La Justicia descubrió una nueva “Ruta del del Dinero K”. Este otro camino, como otros vinculados a la fuga de divisas de origen tal vez ilegal hacia rumbos para blanquear esos fondos bajo sospecha, también tiene entre sus protagonistas al socio de la familia Kirchner, el constructor preso Lázaro Báez Pero esta investigación suma novedades. El titular de la fiscalía federal 11, Gerardo Pollicita pidió la declaración indagatoria del financista Ernesto Clarens, confeso en otro expediente como cobrador de millones de pesos provenientes de sobornos en pagos por empresarios por empresarios también confesos de cometer este delito. Pollicita le elevó al juez Julián Ercolini un dictamen en el que pide que se abra una nueva causa generada por notables nuevos descubrimientos de lo que ya parecía estar agotado. Sí, hay más senderos financieros de millones estatales que beneficiaron al empresario de la construcción Báez que se bifurcan en todavía más métodos para lavar divisas. Recibir newsletter Métodos novedosos en una trama donde siempre emerge un nuevo camino en el que corrió dinero. No son caminos asfaltados para vehículos, como los que debió terminar Lázaro porque los cobró. Son caminos siempre intangibles y complejos, aunque no por eso indetectables de maniobras típicas pero cada vez más sofisticadas de quienes suelen ocultar sus ganancias. En este caso, además, el ocultamiento, incluye caminos que esta vez involucran al organismo que debía controlar la veracidad y recaudar el pago de impuestos de proveedores de Báez, y que según Pollicita y su equipo, terminaban siendo perdonados por quien la autoridad que debió su verdugo y no su cómplice, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al mando, durante años en los que se basa esta pesquisa, de Ricardo Echegaray. Según Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, “el amigo presidencial” (así llama a Báez) habría “implementado entre los años 2005 y 2009” una “maniobra criminal” por la que “se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de un parte importante de ese dinero (los multi millones que el Estado K le entregó a Báez) a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”. Pollicita calculó que Báez, con la ayuda de Clarens y el resto de los imputados, habría lavado mediante esta nueva Ruta del Dinero K, al menos ciento sesenta millones de dólares, “los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”. Allí desarrolla con pluma clara, y facsímiles de 2003 cheques originales secuestrados en diferentes allanamientos al Banco de Santa Cruz y al Banco Macro. Y también gráficos explicativos. El fiscal y la AFIP de la actual gestión muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas truchas de empresas truchas para desviar fondos; algo que también habrían hecho con facturas truchas de proveedores que existen pero desconocieron haber trabajado para él, para desviar esas millonadas hacia una decenas de financieras que cobraban y devolvían en efectivo los montos de cheques endosados por compañías de Báez. Pollicita explica que el “modus operandi” de esta nueva maniobra de más lavado de activos del holding Báez consistía en “la ficción de costos inexistentes en las obras públicas. El desvío de los fondos sustraídos del estado nacional de Austral Construcciones hacia Gotti (otra constructora satélite bajo su control) permitía alejar ese dinero en apariencia de Lázaro Báez, si no que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos `costos` -reflejados en facturas apócrifas- entre millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras”. El fiscal continúa redactando el resumen de las operaciones así: “La empresa Gotti no solamente era conveniente para su uso en la maniobra (N de la R: de lavado de activos) por las razones expuestas, si no que además tenía una característica muy particular que la hacía funcional al plan criminal: había cedido sus cobranzas y sus pagos a una tercera personas, Invernes SA, controlada por el financista Ernesto Clarens. En definitiva, con esto habría de obtenerse otra interposición en el curso de los fondos y un paso más en el distanciamiento de su origen, toda vez que los