Tras haber pospuesto el comienzo de la audiencia durante más de diez horas, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Jujuy condenó a la dirigente social jujeña Milagro Sala a 13 años de prisión. La halló culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado a pesar de que las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la Fiscalía no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. "Hoy ustedes, señoras juezas, como mujeres y trabajadoras, pasarán a la historia por lo que ustedes decidan, sea para bien o para mal", advirtió Sala cuando le dieron la palabra antes de oír el fallo condenatorio. Al igual que el resto de los 30 acusados en el juicio por la causa que se conoce como Pibes Villeros, Sala había declarado su inocencia: "Todos mis compañeros y yo somos inocentes. No robamos nada y no es casualidad que nuestras obras sean reconocidas internacionalmente", sostuvo. Fue el cuatro juicio que afrontó desde su detención, hace casi tres años. La condena es la primera que, de quedar firme, la mantendría encerrada. La sentencia llegó luego de seis meses de juicio por la causa --que en realidad está conformada por tres expedietnes-- conocida como Pibes villeros, que investiga el desvío de fondos destinados originalmente a la construcción de viviendas por parte de cooperativas de la Tupac y de otras organizaciones sociales jujeñas. Las juezas María Alejandra Tolaba --la presidenta, designada a dedo en ese puesto luego de haber reprobado concursos en dos oportunidades--, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas hallaron a Sala responsable de los delitos por los que llegó al juicio acusada, a pesar de que su defensa, a cargo de Luis Paz, Matías Duarte y Paula Álvarez Contreras, insistió en la "orfandad" de elementos para incriminarla. Sala enfrentaba condenas de más de 20 años de prisión. En su alegato y en diálogo con este diario, Duarte había remarcado que ni durante la instrucción ni a lo largo del juicio oral la Fiscalía logró acreditar los testimonios que inculpan a Sala por los delitos por los que fue juzgada y condenada y señaló "irregularidades graves" de la instrucción que "la Fiscalía no pudo solucionar" a lo largo del debate. Entre ella irregularidades, mencionó que la Fiscalía no logró señalar un marco temporal a los delitos de asociación ilícita ni de extorsión supuestamente cometidos por Sala. “No se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio Público en el debate y que constituye un conflicto procedimental”, explicó Duarte el pasado fin de semana. También indicó que entre las pruebas documentales en las que la Fiscalía se basó para acusar a Sala de defraudación al Estado no hay más que fotocopias, "sin siquiera certificar cheques presuntamente cobrados por cooperativistas y copias de expedientes administrativos incompletos”. Por último, durante los alegatos denunció que el Ministerio Público de la Acusación jujeño "inventó" hechos para acusar a Sala que no figuraron en la elevación a juicio. El miércoles Sala cumple tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. El equipo jurídico que la representa solicitará, a pesar de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad. Sala no fue la única condenada en el juicio, que tuvo a 30 cooperativistas, integrantes de organizaciones sociales jujeñas y ex funcionarios provinciales en el banquillo de los acusados. De hecho, casi todos recibieron condenas. Al compañero de Sala, Raúl Noro, que adolece de una enfermedad terminal, le impusieron una pena de tres años en suspenso. Audiencia pospuesta Se esperaba que la audiencia final comenzara a las 8.30, pero el tribunal debió suspenderla luego de que supiera que uno de los acusados fue detenido el fin de semana por tráfico de drogas en Formosa. Se trata de Raúl Ezequiel Aguilera, uno de los hijos de la diputada provincial Mabel Balconte, acusado en el juicio junto a su madre y Sala y que, según registros oficiales, trabaja para la Gobernación de Jujuy. Según indicaron fuentes de la investigación a medios locales, Aguilera fue detenido por poseer cerca de un kilo y medio de cocaína con fines, presuntamente, de comercialización. Aguilera fue, por otro lado, el único acusado para quien el Ministerio Público de la Acusación jujeño solicitó la absolución durante su alegato. La declaración indagatoria de él y su hermano, integrantes de una de las cooperativas de vivienda involucradas en la causa, durante el debate oral fueron puntas de lanza en la estrategia de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo de Jujuy para incriminar a Sala en la causa. Entre llantos, declararon ante el tribunal haber sido "obligados" a cobrar cheques de fondos destinados a la construcción de viviendas. Balconte había completado la estrategia. Diputada electa por el espacio político de la Tupac Amaru, fue involucrada en la causa poco tiempo después que Sala. Sorpresivamente cambió su versión de los hechos y "confesó" haber acompañado a Sala una vez a Buenos Aires, en uno de los supuestos viajes que la dirigente social jujeña realizaba, según los dichos de la diputada, para entregar dinero al diputado Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos. Balconte recibió una condena de 8 años de prisión y el pedido a la Legislatura provincial para que le sean quitados los fueros. Sus hijos, en cambio, fueron absueltos.
