El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K y ordenó una serie de medidas de pruebas antes de tomar una decisión final sobre la ex presidenta, entre ellas, dilucidar quién es el verdadero dueño de la empresa fantasma Aldyne registrada en las islas Seycheles. Luego de que la Cámara Federal le ordenara indagar a la ex presidenta, Casanello decidió tomar esa decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento y tras una fuerte pulseada con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici quien desde hace dos años pedía la indagatoria. Sucede que el juicio oral por la ruta del dinero K contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros 20 imputados comenzó hace dos semanas pero sin Cristina. Ahora seguramente, la UIF y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, seguramente apelarán la decisión de Casanello y pedirán su procesamiento por entender que el lavado de esos 60 millones de dólares de Báez fue parte de un circuito que empezó con el otorgamiento de 3 mil millones de dólares en obras públicas al empresario santacruceño quien luego le pagaba “alquileres” por sus hoteles a los Kirchner. En cambio, para Casanello “no hay una prueba directa” que comprometa a Cristina. Si la situación de la ex presidenta se resuelve rápidamente y eventualmente es procesada podrá sumarse al juicio oral. De lo contrario, en todo caso habría que esperar un segundo juicio oral por el mismo caso. Más allá de la ausencia de Cristina en el juicio oral que ya comenzó, es realmente significativo que el financista Ernesto Clarens -confeso lavador de plata negra de Báez- no esté en ese proceso. En su resolución de 33 páginas, el juez dijo que el razonamiento basado “la atribución de graves complicidades en otros procesos judiciales, debe ser seriamente atendido sobre todo frente a la subsistencia de puntos oscuros en una materia cuya característica principal es la complejidad”, en alusión a la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. La discusión “es si su participación se extendió también a las puntuales maniobras de lavado que forman parte del objeto procesal” y por ello que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio”. Recordó que “hay un viejo aforismo romano que dice que del hecho surge el derecho –ex facto oritur ius-” y afirmó que “de allí la necesidad de colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos”. “De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo. Las consideraciones volcadas obligan a la asunción de un criterio expectante respecto de Cristina Fernández de Kirchner”, añadió. Aclaró que se decisión no significa “la clausura de la investigación en absoluto, sino advertir que debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida”. Por estas razones, en este contexto "es necesario agotar todas las diligencias relacionadas con la firma Aldyne Ltd. ubicada en las islas Seychelles donde Cristina hizo una polémica escala técnica en el 2013 al regresar de una gira por Vietnam y otros países. Los nombres de los beneficiarios finales de esta empresa fantasma Jorge Galitis y Edgardo Levita fueron revelados en el 2014 en exclusiva por Clarín. En un exhorto internacional el gobierno de Seycheles informó también que esa firma fue creada Mossack Fonseca en el estado de Nevada a pedido de Helvetic Services Group del argentino Néstor Ramos, prófugo en la causa desde hace casi dos años. 2 de las 124 empresas que Aldyne administraba en Nevada, Eyden Group y Huston Managment resultarían ser propiedad de Helvetic Services Group, que fuera utilizada también por Lázaro Báez para adquirir SGI “La Rosadita” y abrir cuentas en Suiza. “Toda esta estructura destinada al refugio de capitales de origen espurio es utilizada por una innumerable cantidad de personas de distintos países, probablemente clientes del estudio Mossack Fonseca, por lo que allí confluirían activos de distintos individuos sin conexión entre sí. Por ese motivo siempre se le ha solicitado a la UIF que en sus informes de inteligencia identificase la relación de la información que aporta con Lázaro Antonio Báez”, agregó en otra alusión a su pulseada con Federici. Pero ahora “para dilucidar la responsabilidad penal de Cristina Fernández, debe insistirse en esta línea de investigación. No puede perderse de vista el posible ocultamiento de la información originada en el proceso de discovery, demanda entablada por los holdouts en la jurisdicción de Nevada, al cual distintas entidades financieras aportaron, valga la redundancia, información relacionada a esas 124 sociedades, entre otras personas físicas y jurídicas”. Cristina fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan después de la declaración brindada por Leonardo Fariña el 8 de abril de 2016 en carácter de imputado colaborador. El dictamen “no esboza una hipótesis criminal acerca de su participación en los hechos de lavado de dinero de esta causa, sino que reproduce las alusiones realizadas por Fariña”, añadió el juez. Entonces, ordenó retirar un exhorto a EE. UU para que “se recabe toda la información relacionada a las firmas mencionadas en los fundamentos, en especial de Aldyne”. Reiterar a la UIF que “realice las tareas de inteligencias propias que le confiere la ley -y mediante el intercambio pertinente con sus pares extranjeros-, y confeccione un amplio informe completo de las empresas offshore mencionadas -en especial Aldyne ltd-”. Casanello también dispuso “profundizar la investigación sobre las cuevas financieras locales a los fines de conocer quiénes participaron y cuáles eran los intereses detrás de la expatriación”. Más adelante, Casanello sostuvo que “el análisis de las evidencias indica que Lázaro Báez inició los movimientos para remitir al exterior dinero corrupto –y ennegrecido- inmediatamente después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner (octubre de 2010), a través del armado de una nueva estructura -aparentemente paralela a la comprobada en las otras causas del fuero designando para ello a gestores propios”. Para el juez el testamento que firmó Báez tenía “como objetivo blindar el patrimonio. con el presunto objetivo de incluir a los hijos en el reparto de dividendos de la sociedad mientras Lázaro Báez continuaba con su administración”. Hasta mediados de año, Casanello y el titular de la Unidad de Información Financiera, mantuvieron una fuerte pelea en la causa por la ruta del dinero K que decidirá el futuro judicial de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner. El desenlace de este enfrentamiento jurídico definirá cómo la ex mandataria será juzgado en sus juicios orales. Cristina está procesada por otros jueces como jefa de una asociación ilícita en las causas del direccionamiento de 3 mil millones de dólares en carácter de obra pública a favor de Lázaro Báez y en Los Sauces, entre otras. Para el organismo antilavado, estas cuatro causas constituyen "una sola maniobra" para robarle plata al estado con obras públicas de Báez pagadas con sobreprecios o sin terminar. Parte de esta plata luego Báez la pagaba en concepto de “alquileres” falsos de los hoteles a los Kirchner y finalmente, Báez sacó, por lo menos, 60 millones de dólares que depositó y luego repatrió de Suiza con la intención de incorporarlos como dinero blanco al sistema. La UIF sostiene que “el 75 por ciento del patrimonio de los Kirchner se explican con los alquileres y otros pagos de Báez”. En cambio, para Casanello sintéticamente el reclamo de la UIF "se basa exclusivamente en el sentido común y no en pruebas que vinculen a Cristina", señaló otra fuente judicial. En cambio para la UIF, basta como demostrar que Báez "es un testaferro de Cristina y sería muy elemental que haya puesta una cuenta a su nombre". Además, Federici en sus escritos sostuvo que desde la AFIP y las procuraciones General de la Nación y del Tesoro se puso en marcha toda una maniobra de encubrimiento de Báez que solo se explica por una orden emitida desde el gobierno.
