Antonio José Franco es uruguayo, tiene 36 años y una prohibición para ingresar a la Argentina bajo amenaza de expulsión del país debido a las tres condenas penales que recibió aquí en el pasado. Sin embargo, la Policía de la Ciudad lo encontró en pleno Boedo manejando una moto en compañía de otro hombre. Cuando quisieron identificarlo, el hombre aceleró e intentó escapar, pero igual lo arrestaron. Lo pusieron a disposición de la Justicia, que en lugar de deportarlo lo liberó en menos de 24 horas. La decisión fue tomada por la misma jueza que días atrás liberó a otro motochorro, pero de nacionalidad colombiana, luego de que pasara menos de dos días preso y con la sola obligación de resarcir con el pago de 700 pesos a una chica a la que le había arrebatado el celular en Caballito. La detención de Antonio José Franco sucedió el mismo día que se conoció que la Dirección Nacional de Migraciones decidió, de oficio, expulsar a aquel motochorro colombiano de los 700 pesos, Jair Stevens Jurado Mora (25), que en su país tenía antecedentes por hurto, tráfico de armas y violencia intrafamiliar pero que había entrado aquí sin problemas. Y también ocurrió en el marco de un debate cada vez más caliente en la Argentina: la deportación de los extranjeros que delinquen y la famosa “puerta giratoria”. Franco es detenido por la Policía luego de que se comprobara que pesaba sobre él un pedido de expulsión del país. Recibir newsletter Fue la jueza Patricia Guichandut, titular del Juzgado N°62, quien tomó la decisión de dejar en libertad al motochorro colombiano la semana pasada. Lo hizo a cambio de que le pagara a la víctima del robo 700 pesos y de una “probation”. Esa misma magistrada, según pudo saber Clarín, fue quien este miércoles a las 5 de la madrugada le otorgó el beneficio de la libertad al motochorro uruguayo, pese a que tenía un impedimento de entrar al país y un pedido de expulsión vigente. Lo hizo a menos de 24 horas de su arresto. Clarín se comunicó con su juzgado, desde donde señalaron que “parte de la información que se difundió es incorrecta”. Pero no dieron más precisiones. Franco, el motochorro uruguayo que tiene domicilio en Raulet al 200, en Parque Patricios, fue detenido cuando conducía una moto negra junto a un hombre de nacionalidad argentina. Los arrestaron en Virrey Liniers al 900, luego de que a los agentes de la Policía de la Ciudad les llamara la atención cómo, con una maniobra violenta, ambos intentaron huir y se escondieron detrás de un camión al verlos. Ante esa actitud, los policías decidieron identificar a los sospechosos. Cuando cargaron sus datos en el sistema, saltaron los antecedentes de ambos. El acompañante era Rodrigo Ezequiel Romero, argentino de 30 años, que tenía un captura vigente de la Justicia desde diciembre del año pasado por una tentativa de robo. En mayo de 2018 le habían abierto otra causa, por atentado a la autoridad. La moto negra en la que circulaban Franco y su cómplice, Romero, antes de ser detenidos. A Franco, por su parte, lo buscaban en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4, a cargo del juez Marcelo Peluzzi, para expulsarlo del país. Clarín intentó comunicarse con el magistrado pero no obtuvo respuesta. Tampoco desde Migraciones informaron sobre su situación. El uruguayo tiene varios antecedentes en el país. El primero es una condena a tres años de prisión de 2007 por robo, causa en la que consiguió una libertad condicional del controvertido juez Axel López. El magistrado lo dejó salir de prisión tras pasar siete meses preso. En 2017, Franco recibió otra condena, de tres años de prisión efectiva, por el robo de un auto de 2014. Le unificaron la pena con otra que recibió en una causa por encubrimiento de 2016. Y logró la libertad asistida en febrero del año pasado, según informaron a Clarín fuentes del caso. Tras el arresto de este miércoles, el motochorro uruguayo y el argentino fueron trasladados a las Comisaria Vecinal 5B y quedaron a disposición de la Justicia, más precisamente del juzgado de Guichandut, quien en menos de 24 horas decidió la libertad de Franco pero dejó preso a su cómplice por la orden de captura que pesaba sobre él. La noticia de la detención y posterior liberación del uruguayo se conoció el mismo día en que se vencía el plazo para que el colombiano Jurado Mora presentara ante Migraciones un recurso jerárquico (algo así como una apelación) ante la decisión del organismo de expulsarlo del país. Así detenían al motochorro colombiano hace una semana. Ahora Migraciones quiere expulsarlo. Ese plazo había comenzó a correr el lunes pasado, luego de que el viernes 25 de enero le notificaran la medida tomada de oficio por la Dirección Nacional de Migraciones. Es que el colombiano había ingresado a la Argentina hacía siete meses y, como no había tramitado su radicación, se le había vencido la visa de turista. Pero, sobre todo, había cometido un delito mientras se movía ilegalmente por el país y tenía antecedentes penales en Colombia: hurto, tráfico de armas y violencia intrafamiliar. El motochorro había sido detenido el 22 de enero luego de haberle arrebatado el celular a una chica de 18 años que estaba por cruzar la calle en avenida La Plata al 100, en Caballito. Tras el robo, el colombiano huyó a toda velocidad en su moto, pero fue detenido por agentes de la Policía de la Ciudad luego de una persecución. Jurado Mora quedó acusado de "robo en grado de tentativa" y la jueza Guichandut le concedió una "probation" y la libertad a las 48 horas. Sólo le impuso como condiciones no consumir drogas ni alcohol durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y resarcir a la víctima del robo con 700 pesos. La moto que usaba el motochorro colombiano cuando le robó un celular a una chica de 18 años en Caballito. El caso generó controversia y hasta el vicejefe de Gobierno porteño (a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad), Diego Santilli, pidió que el colombiano sea deportado. Así, las próximas horas serán claves en cuanto a la expulsión de Jurado Mora dispuesta por Migraciones, que “le dará intervención a la Justicia para que el colombiano quede retenido” si finalmente no apela la medida. Luego, se procederá al trámite de expulsión.
