La operación para que la Justicia acepte sin cuestionamientos el crecimiento del 158% en el patrimonio del presidente Néstor Kirchner durante el año 2008, que un año después causó un escándalo tras el cuestionado sobreseimiento exprés del juez Norberto Oyarbide, contó con la activa -y entusiasta- participación del mismo magistrado, la del operador judicial Javier Fernández, espías de la ex SIDE y peritos contadores oficiales, entre ellos de la actual vicedecana del Cuerpo de Peritos Forenses que depende de la Corte Suprema de Justicia, María del Carmen Penedo. La secuencia fue relatada con pelos y señales por el histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en una de sus declaraciones ante el fiscal Carlos Stornelli, en su intento por ser admitido como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Recibir newsletter Manzanares había confeccionado la declaración jurada de bienes del presidente, cuyos números causaron una denuncia penal del abogado Ricardo Monner Sans. Entonces en el gobierno se organizó una task force para coagular esa causa, que fue archivada por el doctor Oyarbide en el tiempo récord de cuatro meses. Tantos cabos sueltos y maniobras oscuras implicó aquella movida -incluido un secuestro exprés del hijo del fiscal Eduardo Taiano, quien debía apelar el sobreseimiento- que una década después emergen en tribunales las huellas de la conspiración. La primera sorpresa ocurrió en agosto pasado, cuando el ya jubilado juez Oyarbide dijo haber recibido presiones -“me apretaron el cogote”- para firmar aquella sentencia. Mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el ex magistrado nombró a Javier Fernández y al poderoso ex espía “Jaime” Stiuso como autores de esas supuestas presiones. Pero ahora hay mucha más información, con detalles y nuevos protagonistas. El contador Manzanares declaró que Néstor Kirchner le encargó la pericia contable de parte para presentar en el expediente, y que le ordenó ir al edificio de la ex SIDE, ahora Agencia Federal de Inteligencia, donde se encontró con Fernández. Luego -según declaró el contador- ambos subieron a un auto con vidrios polarizados, en el que recorrieron la ciudad hasta llegar a un edificio de ladrillos a la vista que Manzanares creyó ubicar en el barrio porteño de Belgrano. Subió a uno de los departamentos, y minutos después llegó Oyarbide: el mismísimo juez que debía investigar a Kirchner. Entre masas finas y tragos de champán, un complaciente Oyarbide, Fernández y Manzanares habrían coordinado los pasos a seguir: el juez envió a Manzanares a ver al decano del cuerpo de peritos de la Corte, Alfredo Peralta, quien en la sede del organismo le presentó a la contadora María del Carmen Penedo. Con ella fue armando la pericia que luego el juez aceptó como documento justificativo del crecimiento patrimonial “en blanco” del presidente. Según fuentes judiciales, “Manzanares declaró que le llevaba a Penedo la información y la documentación que ella le pedía, y que para hacerlo hizo más de diez viajes a Buenos Aires”. Semejante colaboración por parte de los funcionarios judiciales, cuya tarea es analizar las declaraciones juradas de forma independiente como auxiliares de los juzgados, es totalmente ilegal. Pero en este caso, también es incómoda: la contadora Penedo es la actual vicedecana del Cuerpo de Peritos Forenses que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras su designación el pasado 7 de octubre a través de la resolución 3119 que firmaron los cinco miembros de máximo tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, según el orden en el que estamparon su firma. “La pericia fue realizada para zafar a los Kirchner”, dice el contador Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte y quien en aquel momento fue rechazado como querellante en la causa. “Para no dejar demasiados flancos vulnerables amañaron el vocabulario utilizado, las conclusiones son ambiguas, lo que a Oyarbide la bastó para decir que estaba todo bien y el incremento patrimonial no era injustificado. Una gran puesta en escena”. Diez años después, el juez Lijo puede reabrir el expediente
