Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron este miércoles el procesamiento con prisión preventiva del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, al apelar la decisión del juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga la trama de corrupción durante el kirchnerismo. La medida alcanza también al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina. Bonadio había procesado el martes pasado al empresario como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos. Recibir newsletter Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela. En la misma investigación, conocida como la de los cuadernos de las coimas, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. En su resolución, el magistrado también decidió procesar a Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda, entre otros, y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas, contra Roberto Baratta por el mismo delito y el de otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez. El CEO de Techint tuvo que declarar por primera vez como imputado en una causa de corrupción, que la semana pasada devino en su primer procesamiento en la justicia federal. La sede de la firma figuraba como uno de los puntos de encuentro para el pago de sobornos que registró el entonces chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Para Bonadio, se pudo determinar "la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades" del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, quienes "diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". Para que esta maniobra se concretara, indicó el magistrado, fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. "La recaudación funcionaba en el ámbito del citado ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y transporte", cada una con una "forma establecida y personas encargadas" para el cobro de las coimas. Los representantes del Ministerio público fiscal coincidieron con el juez Bonadio, quien sostuvo que en esta causa, existieron “prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada". En este marco se entendió que para perpetrar dichas acciones, fue indispensable “la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar". Por ello, Stornelli y Rívolo entienden que corresponde que el procesamiento de Rocca “debe ser con prisión preventiva”. Los fiscales también solicitaron que el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda tengan prisión preventiva, pues "convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". En su resolución, el juez Bonadio ya había recordado también que entre las empresas que pagaban los sobornos se encontraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta. La citación a indagatoria de Rocca se originó después de que se incorporara nueva documentación al expediente, en el que la empresa se encuentra referenciada en las anotaciones Centeno; en la declaración como "arrepentido" del ex directivo de la compañía Zabaleta; y en la indagatoria de Betnaza, actual integrante de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a ex funcionarios kirchneristas.
