Mauricio Macri sigue sacando ventajas del incierto contexto regional en el que está enmarcada su gestión. Su gobierno evitó un fracaso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se trata el reclamo del fondo Burford y de la familia Eskenazi contra la Argentina. Fue gracias a una sofisticada estrategia jurídica. Pero, también, al respaldo que sigue obteniendo entre actores decisivos de la comunidad internacional. El pleito se origina en el procedimiento de Cristina Kirchner para estatizar la participación de Repsol en YPF. Es un conflicto importante desde el punto de vista fiscal: la demanda ronda los 3000 millones de dólares. Pero, también, desde la perspectiva política. En las instancias por venir podrían salir a la luz los pormenores de una de las operaciones económicas más oscuras emprendidas por Néstor Kirchner y su entorno empresarial. La desenfadada saga de los Eskenazi en YPF permite calibrar, como ningún otro episodio, la ensoñación de poder y lucro que anidaba en la cabeza del expresidente. Burford Capital es un fondo liderado por abogados, que se especializa en litigios financieros. El 4 de marzo de 2015 compró, en 15 millones de euros, los derechos de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que están en quiebra, para demandar a la República Argentina y a YPF porque en la estatización de la petrolera se habría violado el estatuto societario, que obligaba a realizar una oferta por la totalidad de la compañía. Petersen Energía y Petersen Energía Inversora son las dos compañías españolas a través de las cuales los Eskenazi entraron, de la mano de Kirchner, a YPF. Burford se comprometió a retribuir a esa familia con el 30% del resultado del juicio. Los Eskenazi dejan trascender, siempre por voceros anónimos, que no tienen interés en este pleito. Difícil creerles. El caso se llama "Petersen Energía Inversora vs. Argentine Republic". Los que litigan contra el país son Burford y los Eskenazi. En los tribunales de Nueva York se enfrentan dos argumentos. El de Burford y los Eskenazi, que piden que se respete el estatuto privado de YPF. Y el de la República Argentina, que aduce que, al ser la estatización un acto soberano, basado en la prevalencia de una ley del Congreso sobre un contrato entre socios, corresponde aplicar la inmunidad que Estados Unidos reconoce a los Estados extranjeros. Anteayer, la Argentina obtuvo un triunfo considerable, sobre todo si se observa la situación en la que llegó a la Corte: los demandantes habían tenido éxito en primera y segunda instancia. Burford y los Eskenazi se habían beneficiado del marco político en el que comenzaron a litigar. El Estado argentino, en pleno conflicto con los holdouts, era un actor indeseable en los tribunales neoyorquinos. Además, la procuradora del Tesoro de Cristina Kirchner, Angelina Abonna, había sido amonestada por la jueza Loretta Preska por los malos tratos y las amenazas dirigidos hacia su contraparte. Para que el fracaso sea perfecto, el estudio Cleary Gottlieb, que desistió de representar a la Argentina para patrocinar a los Eskenazi, recomendó como defensor al bufete Akerman, de Miami. En una demostración más de fervor patriótico, el kirchnerismo aceptó el abogado que le recomendaba su contrincante. A mediados de 2017, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF y responsable del frente jurídico de esa compañía, debió rescatar el caso de ese lodazal. Se apoyó en Bernardo Saravia Frías, quien pasó de ser responsable legal del Ministerio de Hacienda a desempeñarse como procurador del Tesoro. Ambos intentaron revertir la derrota cambiando de patrocinantes y desplegando una estrategia sostenida en tres criterios. El primero, recurrir a la mencionada inmunidad soberana. A pesar de una fragilidad: en el decreto de estatización no se explicitó que se desconocía el estatuto debido a que la ley del Congreso tenía más jerarquía. Un olvido, también patriótico, del entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Hoy Zannini es director del Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi, en representación del gobierno de Alicia Kirchner. El segundo alegato de los abogados de la Argentina estaba vedado para el kirchnerismo. Consiste en demostrar que los supuestos derechos de los Eskenazi no se originan en una aséptica operación comercial. Ellos se hicieron del 25% de YPF por la presión extorsiva de Kirchner, con recursos procedentes de la misma compañía y también de un crédito cuyos fondos están rodeados de enigmas. Es decir: el ingreso de los Eskenazi en la empresa fue una maniobra opaca, típica de gobiernos corroídos por la corrupción. Kirchner quiso, a través de ellos controlar YPF, como en 2010 pretendió hacer lo mismo con Telecom, a través de Ernesto Gutiérrez y de los Werthein. En diciembre de 2011, su viuda rompió con Sebastián Eskenazi. Se lo presentó como un enfrentamiento energético. Para muchos, entre ellos, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, fue un entredicho patrimonial. Al mismo tiempo caía en desgracia Francisco Larcher, mandamás de la Secretaría de Inteligencia y principal amigo de la familia después de Kirchner. Larcher es el alter ego de Silvia Majdalani, quien heredó su cargo con Macri. El tercer paso del enfoque de Rodríguez Simón y Saravia fue solicitar la intervención de otros Estados como amicus curiae. Esta gestión fue liderada por el canciller Jorge Faurie, en las Naciones Unidas, el 22 de octubre pasado. Así se logró que dos socios comerciales de Estados Unidos, como Chile y México, avalen la posición argentina en Washington. Como parte de la misma jugada, se pidió al tribunal que reclamara la opinión del solicitor general, el abogado del gobierno norteamericano