigo de la supuesta orden. Con estos elementos se llamó a nueva indagatoria a todos los imputados. En la resolución de ayer se tomaron algunas partes y otras se desecharon de los dichos de D’Alessio. Los fundamentos de la acusación dejaron de ser la existencia de un gran sobreprecio para cuestionar montos mucho más chicos: los costos portuarios, una supuesta comisión del 0, 5 por ciento que se le pagó a una empresa de Roberto Dromi –el ex ministro dice que ayudó a ahorrar 24 millones de dólares–, y el mecanismo de la compra de GNL en general, con concursos de precios y no licitaciones. Las defensas sostuvieron, de manera unánime, que fueron grandes concursos, transparentes, en los que participaron empresas como Shell, Gas Fenosa, Repsol, Gazprom, Morgan Stanley, Petronás y otras. Y lo más asombroso es que si se afirma que hubo sobreprecios o irregularidades, esas grandes compañías, sus ejecutivos como Juan José Aranguren, deberían ser también imputados. Ni los llamaron a declarar. El juez salió del paso disolviendo la causa del GNL en la causa de las fotocopias de los cuadernos. El pase de magia consistió en decir –sin prueba alguna– que parte del dinero que supuestamente el chofer Oscar Centeno fue a retirar a las oficinas de empresarios se originó en la cuestión del GNL. La maniobra es tan obvia que para probar las acusaciones cita declaraciones de los arrepentidos: Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López, Leonardo Fariña. Ninguno de ellos tenía vinculación con el GNL. Pero la hipótesis acusatoria es que el mismo mecanismo existió en las compras de gas. Y como supuestamente el dinero era llevado al edificio de la calle Uruguay, donde se le entregaba a Daniel Muñoz que ya no era secretario presidencial, se sindica a CFK como jefa. No importa que a la ex presidenta no se le haya encontrado ni dinero ni cuentas ni sociedades en el exterior ni bóvedas escondidas. Más allá de todo, el juez señala que CFK, De Vido, Baratta y otros funcionarios conformaron una asociación ilícita con una multitud de empresarios, la mayoría de ellos totalmente ajenos a las compras de gas licuado. En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla tiene citado a Stornelli para este miércoles. El fiscal seguramente no concurrirá. Pero el magistrado le iba a preguntar –según surge de sus textos– por la extorsión a Pedro Etchebest, el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, la extorsión a los hijos de Ricardo Barreiro, la declaración irregular del ex empleado de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y varias otras sospechas que aparecen en el expediente. En el listado figuraría la convocatoria a D’Alessio, extorsionador y protagonista de operaciones de espionaje, para que declare en la causa del GNL. Se trató de otra jugada tramada con el ahora detenido. En Comodoro Py ya están extendidos los rumores de que Stornelli será desplazado de las dos causas, la de las fotocopias de los cuadernos y la del GNL. Se habla de que designarían dos fiscales más para que Stornelli quede a un costado porque le recriminan que cuando explotó el escándalo minimizó las cosas y no les dijo a quienes lo rodean hasta qué punto llegaba la promiscuidad con D’Alessio. Nadie sabe si el procurador Eduardo Casal promoverá el apartamiento o lo hará el juez Bonadio o si la decisión finalmente la tomará la Cámara Federal. Habrá que ver si la salida se concreta, pero el rumor está instalado.
