La sombra de los paraísos fiscales está tocando al poder político en Ecuador gracias a la ley del Pacto Ético, una de las grandes transformaciones que dejó la presidencia de Rafael Correa. PáginaI12 obtuvo documentos que prueban que una de las figuras políticas más prominentes del país, el líder del partido Social Cristiano, dos veces candidato a presidente y “eterno” alcalde de Guayaquil (desde 2000 a la fecha), Jaime Nebot Saadi, incumplió la ley que prohíbe a funcionarios públicos o cargos electos tener activos o cuentas en el mundo offshore. La ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017, contemplaba un período de transición para regularizar la situación de todas las personas afectadas por la normativa. En este período los funcionarios públicos o cargos electos tenían una opción de hierro: o daban de baja sus activos en paraísos fiscales o, si decidían mantenerlos, renunciaban a sus cargos. El período de transición terminó el 6 de marzo de 2018. Según una captura de pantalla del Registro de Empresas de Panamá, la Fundación Ingersa en Panamá seguía existiendo el 7 de marzo de 2019, es decir, casi un año después de cumplido el plazo. El fundador y Director de la Fundación es nada más y nada menos que Jaime Nebot Saadi (ver documentos). La Fundación Ingersa es una de esas cajas chinas tan comunes en el reino de los paraísos fiscales. PáginaI12 tiene una carta fechada el 5 de marzo de 2018 –día previo a la plena entrada en vigencia de la ley– de Jaime Nebot Saadi, el alcalde, a Jaime Nebot Boher, su hijo y presidente de Ingersa SA en Ecuador (ver documentos). En la carta el padre le informa al hijo que la Fundación Ingersa Panama, dueña de Ingersa Ecuador, ha sido absorbida por la Foundation Ingersa International LLC. La ensalada de nombres - todos muy parecidos, casi intercambiables - es paralela a la superposición de cargos directivos. En la carta dirigida a su hijo, Jaime Nebot Saadi firma dos veces, como presidente de la Fundación Ingersa Internacional y como presidente de la Junta Directiva de Ingersa Panama. En la misiva, Nebot padre le informa a Nebot hijo de la transferencia de las 6.635 acciones ordinarias, “cuyo valor nominal es de 10 (diez) dólares de los Estados Unidos de América”. El brazo de la ley Así, la empresa Panameña se queda sin capital y, sin embargo, sigue existiendo, como a la espera. Jaime Nebot Saadi sigue siendo su director, la dirección física de la empresa es la misma de siempre: como buen sello de papel, un estudio de abogados de Panamá, el buffette Sucre, Arias y Reyes. La Fundación Ingersa Panamá controlaba en 2017 el 99, 8 por ciento del paquete accionario de una de las más importantes constructoras y empresas de bienes del Ecuador, Jaesa S. A En el caso de otra importante empresa del rubro, Licevisa, la Fundación en Panamá controlaba el 38, 3 por ciento. Según medios ecuatorianos, la familia Nebot, con el patriarca a la cabeza, controla unas 38 empresas offshore, vinculados a estos sectores y al pesquero. El directorio de la Fundación Ingersa Panamá es una foto de familia bajo la sombra del Patriarca. El alcalde figura como presidente, su hermano es el tesorero, su esposa secretaria y sus hijos son miembros. La absorción de esta compañía por la Fundación Ingersa Internacional LLC en Estados Unidos fechada el 5 de marzo - recordémoslo, un día antes de entrada la plena vigencia de la Ley del Pacto Ético - debió ser la ruta concebida por el grupo para mantenerse en el marco de la legalidad. Si es así, el grupo cometió un grave error, sea por negligencia, incompetencia o simple impunidad. El Servicio de Rentas Internas (SRI), a cargo de la redacción de la ley del Pacto Ético, emitió la Circular No. Nac-DGECCGC12-00013 para complementar la norma y evitar las rendijas legales que podían crear los llamados regímenes fiscales preferentes. ¿Qué son estos regímenes? Según la ley ecuatoriana, compañías registradas en el extranjero que no tienen actividad alguna, no pagan impuestos en ese territorio o pagan una tasa que es un 60 por ciento inferior a la que se paga en Ecuador. Según la Circular del SRI, estos regímenes fiscales preferentes son paraísos fiscales. Entre las jurisdicciones que caen bajo esta clasificación, se encuentran, entre otros, el Reino Unido, los Países Bajos, Costa Rica, Bulgaria y…. las LLC de Estados Unidos. Uno de los cerebros de la redacción de la ley de Pacto