La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta por una presunta manipulación de la licitación de las obras del Paseo del Bajo para beneficiar a Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra que luego pasó a manos de Marcelo Mindlin. La denuncia recayó por sorteo en las manos del juez federal Sebastián Casanello , quien delegó el expediente en el fiscal en turno, Carlos Stornelli , y determinará los primeros pasos; entre ellos, si convoca a la PIA para colaborar en la investigación. El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, basó su denuncia en un informe de la Auditoría General porteña, que estimó que existen indicios de supuestas "anomalías" y presuntos delitos para la "adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo a la empresa Iecsa" en su unión transitoria con la firma Fontana Nicastro SA. Según la Auditoría y, luego, la Procuraduría, la supuesta manipulación del proyecto provocó que Iecsa resultara la adjudicataria del llamado "tramo C" del proyecto, con un presupuesto de $4480 millones, para la construcción de una trinchera profunda desde la avenida Córdoba que se eleva de manera paulatina hasta llegar a las inmediaciones del edificio de la Casa de Moneda. En ese contexto, la denuncia menciona al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich ; al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, al presidente y la jefa de Compras de Autopistas Urbanas SA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos, "y demás funcionarios públicos y particulares que resultaren responsables". Férreo impulsor del proyecto, Rodríguez Larreta considera que el Paseo del Bajo facilitará la circulación vehicular "norte-sur y sur-norte en la Ciudad", como así también le permitirá a más de 134.000 vecinos "ganar muchísimo tiempo", además de generar unos 60.000 metros cuadrados de espacios verdes en toda la zona. Basado en el informe de la auditora general porteña, la kirchnerista Cecilia Segura Rattagan, sin embargo, la PIA resumió cuáles serían las observaciones principales al proyecto por el cual pujaron los consorcios Iecsa - Fontana Nicastro; Corsan - Corviam; Roggio - Cartellone - Soletanche Bachy; y Chediack - Salina Impregilo - Iglys: * "Haber alterado la normativa aplicable" para que el adjudicatario de un tramo no pudiera ganar otro tramo del mismo proyecto, aunque presentara la mejor oferta, "sin soporte racional de ninguna naturaleza", lo que provocó "la eliminación de (la competidora que ya había ganado un tramo) Corsan-Corviam en la adjudicación del tramo más caro, que fue ganado, de esta forma irregular, por Iecsa". * "Haberse producido un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado, en tanto el procedimiento indebido denunciado, habría implicado la no selección de las ofertas económicas más convenientes", cuando ya había trascendido "que Corsan Corviam había planteado ofertas a la baja, podría decirse, para asegurarse un contrato de Obra Pública que le permitiera hacer frente a su, en ese momento, crítica situación financiera". * El delicado panorama de Corsan, a su vez, suscitó otra irregularidad por "el no acatamiento a lo indicado en un dictamen de la Procuración General de la Ciudad" que ordenó verificar, antes adjudicar, "la capacidad técnica y económica del contratista para cumplir con las obligaciones". De haberlo hecho, según la denuncia, se habría descartado a Corsan para el tramo más económico y se hubiera seleccionado a Iecsa, que a su vez habría quedado excluida del tramo más caro. * En esa línea, "pocos meses después Isolux-Corsan se declaró en quiebra, se rescindió el contrato y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió la administración de la obra, cuyo nuevo costo también se solicita que se investigue". A estas primeras observaciones se sumaron otras, como la "alteración sustancial de la licitación", ya en pleno desarrollo y mediante circulares "inconsultas", que al decir de la Auditoría porteña y de la Procuraduría "ponen a la vista una maniobra burda e insólita, sospechosa 'per se'". Todo esto llevó , según la PIA, a un contrasentido: "De repente, los cuatro contendientes que aspiraban al premio mayor, (el tramo) presupuestado en 4480 millones de pesos, competían entre sí para ver quién quedaba eliminado de esa chance, antes de empezar". No solo eso. Para la PIA fue llamativo el silencio de los competidores, salvo Corsan, cuando se modificaron las reglas licitatorias: "Ninguno de (los consorcios) hizo siquiera un atisbo de presentar una impugnación, una queja, un reclamo o una protesta frente a los cambios y recambios operados en el procedimiento". Acaso eso se deba, remarcó la PIA, con empresas en los cuatro consorcios involucradas luego en la pesquisa basada en "los cuadernos de la corrupción", a la "inercia conductual" de empresas acostumbradas a cartelizarse.
