El fiscal federal Carlos Stornelli no se pone a disposición del juzgado de Dolores ni entrega su celular para demostrar que no tiene nada que ver con extorsiones, coacciones, armado de declaraciones irregulares y operaciones de inteligencia. Su jugada es la contraria: pedir la nulidad de todo, recusar al juez porque dice que no es imparcial y negarse a prestar la declaración indagatoria prevista para este jueves, reclamando a gritos que el expediente se saque de las manos del juez federal Alejo Ramos Padilla y vaya a parar a alguno de sus amigos de Comodoro Py. Todo indica que el magistrado rechazará los planteos y volverá a citar al fiscal. Está claro que un fiscal no puede ser detenido como el resto de los ciudadanos, pero sería un escándalo internacional que Stornelli se ponga en situación de rebeldía. Más allá de que se pretende calificar de “operación” la causa de Dolores, la realidad es que se trata de la denuncia de un empresario –no de un político ni un periodista– a quien intentaron sacarle 300.000 dólares para mejorarle una supuesta situación complicada en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Y no sólo fue una tentativa de extorsión sino que le empezaron a cobrar: hubo dos pagos por 14.700 dólares. El protagonista probado de esa extorsión –el falso abogado Marcelo D’Alessio– está preso, procesado, y venía de estar tres horas con el fiscal Stornelli en el balneario CR de Pinamar. Además, la investigación demostró que hay mensajes entre el fiscal y el extorsionador, lo que incluyó un pedido de que éste último le haga una cámara oculta a un defensor y la concreción entre ambos –fiscal y falso abogado– de la declaración de un supuesto arrepentido de Pdvsa. Ayer, el juez agregó tres casos más al listado de sospechas sobre Stornelli, por lo que amplió su citación a indagatoria. Frente a este cuadro de situación, el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, no presentó un escrito ofreciendo la declaración del fiscal para aclarar todos los puntos, sino que tiró con toda la artillería posible para evitar el viaje del fiscal a Dolores. Ayer, el magistrado emitió una primera resolución –antes incluso de los escritos presentados por Ribas– en la que sostuvo que seguirá con el expediente. Ramos Padilla señaló que los pedidos de apartamiento no tienen “sustento jurídico”, sino que “son políticos” y mencionó entre otras cosas que el juez federal Julián Ercolini le pidió el expediente sin saber siquiera su contenido. La mirada del magistrado de Dolores es que no se trata sólo de una causa por extorsión, sino de una asociación ilícita en la que participan agentes o ex agentes, orgánicos e inorgánicos, nacionales y extranjeros, en operaciones de inteligencia destinadas a extorsionar, coaccionar, intervenir en causas judiciales. La lógica indica que el juez rechazará la nulidad y la recusación, posiblemente in limine, o sea sin más trámite. Sobre esa base volverá a citar a Stornelli para esta misma semana o para la próxima. El fiscal tal vez pida prórroga o busque alguna manera de zafar, pero es un auténtico escándalo que se ponga en virtual rebeldía. En otro texto, que se acompañó con la documentación enviada a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, el juez aclaró que “no se está poniendo en duda el trabajo de periodistas o funcionarios judiciales, que hacen al sostenimiento del estado de derecho. Sin embargo, en algunos casos podría ocurrir que la actividad de alguno esté concatenada con una maniobra previa de espionaje ilegal”. Lo que aclara el juez es que para que haya responsabilidad penal del periodista o funcionario judicial tendría que tener conocimiento global de la maniobra de espionaje ilegal o que compartieran el fin de esas operaciones. La referencia es a toda la actividad de inteligencia, incluyendo extorsiones y coacciones. Con ese texto, el juez deja en claro que está investigando todo y que determinará hasta qué punto están implicados todos los protagonistas, sean integrantes de los servicios de inteligencia, periodistas, fiscales o periodistas. Hay incluso una referencia a la acción de servicios de inteligencia extranjeros que podrían haber creado operaciones de “acción psicológica” destinadas a influir en la opinión pública.