Etico fue Leonardo Orlando, ex director de la autoridad impositiva, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, durante la fase final de la presidencia de Rafael Correa y la primera parte de la de Lenin Moreno. “La ley es muy clara. El servidor público o funcionario electo, debe abandonar su cargo, sin perjuicio de que se investigue si ha incurrido en otros delitos, por ejemplo, si se determina que esos bienes provienen de ingresos que no han sido declarados, con lo que podría haber un ocultamiento de ingresos, es decir, defraudación tributaria”, señaló Orlando a PáginaI12. En la misma vena se manifestó Andrés Narvaez, socio de la asesoría financiera y tributaria Spingarn & Marks. “Los regímenes preferentes así como las jurisdicciones de menor imposición son equiparables a paraísos fiscales para efectos de aplicación de la normativa ecuatoriana. En tal sentido, la LLC de Estados Unidos, incluso de estados no detallados en la resolución, que sean propiedad de un ecuatoriano, en ejercicio de un cargo público o dignatario de elección popular, darían lugar a la aplicación del pacto ético y por consiguiente a la desinversión o a la renuncia del cargo”, subrayó a este medio. Impacto político y económico La ley contempla la intervención de la Contraloría de la República previa a la destitución del cargo para determinar si se ha cumplido con el debido proceso, es decir, si el acusado ha disfrutado de todas las garantías. La ex Superintendenta de Compañías del Ecuador, Suad Manssur, explicó a PáginaI12 el procedimiento legal a partir de que se realiza la denuncia. “La ley dice que en término de 60 días el servidor público ejerce su derecho a la defensa y que cinco días más tarde, la Contraloría desestima el expediente o confirma la destitución del cargo. Cuando es alguien de elección popular, la Contraloría remite el expediente con la destitución a la Corte Constitucional para que al término de diez días se expida sobre el cumplimiento del debido proceso”, señaló. La revelación llega en un momento político delicado para Nebot y el Ecuador. El 24 de marzo se harán las elecciones seccionales de Ecuador para elegir a 23 prefectos y vice-prefectos y más de mil concejales urbanos. En Guayaquil se elegirá alcalde y vicealcalde. Por primera vez desde el año 2000 Jaime Nebot Saadi no se presenta como candidato, pero tiene su delfín: Cynthia Fernanda Viteri Jiménez. Viteri Jiménez lidera las encuestas, pero la sigue muy de cerca Jimmy Jairala de Centro Democrático. Y más allá de esta elección local, está la carrera política de Nebot Saadi que siempre apuntó hacia la máxima magistratura, algo que las urnas le negaron en dos oportunidades. En noviembre la Contraloría inició una investigación de Eduardo Jurado, que acababa de renunciar a su cargo de secretario general de la presidencia, ante la denuncia presentada por una parlamentaria, Pamela Aguirre Zambonino, por su presunta participación en cinco empresas offshore, cuatro en Panamá y la quinta en las Islas Vírgenes Británicas. La Contraloría debería expedirse en marzo. Mucho más fuerte, a fines de febrero, una denuncia del portal ecuatoriano La Fuente sacudió el gobierno de Lenin Moreno. Según el portal, la empresa offshore INA Investment Corporation tiene vínculos directos con la familia del presidente Lenin Moreno y el mismo mandatario. El presidente negó las acusaciones y señaló al correísmo como responsable de “las mentiras”. El contexto macro de todo este submundo político-financiero es clave. El 21 de febrero Lenin Moreno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. El presidente celebró la confianza a Ecuador de la comunidad internacional (¿le suena el mensaje?) y la protección de la dolarización económica que este 2019 cumple 20 años y priva al país de una política cambiaria. En una estimación prudente, quizás conservadora, el Colegio de Economistas de Pichincha calculó que la evasión tributaria constituyó una pérdida para el estado equivalente a unos U$S 4, 500 millones en los últimos 16 años. ¿No coincide esta cifra con la que Lenin Moreno le pidió al FMI? Más allá del impacto ético, la viscosa relación de la clase política y empresaria con los paraísos fiscales tiene un costo económico y social que los ecuatorianos vienen pagando desde hace mucho tiempo. Un juego de copias de los documentos citados está disponible junto a esta nota en www.Página12.com.ar
