Seis años y diez meses después del estallido del escándalo, el caso Ciccone golpeó otra vez. El juez federal Ariel Lijo procesó ayer al banquero Jorge Brito y al extitular de la AFIP , Ricardo Echegaray , tras considerarlos partícipes en las maniobras delictivas que le permitieron al entonces ministro de Economía, Amado Boudou , quedarse con la imprenta Ciccone Calcográfica. Lijo procesó además a la extitular de la Casa de Moneda Katya Daura, a dos íntimos colaboradores de Brito -Francisco Sguera y Máximo Lanusse-, y a dos amigos de Boudou -Jorge Enrique Capirone y Sergio Gustavo Martínez-. Concluyó que todos ellos colaboraron con las negociaciones incompatibles con la función pública que lideró Boudou. No se pronunció, en cambio, sobre la situación del gobernador de Formosa , Gildo Insfrán . Por el contrario, Lijo dispuso el sobreseimiento de tres miembros de la familia Ciccone -Silvia y Bettina Ciccone y Pablo Amato-, como así también de diversos exfuncionarios de la AFIP, como Rubén Ángel Toninelli, Pablo Aguilera, Guillermo Cabezas Fernández, y Celeste Ballesteros. En un fallo de 530 páginas, Lijo consideró válida la confesión del abogado devenido "arrepentido", Alejandro Vandebroele, quien hace casi trece meses relató cuál fue el rol decisivo que asumió Brito para el desembarco de la ignota sociedad The Old Fund en la imprenta a cargo de imprimir millones de billetes de 100 pesos en la Argentina. Vandenbroele fue más lejos. También detalló que tanto Brito como su abogado Francisco Sguera se encargaron de pagarle por su silencio durante meses, cuando ya había estallado el escándalo, lo que pudo interpretarse como obstrucción de Justicia y derivar en la prisión preventiva del banquero, como había pedido el fiscal del caso, Jorge Di Lello. Lijo procesó a Brito pero, sin embargo, no avanzó sobre la libertad individual del banquero, quien pidió licencia al frente del Banco Macro poco después de que Vandenbroele decidiera convertirse en "imputado colaborador". Para el magistrado, el peritaje contable que dispuso en el expediente no logró demostrar que el fondeo de dinero para The Old Fund no provenía de Raúl Moneta -quien así lo declaró en el expediente-, sino de Brito. Pero sí consideró probado que el dueño del Macro intervino en el gerenciamiento de la nueva Ciccone Calcográfica, de la mano de Máximo Lanusse, un exgerente de su banco que asumió como número dos de la imprenta, y de Sguera, su letrado de íntima confianza. En la misma senda, Lijo también preservó al Banco Macro como entidad. En su resolución estimó que el involucramiento de Brito pareció ser "más un aporte de tipo personal, por la relación que mantenía con Amado Boudou", que de carácter institucional, según explicaron fuentes tribunalicias. Por su parte, Echegaray, terminó procesado ayer en el "caso Ciccone" porque el juez entendió que resultó funcional a los deseos de Boudou destinados a levantar el pedido de quiebra que pesaba sobre Ciccone a cambio de quedarse con el 70 % de las acciones de la empresa. La participación de Echegaray resultó decisiva mientras la familia Ciccone pugnaba por evitar el colapso final de la imprenta e intentaba diversas medidas desesperadas para mantenerla a flote. En ese momento, el entonces titular de la AFIP se presentó en el Juzgado donde se tramitaba el concurso y de manera personal pidió la quiebra de la compañía por su deuda tributaria. Pocas semanas después, cuando Vandenbroele ya había tomado el control de la ex-Ciccone a través de The Old Fund, Echegaray volvió sobre sus pasos y solicitó al Juzgado que revirtiera la quiebra, solicitud que el juez que tramitaba el expediente definió como "cuanto menos llamativa". Junto a Brito y Echegaray, en tanto, también terminaron procesados en esta segunda etapa del caso Ciccone la entonces titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, acusada de delinquir para cumplir los deseos de Boudou en su desembarco detrás de Ciccone, y dos allegados al exvicepresidente de sus tiempos en Mar del Plata. ¿Quiénes son ellos? El primero de ellos fue Jorge Enrique Capirone, un abogado y contador marplatense que en los 90 fue jefe de Boudou en la firma recolectora de residuos Ecoplata, en la que figuró como socio de José María Núñez Carmona , el íntimo amigo de "Aimé" que también terminó condenado a prisión por el caso Ciccone. Quince años después, Capirone apareció como el primer ejecutivo que desembarcó en la imprenta, junto a Vandenbroele. El otro allegado a Boudou que procesó ayer el juez Lijo es Sergio Gustavo Martínez, quien pasó de controlar Papakea, un local de comidas rápidas en Mar del Plata al que iban Boudou y Núñez Carmona, a vivir en Estados Unidos, donde terminó detenido por falsificar tarjetas de crédito, según reveló la nacion. Prófugo de la Justicia de Estados Unidos, Martínez retornó a la Argentina, donde se contactó otra vez con Núñez Carmona y terminó como el primer accionista minoritario de The Old Fund. No solo eso. También figuró en Beaver Cheek, otra de las sociedades comerciales que montaron Boudou y Núñez Carmona. Gildo Insfrán, gobernador de Formosa Jorge Brito, dueño del Banco Macro Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP
