El oficialismo porteño logró uno de sus viejos anhelos, muchas veces postergado por no reunir los votos necesarios en la Legislatura y otras tantas por no conseguir el aval de los legisladores de la oposición para, ni siquiera, someter el proyecto de ley en el recinto. Esta tarde el bloque de Vamos Juntos pudo cumplir el deseo del Ejecutivo y prohibir la actividad de los trapitos y los limpiavidrios mediante una reforma al Código Contravencional. Con penas más duras, sobre todo en los casos en los que se comprueba una organización que funcione en las inmediaciones de los estadios de fútbol o en eventos masivos, el Gobierno porteño tendrá la herramienta a mano para limpiar la calle de cuidacoches y de limpiavidrios. Desde 2011, cuando el entonces jefe porteño, Mauricio Macri, vetó una ley que regulaba la actividad de los trapitos, impulsada por el kirchnerismo, se consumieron horas de debate infructuosa para encontrar una alternativa que ponga orden en la vía pública y que afecta a muchos vecinos. Con la actual reglamentación, la denuncia a los cuidacoches debe estar acompañada por el aval de testigos que puedan certificar la exigencia de dinero. Los cambios plantean una prohibición total de la actividad, lo que habilitará a las fuerzas policiales a actuar sin denuncia; es decir, si detectan a una persona en infracción podrán labrarle una multa cuyos valores también aumentaron. Hoy la sanción para "quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos sin autorización legal" es de $400 a $2000; tras la reforma, la sanción será de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 150 a 1500 Unidades Fijas (UF); como cada UF tiene un valor de $17,85, irán de $2677 a $26.775. Las sanciones son más graves cuando se comprueba la participación de una agrupación. "Cuando exista organización previa la sanción para los partícipes es de cinco a 15 días de arresto y se eleva al cuádruple para los jefes o los coordinadores", destaca el proyecto. Este concepto, tomado de un proyecto del diputado socialista, Roy Cortina, exceptúa del arresto a las personas que realizan la actividad en forma independiente. En caso de que la falta ocurra en un radio de hasta 30 cuadras de donde esté programado un evento masivo, como un partido de fútbol o recital, las sanciones se endurecen si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, con multas de entre 5000 y 10.000 UF (de $89.250 a $178.500). Las mismas multas y penas se aplicarán para el caso de los limpiavidrios en infracción. La modificación del artículo 84 del Código Contravencional, que regula el uso del espacio público, fue la puerta que abrió la prohibición de los cuidacoches y los limpiavidrios. "Se trata de una actividad ilegal que se observa a diario en Buenos Aires. Su ejercicio va en desmedro del ciudadano que desea estacionar su vehículo en un lugar público en el que no existe obligación alguna de abonar", argumenta la iniciativa. Y agrega: "(. . . ) este tipo de actividad prohibida adquiere mayor relevancia cuando la damnificada es una mujer. El hecho de requerir dinero u ofrecer el cuidado del vehículo puede transformarse en una intimidación o extorsión". La ley también agrega un apartado para los casos que se compruebe connivencia policial. "El/la funcionario/a policial que consienta u omita disuadir o perseguir las contravenciones previstas en los artículos 84 y 84 bis (cuidacoches y limpiavidrios) deberá enfrentar un sumario administrativo. Si se comprueba su responsabilidad, será sancionado/a disciplinariamente con su exoneración", dice el texto aprobado por la mayoría. Las horas previas al último debate del año en la Legislatura porteña transcurrieron con intensas negociaciones porque el oficialismo no llegaba a contabilizar los 31 votos necesarios (la mitad más uno) para aprobar la ley. Lo que a principios de esta semana aparecía como un triunfo seguro del bloque oficialista Vamos Juntos, y en rigor, del Gobierno, tuvo ayer horas de incertidumbre. Los 34 integrantes del bloque oficialista no fueron suficientes para garantizar la sanción de este proyecto. La negociación actual tuvo dos actores claves: la Coalición Cívica (que forma parte del frente Vamos Juntos) y el Partido Socialista. La Coalición Cívica, que aporta cuatro integrantes al bloque Vamos Juntos, decidió apoyar en general la reforma del Código Contravencional, pero no la discusión particular de los artículos 84 y 84bis, los que se refieren a la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, por lo que se caería la prohibición de trapitos y limpiavidrios. Maximiliano Ferraro, Hernán Reyes, María Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani decidieron mostrar su postura política y no apoyar la propuesta. Pero el socialismo, con Roy Cortina y Hernán Arce, sí aportó sus votos para que el oficialismo llegue a 32 y supere la mayoría simple necesaria.
