"La información está en poder de la AFIP". "No la hacemos pública porque hay datos sensibles". "La estamos subiendo a la web". "Adherimos a la ley 15.000 pero estamos esperando la aprobación del Concejo Deliberante". "Ya la mandamos al Tribunal de Cuentas" (desde este organismo informaron que no reciben esa información). "Está en la Oficina de Transparencia", donde nadie atiende o es imposible comunicarse. "Pone en riesgo la seguridad y la intimidad de los funcionarios municipales". "La información la tiene el contador". "Hay que venir a buscarla personalmente a la Municipalidad". O directamente un "no". El ingenio popular se aplica como nunca a la hora de poner excusas. Un total de 14 de los 33 intendentes del Conurbano se negaron a entregar su declaración jurada de bienes ante una iniciativa de Infobae para relevar y hacer pública esa información. La resistencia alcanza a todos los sectores políticos. Once de ellos están alineados con el kirchnerismo, dos son de Cambiemos y uno del Frente Renovador. Durante tres meses, este medio se comunicó con voceros, jefes de prensa, secretarios, funcionarios municipales y hasta con los propios intendentes para conocer su patrimonio. Sorpresa, resistencia, justificaciones diversas y hasta enojo fueron las respuestas más habituales. Fuera de la ley Los intendentes fueron excluidos de la ley 15.000, sancionada en diciembre del 2017, que obligó a todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires a presentar su declaración jurada. Se trata de un universo de casi 26.000 personas. Incluye a la gobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios del Ejecutivo provincial, comisarios de la Policía Bonaerense, jefes del Servicio Penitenciario y legisladores, que se sumaron este año. "Si bien fue una iniciativa de Vidal, es una ley que votó toda la dirigencia política, entendiendo el cambio de época a partir del triunfo de Cambiemos", sostuvo Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Las declaraciones tienen una parte pública, que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Justicia bonaerense, y otra privada, con datos sensibles, como los números de las cuentas bancarias o las patentes de los autos. "Solo el escribano general del Gobierno tiene un token (una clave de seguridad) para acceder a la parte privada ante un requerimiento judicial, y las áreas de asuntos internos de la Policía y del Servicio Penitenciario", explicó Luis María Ferella, titular de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la provincia de Buenos Aires. Por esa misma ley, el próximo año también deberán declarar sus bienes todos los candidatos bonaerenses para los cargos de gobernador y vice, diputados y senadores provinciales. Privilegio con aval político Del otro lado, los 135 jefes comunales de la Provincia nunca estuvieron obligados a mostrar sus bienes y, hasta el día de hoy, están eximidos de hacer público su patrimonio. En el medio, pasaron gobernadores de todos los signos políticos. Ninguno avanzó contra ese privilegio. El gobierno de Vidal amagó con incluirlos en la ley 15.000, aunque terminó cediendo frente a las presiones y las quejas. "Cuando se envió el paquete de leyes sobre transparencia, los intendentes estaban originalmente incluidos en la obligación de presentar la declaración jurada, pero comenzaron a reclamar que era una injerencia en la autonomía municipal", admitió una espada del oficialismo en la Legislatura provincial. Luego de tres meses de reclamar información que debería ser pública, este medio se topó con la negativa de 14 jefes comunales. "Son muchos años en el poder y nunca les habían pedido un solo papel", admitió el vocero de uno de ellos frente a los sucesivos pedidos de Infobae. Entre los que se negaron hay referentes del Frente Para la Victoria (FPV), como Verónica Magario y Martín Insaurralde, que encabezó la lista de Cristina Kirchner en las legislativas de 2013. También aparecen barones del Conurbano como Mario Ishi o Alberto Descalzo, y hasta dos jefes comunales del mismo color político que el Gobierno nacional, como Darío Kubar y Mauricio Gómez. A partir de la negativa de estos 14 intendentes, Infobae comenzó a investigar su