El tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un planteo judicial que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados está frenado desde hace semanas en la vocalía del Presidente del máximo tribuna. Se trata del caso Blanco que ya fue analizado por todos los ministros y, según pudo saber Infobae, está retenido por el mismo Carlos Rosenkrantz. El reclamo fue iniciado por Luis Osvaldo Blanco, quien se jubiló en 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco quien debería cobrar una jubilación superior en un 31 % a la que le ofrece la ANSES con la Reparación Histórica. Los jueces ordenaron que se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo y que fijó la ley promovida por el actual Gobierno. En casi en la totalidad de los casos con la aplicación del RIPTE los haberes y retroactivos son inferiores a los que se obtendrían utilizando el otro índice. Los magistrados le habrían solicitado al presidente del Tribunal Carlos Rosenkrantz que se resuelva el caso, pero el expediente continúa en su vocalía. Si la Corte confirma el fallo de la Cámara esto impactaría en más de 150 mil juicios que no tienen sentencia firme por los planteos de la ANSES que provocan un efecto dilatorio en la resolución de los casos. Mientras se demora la decisión sobre un fallo sensible como este, días pasados desde el Gobierno comenzaron a llamar a cada uno de los ministros de la Corte para invitarlos a un almuerzo. El tema de la invitación se trató en la reunión de acuerdo y fue rechazado por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Los magistrados se opusieron porque, por un lado, les llamó la atención la presencia de Rodríguez Simón que no es funcionario y, fundamentalmente, porque la Acordada 7 del año 2004 establece que cuando una parte solicita audiencia con los ministros en ese encuentro tiene que estar también presente la contraparte. Sin embargo, los ministros Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco asistirán a la reunión en la Casa de Gobierno. El Estado Nacional es parte en el caso Blanco que tramita en el máximo tribunal, entre muchas otras causas. Por esta razón, desde su cuenta de Twitter, la abogada Graciana Peñafort anunció que como letrada de la provincia de Santa Cruz, que es contraparte en varios juicios contra el Estado Nacional, va a asistir al mentado almuerzo en virtud de lo establecido por la Acordada 7. En donde no ha podido avanzar el actual Presidente de la Corte es en su intención de nombrar un nuevo administrador de los millonarios fondos que tiene el máximo tribunal. Se comenta en los pasillos del Palacio de la calle Talcahuano que al almuerzo del martes -para no ir con las manos vacías- le llevaría al presidente Macri una propuesta para ampliar el horario de atención de los juzgados. A mediados de octubre, en una decisión tomada en solitario, Rosenkrantz delegó una facultad que es propia de la Presidencia en Elena Highton de Nolasco. El Presidente de la Corte designó a la ministra a cargo del otorgamiento de las licencias a jueces, funcionarios y empleados judiciales. Esa medida, tomada sin consultarla en el acuerdo, fue cuestionada por los otros ministros. Pero aún más sería el hecho que, según fuentes consultadas por Infobae, cuando algunos jueces van a ver a Highton por el tema de las licencias les dicen que "tienen que hablar con Elenita", la hija de la ministra, que está a cargo de la Secretaría de Consumo y no ocupa ningún cargo en la vocalía de su madre. De ser así, habría una delegación de una función propia de la Presidencia a un secretario de Corte. En un área en la que el Presidente de la Corte avanzó con mayor rapidez es en la designación en distintos cargos de gente allegada . Rosenkrantz nombró al novio de su hija en la Dirección de Sistemas de la Corte y a un sobrino en la obra social del máximo tribunal. También designó de manera efectiva a Valentín Thury Cornejo como Secretario de Desarrollo Institucional, con un sueldo de camarista, y a Ariel Neuman como Director de Comunicaciones de la Corte. Thury Cornejo intentó sin éxito imponer un protocolo sobre cómo comunicar las sentencias de la Corte. Según el documento, los ministros debían adelantarles su voto para confeccionar la gacetilla de prensa, algo inédito en la historia del Tribunal y que podría dar lugar a filtraciones del contenido de los fallos antes de estar firmados.
