No habrá telegramas ni camionetas retirando sobres lacrados de las escuelas. El Gobierno ya comenzó las gestiones y los contratos para realizar un escrutinio distinto en los comicios presidenciales que se disputarán este año. El ánimo del oficialismo es que cada colegio se convierta en un centro de transmisión de datos para agilizar los tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el país. Los funcionarios ya le presentaron la propuesta a la Justicia Electoral y aún deben comunicarle el proyecto al resto de los partidos políticos. Pero los primeros trámites y contrataciones para modificar el mecanismo del escrutinio provisorio -el que brinda los resultados la noche de las elecciones- ya están en marcha, según pudo conocer LA NACION de fuentes de los ministerios del Interior y de Modernización y de la empresa Correo Argentino. Mauricio Macri siempre quiso cambiar el sistema de votación. Su proyecto inicial de reforma política incluía la boleta electrónica para que el votante elija a su candidato utilizando una máquina, igual a la que se usa en la Capital. Pero esa iniciativa fracasó a fines de 2016 por la resistencia del peronismo en el Senado. Sin poder digitalizar el voto, el Gobierno ahora busca introducir un nuevo software para la transmisión de los datos. Hasta ahora, culminados los comicios, las autoridades de mesa debían contar los votos y confeccionar un acta. Esos documentos viajaban en camionetas a los llamados centros de transmisión electoral, unos 400 locales del Correo Argentino donde se escaneaban los telegramas y se transmitían las imágenes a un centro de cómputos. El Gobierno ahora prepara un escrutinio para que cada escuela funcione como un centro de transmisión. Para ello, ya se firmó un convenio entre la Dirección Nacional Electoral (DINE) y el Ministerio de Educación para tomar en préstamo 15.000 netbooks del programa Educ. Ar e igual número de equipos multifunción para así poder escanear y fotocopiar las actas dentro de cada una de las instituciones educativas elegidas como puntos de votación. "El nuevo sistema tendrá varias ventajas porque habrá un escrutinio más rápido, los fiscales estarán presentes al momento de la transmisión y la carga será más homogénea", justificó el titular de la DINE, Adrián Pérez, en diálogo con LA NACION. Cuando habla de "homogeneizar la carga", el Gobierno se refiere a evitar que, por cuestiones de logística, los datos de las ciudades se carguen mucho antes que los que provienen de zonas rurales. Eso, en 2015 y en 2017, se tradujo en que Cambiemos, como favorito en los centros urbanos, inició la noche del escrutinio sacando una ventaja amplia que después se achicó sustancialmente con el paso de las horas. Y en un escenario de ballottage, esos márgenes son mucho más sensibles. Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno ya avanzó con varios pasos para cambiar la modalidad del escrutinio. En primer lugar, a fines del año pasado el Ministerio del Interior contrató de forma directa al Correo Argentino (Corasa) -una sociedad del Estado que está bajo la órbita de la Secretaría de Modernización que conduce el vicefeje de Gabinete, Andrés Ibarra- para la realización del escrutinio. El Correo Argentino, a su vez, ya lanzó la licitación para contratar un software que permita la transmisión digital de las actas de votación en todas las escuelas del país. Ya se presentaron varias empresas de capital extranjero especializadas. Además del software, se deberá invertir en seguridad informática. Por último, desde Modernización trabajan con la empresa estatal Arsat para garantizar que todas las escuelas tengan buena conectividad. Según información a la que tuvo acceso LA NACION, se espera que todo el escrutinio le demande al Estado entre $4000 y $5000 millones. En las presidenciales de 2015, señalaron fuentes oficiales, el escrutinio había costado unos $3800 millones. "Ajustado por inflación, un comicio como el de 2015 hoy saldría unos $7000 millones. Este sistema es más barato porque si bien se invierte en software, hay un ahorro en logística", señalaron los mismos voceros. Pérez dijo que la decisión del cambio "es potestad del Poder Ejecutivo", pero aseguró que "se definió en diálogo con la Justicia Electoral". Según pudo saber LA NACION, algunos jueces del interior del país pusieron reparos ante la pérdida de telegramas y por la custodia de las urnas.