patrimonio en base a registros oficiales. Los resultados se conocerán en los próximos días. Jorge Ferraresi – Avellaneda El primer pedido para acceder a la declaración jurada del intendente Jorge Ferraresi (FPV) fue a través de la oficina de prensa de Avellaneda, donde prometieron averiguar. Nunca devolvieron los llamados. Tras algunos intentos fallidos, la respuesta oficial fue que el Municipio no adhirió a la ley 15.000 porque tiene su propia reglamentación, y que la declaración estaba presentada ante la "Oficina de Transparencia" a cargo Geraldine García. Parecía una buena noticia, pero terminó siendo todo lo contrario. En esa Oficina derivaron la consulta nuevamente al área de Prensa. Tampoco respondieron los pedidos vía mail, pese a que el organismo ya tiene una página web y hasta abrieron una oficina para hacer denuncias relacionadas con funcionarios o personal municipal. Juan Patricio Mussi – Berazategui Los voceros del intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi (FPV) se mostraron desde un comienzo reacios a colaborar. La jefa de prensa del Municipio dijo que "iba a averiguar", pero nunca devolvió los llamados. Ante la reiteración de la consulta, argumentó que tenía que hablar con el contador, una de las respuestas dilatorias más comunes recogidas por Infobae. A partir de ese momento, nunca más contestó los mensajes de los integrantes del equipo de investigación. El patrimonio de Mussi, quien sucedió a su padre Juan José Mussi en el Municipio en 2011 y fue reelegido hace tres años, está siendo investigando por la Justicia a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que detectó irregularidades con los fondos públicos del programa social Argentina Trabaja. La causa abierta por malversación de caudales públicos y supuesto enriquecimiento ilícito la lleva adelante el juez federal de Quilmes Luis Armella. El magistrado sigue sumando medidas de prueba, como la apertura de documentación patrimonial, aunque todavía no hizo un llamado a indagatoria. En 2016, Armella allanó un estudio contable, donde encontró una serie de facturas sospechosas con las cuales el intendente de Berazategui facturó servicios como abogado a su estudio y otras empresas, como Transportes Dadi. Mario Secco – Ensenada El intendente de Ensenada Mario Secco tampoco accedió a entregar información sobre su patrimonio. Ante los llamados de este medio, desde la oficina de prensa respondieron que el intendente "sólo presenta su declaración jurada ante la AFIP". Hace dos semanas, ante un nuevo pedido para completar el informe, la respuesta fue la misma. Secco es intendente desde 2003. En 2015 logró su tercera reelección con más del 55% de los votos por el FPV. Antes de acceder a ese cargo, fue secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada durante tres períodos consecutivos, desde 1994. En diciembre del 2017, protagonizó un escándalo cuando ingresó por la fuerza a la Legislatura provincial junto a un grupo de manifestantes kirchneristas. Buscaban frenar la sesión en la que se estaba discutiendo un paquetes de leyes enviado por Vidal, entre las que estaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores. Por ese hecho, Secco fue denunciado por el presidente de la Legislatura, Manuel Mosca. En febrero del 2018 fue citado a indagatoria por la fiscal Ana Medina por los delitos de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa. Darío Kubar – General Rodríguez El intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, electo en 2015 por Cambiemos, fue uno de los primeros en recibir el pedido de Infobae hace tres meses. Ante la primera consulta, la respuesta de su vocera fue que estaba "reclamando la información". El mismo argumento se repitió una y otra vez. La respuesta al último requerimiento, en diciembre, fue nuevamente infructuosa. Esta vez, desde la oficina de Prensa argumentaron que "estaban ocupados atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones de la última tormenta". Alberto Descalzo – Ituzaingó En el caso de Alberto Descalzo (FPV), que gobierna Ituzaingó desde hace 23 años, en un comienzo hubo disposición a colaborar. "Me la mandan hoy", dijo la subsecretaria de Imagen y Comunicación del