La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer a la Justicia que declare la nulidad del sobreseimiento de Ricardo Echegaray, al considerar que esa decisión judicial se basó en mentiras urdidas por funcionarios de la AFIP para proteger a quien por entonces lideraba ese organismo. La UIF considera que el entonces juez federal Norberto Oyarbide firmó el sobreseimiento de Echegaray el 3 de diciembre de 2015 -una semana antes del final de la gestión kirchnerista- basado en un engaño o que el magistrado fue cómplice de la maniobra delictual y que, en ambos casos, su decisión sería nula por "cosa juzgada írrita" o fraudulenta. "La resolución impugnada que pretendió poner fin al pleito adolece de serios vicios que provocan su nulidad absoluta y, por ende, impiden que pueda esgrimirse como cosa juzgada. Ya sea por haber sido inducido a error el entonces juez actuante o bien por haber actuado con mala fe procesal", afirmó la UIF en su presentación, que lleva la firma de su titular, Mariano Federici. Ahora, el juez federal Sebastián Casanello deberá evaluar los pasos a seguir, ya que decretar la "cosa juzgada írrita" podría fijar un precedente de consecuencias imprevisibles en los tribunales que podría aplicarse luego a otras investigaciones, más sensibles y controversiales, sobre el kirchnerismo y gobiernos anteriores. En esa línea, la UIF apuntó a uno de los eslabones más oscuros del kirchnerismo, Lázaro Báez, y su relación con la Casa Rosada en la última década. Expuso que el presunto testaferro de los Kirchner operó con facturas truchas por montos multimillonarios durante años -que pudo utilizar para maniobras de lavado de activos- y para eso contó con la presunta cobertura de Echegaray, quien afrontó una denuncia penal por encubrimiento. Basados en una investigación de LA NACION, los entonces diputados Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo denunciaron a Echegaray por "entorpecer o paralizar las investigaciones que sus dependientes de la AFIP realizaban respecto de las empresas de Báez", que acumulaban facturas truchas de tres grupos de empresas de Bahía Blanca. Los legisladores radicaron su denuncia en octubre de 2014, pero Oyarbide sostuvo que era "imprecisa" y sobreseyó a Echegaray, basado en los informes que recibió de la AFIP, la Anses y la Inspección General de Justicia (IGJ). "No es un dato menor que esos organismos fueran manejados por funcionarios ligados al gobierno de Cristina Kirchner", planteó la UIF, que remarcó "el tiempo acotado transcurrido desde que se iniciaron las actuaciones y se dictó el sobreseimiento". Echegaray siempre negó cualquier intento de proteger a Báez y consideró que el fallo de Oyarbide lo reivindicaba. "Si ahora se necesita un chivo expiatorio para justificar el delito precedente al lavado (contra el dueño de Austral Construcciones), ello no puede hacerse a costa de la vulneración de garantías esenciales del debido proceso legal", sostuvo su abogado defensor, León Arslanian. Ayer, sin embargo, la UIF apoyó su pedido en la declaración testimonial del actual subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Jaime Mecikovsky, quien alertó en un informe que envió a la Justicia que las acciones de la AFIP cuando debía investigar a Báez fueron "incorrectas y parciales", por lo que se envió "información falaz al juzgado".