respectivos cheques que estaban destinados a cancelar esas facturas apócrifas, no serían girados ni contra Austral Construcciones, ni contra cuentas de Gotti, si no contra las cuentas de Invernes, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía, por entonces, sospecha alguna”. Pollicita incluyó en su nuevo dictamen, el listado de todas las proveedores inexistentes, que serían alrededor de un centenar. La AFIP de la gestión K ayudó a esas compañías “cáscara” de un modo sistemático: las “resucitaba” las empresas “truchas” de Lázaro, debido a que postergaba cualquier sanción a esas sociedades fantasmas, incluyéndolas en generosas y muy uniformes moratorias fiscales. Esas firmas inexistentes lograron una muy efectiva selección del organismo recaudador: absolutamente todas entraron en planes de pago de impuestos. Todas es todas. El papel del ex titular de la AFIP K, Ricardo Echegaray, en esta historia, recién comienza a investigarse, se desprende por la lógica del dictamen de Pollicita. El fiscal descubrió un proveedor, entre otros, muy particular. Se llama Gustavo Javier Blanco, trabajaba de remisero cobrando 40 pesos diarios por su servicio a Gotti. Blanco, según la documentación que recolectaron las actuales funcionarios de la AFIP, viajó más que su colega Oscar Centeno, protagonista de la causa de los “Cuadernos K”. Ocurre que está probado que la constructora ligada a Báez acopió facturas del “remisero II” por un total de nueve millones de dólares. Un trajinar inverosímil por cualquier ruta, incluso por las K. El fiscal Pollicita señala que “la conversión del dinero en efectivo” que giró en esta historia recién develada, igual que el “canje de cheques” se realizaron “en una proporción muy importante” en una financiera “perteneciente a Ernesto Clarens”, llamada “Cooperativa de Vivienda de Crédito y Consumo (Coficred)”. Llamada hasta el 2006 como Infecred. Clarín pudo saber que Clarens admite que su financiera Coficred sí canjeó cheques por efectivo de estas maniobras. Pero declara no saber cuál era el origen de esos cheques. En otras causas judiciales, Clarens declaró que vendió Invernes pasado el año 2005. Del dictamen de Pollicita se desprende que el fiscal no cree que eso haya pasado formal e informal. Esta nueva causa, que se desprende de lo investigado por el fiscal y el juez Julián Ercolini en el expediente “madre” de la obra pública de Báez que cobró vía Vialidad Nacional, y que alcanzó un monto actualizado de 46 mil millones de pesos, podría generar un impacto aun más negativo en el entorno de quienes conocen los secretos de los negocios del socio de los Kirchner. Ocurre que Pollicita solicitó a Ercolini que, además de Clarens, sean indagados contadores del Grupo Báez, como César Andés; parte de la familia Gotti, fundadora de la empresa que lleva su apellido; de la ex esposa de otro contador de Lázaro, Andrea Cantín; de un socio de Clarens, un personaje clave llamado Carlos Di Gianni; y otros empleados y apoderados de los Kirchner. También el Ministerio Público pide de modo “urgente” la inhibición de bienes de los ya inhibidos bienes de Báez en otras causas anteriores; y de otras empresas y de la financiera de Clarens. Además del “bloqueo” del acceso a las cajas de seguridad que “registrasen las personas físicas y jurídicas señaladas, junto al levantamiento del secreto fiscal y bancario de ellos”. Otra singularidad más en esta larga trama del otro posible delito lavado K: entre los proveedores bajo sospecha de los investigadores se encuentra hasta la “Mutual de Panaderos Unidos 3er Milenio”. Si sus facturas contables, y no las comestibles, fueran ciertas, entonces habrían alimentos farináceos al holding Báez-Gotti-Invernes por 76 millones de pesos. Todo puede haber pasado en historias patagónicas. Las “Rutas del Dinero K” (quizás ya es momento de promoverlas hacia una escala de la construcción, la de “Autopistas del Dinero K) se alargaron y desmarañan de modo tan acelerado y evidente que todas sus salidas empiezan a terminar, finalmente, en una única dirección. La calle Comodoro Py 2002, Retiro, Buenos Aires. Es la sede de los tribunales federales donde se investiga la corrupción.