Municipio, Valeria Susperreguy. Ante la reiteración del pedido, dejó de responder los mensajes. Ya en diciembre, contestó: "Transmito el mensaje, pero no me respondieron todavía". La negativa de Descalzo a hacer público su patrimonio contrasta con la imagen que busca mostrar desde la web del Municipio, donde hay una solapa llamada "Transparencia", en la que está disponible on line información sobre la ejecución presupuestaria o incluso la escala salarial de los empleados del Municipio, incluido el del intendente. Mario Ishii – José C. Paz El primer requerimiento para acceder a la declaración jurada del pintoresco caudillo justicialista de José C. Paz, Mario Ishii, fue a través de José Pérez, secretario de Gobierno, quien derivó la consulta a la Secretaría Privada de la Municipalidad. Allí, una secretaria informó que la declaración jurada del intendente "estaba en Hacienda", y que por lo tanto era necesario hablar con el contador a cargo del área. Sin embargo, fue imposible encontrarlo disponible. Finalmente, desde la misma secretaría privada informaron que "no podían" facilitar la declaración jurada del intendente a los medios porque "no hay una ley que los obligue". Uno de los principales aliados de Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias, "El Japonés", fue reelecto en 2015 y va por su cuarto mandato al frente de José C. Paz. Como el resto de los barones del Conurbano, nunca presentó públicamente su declaración jurada. En 2010, cuando Clarín lo consultó sobre la expansión de sus negocios rurales en Corrientes, lo confirmó aunque se quejó porque la prensa "lo perseguía". "Tengo un pedacito de monte en Santiago, ¿y qué?", fue su respuesta. Verónica Magario – La Matanza "No hay problema, es un pedido perfectamente normal", fue la primer respuesta del vocero de Verónica Magario, intendenta de La Matanza, un bastión kirchnerista. Es más, hasta se ofreció a enviar el recibo de sueldo. Sin embargo, desde entonces todas las respuestas fueron siempre amables, pero evasivas. Ante el último reclamo de Infobae, en diciembre, la respuesta de quien se perfila como una de las candidatas de Unidad Ciudadana para disputar la gobernación bonaerense fue: "Le trasladamos el pedido a la intendenta". En contraste, el Municipio publica en su página web que en 2010 creó una Oficina Anticorrupción a nivel local, "con el objetivo de velar por el cumplimiento de normativas vinculadas a ética pública e impulsar la aplicación de prácticas transparentes de gestión administrativa mediante el establecimiento de un sistema de contralor permanente". Los matanceros no pueden ejercerlo sobre el patrimonio de quien maneja los recursos públicos en el principal partido del Conurbano bonaerense. Martín Insaurralde – Lomas de Zamora El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, al frente del Municipio desde 2009 -cuando reemplazó a su mentor Jorge Rossi-, también se negó a hacer públicos sus bienes. Reelecto en 2015 con el 47% de los votos, después de haber sido elegido diputado por el FPV en 2013, es otro de los que suena como potencial candidato del kirchnerismo para enfrentar a Vidal en la Provincia. De ser así, se vería obligado a divulgar sus bienes por la ley 15.000. Su vocero nunca dio una respuesta definitiva ante el pedido de Infobae. Luis Andreotti – San Fernando El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, fue el único representante del Frente Renovador que se negó a facilitar su declaración jurada de bienes. En 2015 fue reelecto por segunda vez con el 50% de los votos. Si bien había dicho que iba a entregarla, finalmente, ante el último requerimiento de Infobae, su vocero respondió que no lo iba a hacer. Leonardo Nardini – Malvinas Argentinas El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, asumió con 35 años en 2015 como el más joven del Conurbano. Ganó por el Frente para la Victoria, desplazando a Jesús Cariglino (Unión por una Nueva Argentina, de Sergio Massa), el primer y único jefe comunal que había tenido el municipio por 20 años. Como el resto de los jefes comunales contactados por Infobae, Nardini recibió el primer pedido hace tres meses a través de sus voceros. La respuesta llegó recién hace dos semanas, sobre el límite de tiempo establecido para recibirla: "La declaración jurada fue presentada ante la AFIP y la declaración jurada de domicilio al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los organismos a los que está obligado a presentarlas". Walter Festa – Moreno El intendente de Moreno, Walter Festa, aliado de La Cámpora, también rechazó el pedido de este medio para acceder a su declaración jurada. Las respuestas de sus voceros fueron variando con el transcurso del tiempo. En julio, un vocero dijo que "la parte informática iba a estar lista para el año que viene", en alusión a las supuestas trabas para cargar la declaración en la web del Municipio. Y aseguró que ya eran "públicas las declaraciones juradas del intendente y de los funcionarios jerárquicos". Luego, el argumento comenzó a ser otro. "Como no hay normativa provincial al respecto, debemos esperar la normativa local para sacarlo", respondió el mismo vocero tiempo después. En las últimas semanas, ante la insistencia de Infobae, los voceros apelaron a una situación personal del intendente: dijeron que "estaba ocupado" porque su esposa está por dar a luz y que "no tenía obligación" de hacerlo. Gustavo Menéndez – Merlo El jefe comunar de Merlo, Gustavo Menéndez, también electo en 2015 por el FPV, es otro de los que se negó a facilitar su declaración jurada. Su encargado de prensa se comprometió a trasladar el pedido, e incluso solicitó "más tiempo" tras asegurar que estaba "encaminado". Pero luego dejó de contestar los mensajes. Menéndez acaba de ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el faltante de 600.000 pesos. La Justicia de Mar del Plata lo encontró culpable de fraude a la administración pública por una serie de irregularidades ocurridas en el Casino Central y Del Mar de la ciudad Mar del Plata entre 2006 y 2007, cuando el actual intendente era director de las dos casas de juegos de azar. Menéndez anticipó que apelará la medida, tras criticar al juez correccional Luis Rodríguez y al gobierno provincial de Cambiemos por "escandalosas operaciones sobre la Justicia". Aníbal Regueiro – Presidente Perón El intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, va por su cuarto mandato consecutivo al frente del Municipio. Proveniente de un partido vecinal, se sumó a las filas del FPV en 2003. Nunca respondió los mensajes vía Whatsapp ni atendió los llamados en su teléfono personal. El vocero del Municipio sorteó las consultas con evasivas. Como otros intendentes del Conurbano, Regueiro tiene una investigación abierta por corrupción. Tras un pedido del fiscal Franco Picardi, acaba de ser indagado por las sospechas sobre la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica. La Justicia sospecha que hubo una sobrefacturación de casi 29 millones de pesos y que de esa manera se "enriqueció el Municipio", y los dueños de la sociedad comercial a cargo de la obra, la constructora Mako SA. Según la denuncia realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) también había "diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección". Mauricio Gómez – San Vicente Esteban Mauricio Gómez llegó a la intendencia de San Vicente en 2015 por Cambiemos, con el 36% de los votos. Es el otro jefe comunal del oficialismo que no quiso hacer público su patrimonio, pese a su vehemencia en apoyar la gestión de la gobernadora. A mediados de este año se vio envuelto en una polémica por la designación de más de una veintena de familiares en el Municipio. "Avisé que mi familia iba a ser parte de mi equipo", sostuvo en una conferencia de prensa para defenderse. También fue cuestionado por el aumento de la planta jerárquica de personal. Cuando Infobae se contactó con el área de Comunicación de San Vicente para solicitar su declaración jurada, no logró obtener una respuesta. Sobre el cierre del plazo para este informe, Gómez accedió él mismo a explicar sus motivos: "Las declaraciones juradas están a resguardo y a disposición del presidente del Concejo Deliberante. Están lacradas y si hay que abrirlas, se abren. Hacerlas públicas es un riesgo para las personas. Hay que respetar la seguridad y la intimidad de las familias", argumentó.