ante la Justicia. La Corte accedió a este requerimiento. Fue una victoria de los abogados argentinos, que quedó reflejada en la caída de la acción de Burford, durante las últimas 48 horas, en la Bolsa de Londres. El solicitor general, Noel Francisco, que responde a Donald Trump, no tiene plazo para pronunciarse. Cabe suponer que la diplomacia argentina actuará para influir sobre su opinión. Si la Corte rechazara los planteos de la Argentina, el caso podría volverse mucho más ruidoso. El gobierno de Macri pedirá a la jueza Preska que aplique un discovery. Se trata de un procedimiento habitual del derecho anglosajón, por el cual se obliga a alguna de las partes a exhibir todos los documentos y comunicaciones que sirvan de evidencia a la pesquisa. Sería la primera vez en que el escandaloso desembarco de los Eskenazi en YPF sería investigado. En plena campaña electoral, agregaría una incomodidad a la expresidenta, pero también a Sergio Massa, cuya intimidad con esa familia casi iguala a la de Néstor Kirchner. Es una continuidad interesante: Massa heredó más amigos empresariales de Kirchner que su propia viuda. Y eso que, según confesó en mayo de 2015, la corrupción le da asco. Aquella operación está llena de peculiaridades sospechosas. Una es que Repsol eligiera como socio a un grupo sin antecedentes energéticos. Y cuyo rasgo principal era una vinculación tan estrecha con los Kirchner, que el matrimonio justificó su prodigioso enriquecimiento en los generosos créditos que les ofrecía el banco de los Eskenazi. En un rasgo de sinceridad, Brufau admitió que tuvo en consideración estos vínculos cuando caracterizó a Enrique Eskenazi como "experto en mercados regulados". Eskenazi sonrió. Creyó que lo elogiaban. También fue extravagante el modo en que los Eskenazi adquirieron su participación: Repsol la cobraba con dividendos de la misma YPF. Brufau fue tan pródigo que postergó una distribución de esas remuneraciones para que la familia hiciera el primer pago con ganancias de un período en el que aún no era accionista. Con ese método, también Repsol retiraba beneficios que invertía en otros países. El resto de los fondos fueron provistos por bancos. Sobre todo por Crédit Suisse, donde gravitaba Pedro Chomnalez, amigo de la infancia de Sebastián Eskenazi. Aldo Ducler, agente financiero de Santa Cruz con Kirchner, sostuvo antes de morir que ese banco administraba los fondos que esa provincia había obtenido por la privatización de YPF hecha por Carlos Menem. La sombría historia del peronismo contemporáneo en relación con esa petrolera pide a gritos un autor. A pesar de que la entrada de los Eskenazi se presentó como una "argentinización" de YPF, las empresas que adquirieron las acciones eran españolas y estaban controladas por una misteriosa sociedad australiana. Esas compañías españolas, que están en quiebra, esperan ahora que la Argentina les pague 1000 millones de dólares por derechos adquiridos sin dinero. Cuánto que aprender... Uno de los acreedores de las sociedades Petersen es Repsol. El detalle es crucial: cuando cobró su resarcimiento por la expropiación, Repsol renunció a cualquier reclamo, propio o mediado por terceros, contra la Argentina. Si algo de la plata que, llegado el caso, cobraran los Eskenazi fuera a Repsol, aquel acuerdo se anularía y el dinero pagado por Cristina Kirchner debería volver a las arcas de la Argentina. La expertise que deslumbró a Brufau es más eficiente en el "mercado regulado" de Comodoro Py. Los Eskenazi han logrado que no se los investigue durante años. El juez Ariel Lijo ayer hizo trascender, orgulloso, que comenzará las pericias para desentrañar si hubo delito en la adquisición del 25% de YPF. Es por una denuncia que la infatigable Elisa Carrió realizó hace 12 años. En aquel tiempo, esa impresentable "donación" interesó a pocos dirigentes. Entre ellos, estuvieron, además de Carrió, Eduardo Amadeo, Pino Solanas, Lidia "Pinky" Satragno y Federico Pinedo. La misma protección judicial que ofreció Lijo parece corroborarse en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. Versiones tan confiables como insistentes afirman que el financista Ernesto Clarens y el constructor Juan Chediack mencionaron a los Eskenazi como los principales administradores del dinero negro del kirchnerismo. Pero que en el juzgado les indicaron que debían abstenerse de esa confesión si querían conseguir la excarcelación. Chediack se lo habría informado a Mauricio Macri. El juez Claudio Bonadio fue fotografiado mientras comía con Sebastián Eskenazi en La Pecora Nera. La Cámara Federal habría dado crédito a esas versiones cuando ordenó a Bonadio estudiar a esa familia. La presunción de que la causa de los cuadernos pueda ser manipulada se agigantó en las últimas semanas. Colaboradores inmediatos de la señora de Kirchner prestan atención a la demora del juez en convalidar el testimonio del exministro santacruceño Juan Manuel Campillo. Creen que Campillo estaría siendo forzado a formular acusaciones artificiales. Les inquieta la proximidad al expediente del abogado Santiago Blanco Bermúdez, defensor del tenebroso Antonio Stiuso. Y un dato ínfimo: que Campillo estaría involucrando a Isidro Bounine, quien fue secretario de la expresidenta. Varios exfuncionarios de Cristina Kirchner están convencidos de que, cuando todavía estaba en el gobierno, Bounine actuaba como informante de Larcher y de Stiuso. En el Instituto Patria se hacen esta pregunta: ¿seguirá todavía a las órdenes del espía jubilado? Y esta otra: ¿tendrán algo que ver con la investigación de Bonadio las empresas constructoras del propio Stiuso? Como suele suceder en los divorcios, el conflicto del kirchnerismo con Stiuso se ha vuelto interminable.
