Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados. El viernes se presentaron en Dolores dos ex comisarios de la Bonaerense que se estarían incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fueron mencionados en los supuestos delitos. El juez Alejo Ramos Padilla no les tomó declaración porque quiere reunir todas las pruebas, pero les dictó la prohibición de salir del país y secuestró sus celulares. El juez federal de Dolores instruye la causa desde el momento en que Etchebest presentó la denuncia, el 28 de enero, porque, tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300 mil dólares. Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido –Juan Manuel Campillo– lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli. Poco después de recibir la denuncia, Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba. En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”. Los materiales conseguidos en ese allanamiento son los de mayor importancia porque no están contaminados: fueron secuestrados por el magistrado cuando la investigación no era pública. Desde entonces, en Dolores se reciben decenas de anónimos y se presentan varios denunciantes por día, pero funcionarios judiciales sospechan que las cosas tienen demasiado olor a armado previo. En cambio lo que se encontró en el allanamiento original es la clave de la investigación: una notebook, los dos discos rígidos, los tres celulares, 22 horas de desgrabaciones, cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio y asombrosos legajos de inteligencia. A eso se agregan horas de escuchas ordenadas por el propio juzgado. Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli. Los que despiertan más curiosidad son tres textos: Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa. Un dato asombroso es que, según parece, hay un mensaje del 11 de febrero de D’Alessio a Stornelli ofreciéndose a defenderlo ante el escándalo. El caso explotó el viernes 8 de febrero, es decir que seguía habiendo diálogo entre el falso abogado y el fiscal aún tres días después. D’Alessio le habría propuesto presentarse en la Cámara Federal para desvincularlo del caso. Esta semana también se conoció que el falso abogado declaró dos veces ante Stornelli de manera irregular, a principios de noviembre, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. El fiscal no tenía delegada la causa de manera que correspondía que D’Alessio declare ante el juez, no ante el fiscal. Y lo hizo en un momento clave: habían usado ese expediente para detener a Julio De Vido y Roberto Baratta, pero ocurrió que la pericia que era base de la causa resultó falsa y fraudulenta. D’Alessio fue a llenar ese agujero, declarando sobre los seguros y los costos en puerto. Lo grave es que ese testimonio recién se incorporó a la causa el 14 de febrero y es uno de los argumentos que usará este lunes el juez Claudio Bonadío para imputar en ese expediente a Cristina Fernández de Kirchner. Como se sabe, el magistrado le tomará indagatoria a la ex presidenta en ocho causas distintas en un solo día. Lo que está pasando en la causa judicial es que no únicamente se acumulan evidencias sobre la extorsión a Etchebest sino que va configurándose un modus operandi. En la casa de D’Alessio fueron encontrados legajos sobre cada víctima potencial. Sus bienes, la familia, sus debilidades. Son trabajos de inteligencia. Las constancias de esa actividad aparecen en los cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio. “Es otro chofer”, ironizó uno de los peritos. En total hay informes de esa naturaleza referidos a un enorme conjunto de personas y elementos para operaciones contra aproximadamente unos 20 blancos, aunque la pesquisa todavía debe analizar la documentación con mayor detalle. La investigación recién está en sus inicios, sobre todo porque el material acumulado es enorme. Pero la percepción dominante en los investigadores es que hay extorsiones por dinero, aprietes, maniobras en causas judiciales y suministro de drogas y pastillas para “plantar” en algún expediente. La hipótesis es que una parte de esa información sobre cada uno de los extorsionados salió de organismos de inteligencia y otra parte se produjo en el aparato judicial. No sólo Stornelli es uno de los investigados. También fiscales bonaerenses de la zona oeste. Y en la mira hay, igualmente, varios funcionarios públicos. Dado el inusitado volumen de información incorporado a la causa, el juez publicó ayer una resolución por la cual le dio participación a la Comisión Provincia de la Memoria (CPM), que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El fundamento es que la CPM tiene experiencia en trabajar material sobre operaciones de inteligencia durante la dictadura y la idea es que, con obligación de mantener confidencialidad absoluta, haga un archivo comprensible de todo lo secuestrado. La CPM es un ente público que codificó los archivos secretos de la Policía Bonaerense sobre todo en tiempos de la jefatura de Ramón Camps durante la dictadura. También auxilió a la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad. La apertura de los celulares del jueves provocó una lluvia de misiles contra Ramos Padilla para impedirle que acceda a la información. El juez notificó al abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, que iba a realizar la pericia y que, además, iba a hacer concurrir al propio D’Alessio para que esté presente. Los peritos –unos diez– ya le habían anticipado al magistrado que para abrir los iPhone se iba a necesitar, sí o sí, la huella digital y hasta el rostro de D’Alessio. El juez ordenó que la prueba se hiciera, con la voluntad del imputado o contra su voluntad, equiparando la situación a las que se producen cuando se le toman las huellas digitales a cualquier persona o cuando se hace un allanamiento. Finalmente, D’Alessio aceptó poner el dedo en uno de los celulares y luego admitió la lectura del rosto para desbloquear el otro. Es más: hasta terminó poniendo él mismo alguna clave. La defensa se lanzó a denunciar a un secretario de Ramos Padilla –el secretario que estaba presente en la pericia– por el presunto delito de coacción, causa que instruye ahora el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Parece difícil una coacción delante de unas 20 personas que fueron las que firmaron el acta en el edificio Guardacosta de la Prefectura. La pericia continuó este sábado con alguno de los discos rígidos y estuvo presente el abogado Claudio Fogar. El viernes se presentaron en Dolores los dos comisarios mencionados por D’Alessio como las personas que lo “contrataron” supuestamente para investigar a Etchebest: Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El argumento no tiene la menor credibilidad: la idea –pergeñada con los comisarios– era pedirle dinero al empresario para saber de dónde sacaba la plata. O sea que si Etchebest pagaba los 300 mil dólares que le exigieron les debería decir también de qué cuenta o de qué sociedad o de qué país tomó los fondos. Con Etchebest funcionó el modus operandi. Lo estudiaron, le buscaron los puntos débiles, analizaron su familia, su situación económica, luego le dijeron que estaba involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos y lo extorsionaron. En el caso de Etchebest usaron, por ejemplo, información de las veces que había salido o entrado del país, lo intimidaron diciéndole que su hijo estaba en Estados Unidos y movía tal y tal otra sociedad, le echaron en cara el valor del campo en Sierra de los Padres y le dijeron que sabían que vive en el opulento edificio Le Parc de Puerto Madero. Una operación de inteligencia con fines de extorsión. D’Alessio se defendió argumentando que todo lo hizo por pedido de la AFI, representada por Bogoliuk y Degastaldi. Ambos tuvieron altísimos rangos en la Bonaerense, pero también se fueron del cuerpo en medio de sospechas. Según contaron los abogados, el magistrado no aceptó que declaren porque está esperando el análisis de todos los materiales, que incluyen numerosas comunicaciones entre D’Alessio y los comisarios. Todo indica que Ramos Padilla piensa que son parte de la asociación ilícita. Por ahora, el juez les informó a los letrados que dictó la prohibición de que Bogoliuk y Degastaldi salgan del país, les advirtió que debían entregar pasaportes y celulares y adelantó que no podrán vender bienes registrables. Ramos Padilla le libró un exhorto al juez de Comodoro Py Julián Ercolini para que le pidiera a Stornelli los registros de Whats- App de su teléfono, en especial los mensajes con D’Alessio. Stornelli nunca ofreció su celular para que se lo investigue y pidió, a través de su abogado Roberto Ribas, que Ramos Padilla dejase la causa. Su argumento es que las dos primeras cuotas de la coima se pagaron en Puerto Madero, o sea en la ciudad de Buenos Aires donde Comodoro Py es local. No es casualidad que también D’Alessio haya pedido lo mismo. El WhatsApp del 11 de febrero a Stornelli muestra que está dispuesto a todo para proteger al fiscal, algo que se evidencia por su ofrecimiento a Stornelli de ir a declarar a la Cámara Federal. En su indagatoria, D’Alessio dijo que “Stornelli no tiene puta idea” de lo que el falso abogado hacía. Pero no logró explicar el motivo de sus contactos ni de sus visitas a la fiscalía sin ser abogado ni matriculado. Tampoco explicó satisfactoriamente la cumbre de Pinamar. El juez Ercolini no sólo no contestó el exhorto de Ramos Padilla sino que directamente le pidió la causa, argumentando lo mismo que Stornelli: los pagos de la extorsión fueron en Capital. El escrito fue tan pobre que el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, dictaminó que no puede opinar ante la orfandad de elementos. Todas las partes deben manifestarse a más tardar este lunes y luego el juez resolverá dentro de la semana. La disputa terminará seguramente en las dos cámaras federales. Mientras tanto la pesquisa sigue. Para cuando se resuelva el conflicto de la competencia, habrá más pruebas y más novedades para este boletín.
